25
May
10

Sea realista, pida lo imposible: 1.- Educación.

Por Isidro Soloaga

En teoría de contratos, se dice que un contrato es incentive compatible si el diseño del contrato incluye condiciones que hacen que un agente (que implementa acciones para otra persona, el principal), actuando en función de sus propios intereses, también actúe en función de los intereses de aquella persona que la contrató[1]. Ejemplos abundan: las comisiones sobre las ventas que se pagan a un vendedor, la duración de por vida en sus puestos de los jueces (y sus altos salarios relativos al resto de los funcionarios) mientras mantengan su buena conducta, el pago a los jugadores de fútbol de acuerdo a los goles que metan, o a la diferencia de goles a favor en cada partido. Los incentivos buscan eliminar (o disminuir) los problemas de moral hazard que, con origen en una imperfecta capacidad de monitoreo del esfuerzo de  los agentes, abundan en los contratos. En términos simples, un contrato que sea incentive compatible alinea los incentivos del principal (“el que manda”) con los del agente (“el que ejecuta”).

Esto se puede extender al concepto de participación política, de voz, y de demanda de rendición de cuentas. El sistema democrático debería incluir mecanismos diseñados para que el mal o deficiente cumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos sea rápidamente cuestionado de tal manera de mejorar la política pública. Y los incluye sin duda, pero de una manera localizada. Parece obvio que el incumplimiento en la provisión de un determinado servicio público en un área específica de la ciudad sea primero detectado por la población afectada y que sea ésta la que, expresando su voz y su participación política, demande una rectificación, digamos, en la mala provisión de alumbrado o de agua. Pero supongamos que el problema radica en la falta de seguridad por altos niveles de robos.  Esto divide a la población entre aquellos que pueden tener una respuesta privada ante este fenómeno (seguridad privada, gated communities, etc.) y aquellos sin recursos (o deseos) para poder demandar este tipo de protección. Esta división en la población hace que no sea incentive compatible para los que pueden remediar (de alguna manera) en forma privada el problema, el usar recursos y  ejercer la voz para demandar rectificación de la política pública.  Esta segmentación de la población tiene en este caso una clara connotación de desigualdad económica. Aquellos que pueden pagar por servicios adicionales, se protegen. Los que no pueden, siguen dependiendo del (deficiente) servicio de seguridad provisto por el sector público.

Esta situación se extiende a otros órdenes de la vida, en general cualquiera al cual se le pueda agregar el término “público/a” al final: salud pública, seguridad social pública, transporte público, carreteras públicas, y, luego de esta larga introducción, también al orden de la educación pública, el que es tratado con mayor detalle en lo que sigue.

Al permitir que existan la educación pública y la educación privada, con sus actuales características, se permite que para aquella parte de la sociedad con acceso a educación privada (en general la de mayores recursos económicos) simplemente no sea incentive compatible buscar que se mejore la mala calidad en general (absoluta y/o relativa)  que la educación pública provee, sobre todo a niveles de primaria y secundaria.  La voz y la demanda de rendición de cuentas por la mala calidad de la educación queda entonces en manos de aquellos que, por razones de economía política (que se desarrollarán en próximas contribuciones a este blog), tienen menor influencia en las decisiones. Este proceso de división público/privado en la educación se ha acentuado fuertemente en América Latina, incluso en países como Argentina, en los que la educación privada solía ser de pésima calidad y oficiaba más como un método de contención de alumnos con problemas en el sector público.

Muy distinta es la situación en, por ejemplo,  Finlandia, el  país que mejor rendimiento educativo ha demostrado persistentemente desde que existen las pruebas internacionales de aptitudes comparables. La educación primaria y secundaria es SOLO pública. [2] Cool, uh? Por lo tanto, esto induce a que la calidad de la educación sea un problema de la mayoría de la sociedad, incluyendo a aquellos que tienen voz y peso político para demandar/ejecutar políticas públicas.

A nivel de servicios básicos, la división entre la provisión pública y la provisión privada claramente refleja, por un lado, las desigualdades socioeconómicas en nuestros países, pero por otro, la falta de una idea clara de a dónde queremos, como sociedad, ir.

Isidro Soloaga es Doctor en Economía por la Universidad de Maryland. Actualmente labora como profesor – investigador en El Colegio de México.


[1] La definición original de León Hurwicz (premio nobel de economía del 2007, junto con Eric Maskin y Roger Myerson) se refiere al diseño de un mecanismo que implique que la revelación plena de información confiable está en el interés del agente. Ver discusión de Myerson sobre el desarrollo de las ideas de Hurwicz y el contexto histórico de las mismas aquí.

[2] No me queda en claro si en Finlandia también la provisión del servicio es pública. Desde mi punto de vista, lo que importa es que el servicio sea público. La provisión definitiva del mismo puede ser privada. Lo mismo para el caso de salud. Los hospitales deben ser públicos, pero el servicio puede ser provisto por el sector privado.


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