Archive for the 'Invitados' Category

01
Jul
10

Agenda ciudadana. La Academia en tiempos de incertidumbre

Por Lorenzo Meyer

Indicadores de la Crisis. Que las cosas no marchan bien en este país es evidente: la nave está dañada y sin timón. El entorno internacional amenaza con pasar de la recesión a la “depresión larga” (Paul Krugman dixit) y la economía nacional apenas si crece; por eso las oportunidades de empleo son tan escasas como la honestidad de los responsables políticos. Las instituciones, de la presidencia al congreso o a la Suprema Corte, yerran tanto o más que aciertan. México tiene más multimillonarios de nivel mundial que nunca, pero su añeja desigualdad social se perpetúa.

Las cifras de víctimas del crimen organizado y de drogadictos mexicanos jóvenes van en ascenso. En vísperas del mega proceso electoral en 12 estados, es claro que en forma y fondo, la lucha partidista ya devino en un muestrario de prácticas ilegales e ilegítimas que sepultaron el espíritu democrático y, para colmo, en vísperas de esa jornada electoral el crimen organizado asesina a plena luz al candidato puntero en Tamaulipas. La conmemoración del bicentenario del inicio de la independencia y el centenario del inicio de la Revolución Mexicana tienen lugar más como un proceso burocrático que como auténtico momento de reflexión colectiva. Se echó mano de la vieja fórmula de pan y circo –el futbol- y ésta se vino abajo estrepitosamente, agudizando una depresión colectiva. Y la lista de indicadores de una crisis sistémica se puede duplicar o triplicar.

Ante un panorama tan turbio, algunos miembros de El Colegio de México, decidieron reunirse para discutir qué papel puede y debe jugar, si es que alguno, la comunidad académica mexicana en una coyuntura como la actual.

Las Universidades. La universidad actual es una institución que tiene su origen en la Europa Occidental, en las comunidades medievales de studia generalia que convocaban a estudiantes y profesores de toda Europa para ahondar en el campo del conocimiento erudito de la época. La primera universidad propiamente dicha se creó en Boloña a finales del siglo XI y a partir de ahí estas instituciones se multiplicaron y evolucionaron hasta ser lo que son hoy: complejas organizaciones públicas o privadas dedicadas, en principio, a ahondar de manera sistemática y racional en los campos del conocimiento científico y de las artes para trasmitir y poner en práctica ese conocimiento.

Las primeras corporaciones medievales de maestros y estudiantes eran bastante libres y fluidas, pero con el paso del tiempo la iglesia –y luego las iglesias- y los monarcas las financiaron y supervisaron para, siglos después, pasar a depender del Estado o de instituciones privadas pero certificadas por el Estado. Hoy, es impensable una nación moderna sin un conjunto de universidades, pues es ahí, aunque no solamente ahí, donde se desarrollan todas las disciplinas científicas y una parte de las artes y donde, además, se prepara a las élites que servirán para administrar al Estado y a buena parte de las empresas privadas e instituciones culturales.

El Conflicto entre la Ética y los Intereses. En principio y en el campo de las ciencias, la comunidad académica debe regir su conducta en función de su meta final: la búsqueda sistemática del conocimiento mediante los instrumentos científicos que tiene a su disposición cada disciplina y conduciéndose con la máxima imparcialidad posible.

De entrada, este modelo ideal tiene un problema de fondo: la objetividad. Algunos filósofos de la ciencia cuestionan que ésta sea posible pero eso no libera al científico de intentar alcanzarla. En las ciencias sociales es claramente imposible esperar una objetividad completa pero, con todo, debe de intentarse; es en el intento donde está la esencia del compromiso académico.

Política y Academia. Max Weber, el sociólogo alemán, planteó las diferencias irreductibles entre la ética del político y del científico. Medio siglo más tarde, en un artículo del New York Review of Books, otro alemán, el profesor Hans Morgenthau, retomó el tema de manera más directa: el análisis académico de los problemas sociales y, en particular del poder, en la medida en que es fiel a su esencia, tiene que ser subversivo y chocar con el interés del político. Y esto es así tanto en el caso de los académicos que abiertamente desaprueban el status quo como de aquellos que le apoyan. Todo análisis académico de lo social, sea radical, conservador o se encuentre en el medio, resulta incómodo para el poder político, aunque más el primero que los segundos.

La razón de la imposibilidad de compaginar los intereses de la academia y la política es simple. Para quienes ejercen o buscan el poder, lo importante es que el diagnóstico de la realidad le sea útil como instrumento para legitimar su posición y deslegitimar la de sus adversarios. Para el político, si los argumentos que explican la naturaleza de un problema o situación son falsos o verdaderos, acertados o erróneos, es un asunto secundario, lo importante es si sirven o perjudican a su discurso político, si son o no útiles en la lucha por el poder. Aquí, la verdad sólo es útil en la medida en que se le puede instrumentar.

En contraste con el político, el académico está entrenado para detectar e informar sobre las fallas en el orden existente, cualquiera que sea. Esa es parte de su función social. Como no existe el arreglo político-social perfecto, en principio cualquiera puede ser mejorado. Para el radical el mejoramiento implica deshacer, subvertir lo existente, en tanto que para el moderado y para el conservador, de lo que se trata es de descubrir las fallas para luego proponer las soluciones y ayudar así a preservar la esencia de lo existente. Pero lo importante, es que en los dos casos la crítica a eso existente es inevitable, aunque por razones distintas. Como sea, y en la medida en que el académico se exprese, va a causar problemas al político. Por eso, cuando un académico entra a la política su razonamiento cambia, pues las exigencias de su nueva actividad no son compatibles con las de la anterior y viceversa.

Tensión. Ningún país moderno puede prescindir de sus universidades, aunque parte de sus actividades incomoden o irriten al político profesional, sea que esté en el poder o en la oposición. En un mundo autoritario, se usa de la fuerza para controlar la actividad de la comunidad académica. En contraste, en un entorno democrático, la tensión entre el discurso y, sobre todo, entre la práctica política de cualquier ideología y el quehacer académico no se puede evitar. Pero sí se  puede y debe manejar constructivamente en beneficio de quien, en última instancia, provee de recursos y es la razón de ser tanto de la política como de la universidad: la sociedad en su conjunto.

Es más, universidad y poder político pueden cooperar sin que ninguno pierda su esencia, pero sólo a condición de que los académicos no se dobleguen en métodos y conclusiones a las demandas de los políticos. Los estudios académicos encomendados por las instituciones estatales son comunes, pero para ser útiles deben ceñirse a los cánones de su disciplina. Si el resultado no agrada a quien encomendó el estudio, el problema es de él, no del estudioso.

En Situaciones de Crisis. En tiempos normales, la agenda de la comunidad académica está o debe de estar regida por las exigencias de la formación de los estudiantes y de la ampliación del campo del conocimiento, sin preocuparse mucho por la relevancia práctica e inmediata de ese esfuerzo. En el largo caminar, directa o indirectamente, el aumento del conocimiento –ya sea de las hormigas tambochas, de las partículas subatómicas o de los gobiernos locales en un sistema federal– ayuda, si está bien dirigido, a mejorar la calidad de la vida individual y colectiva.

En contraste, en tiempos trastornados, como son hoy los mexicanos, la actividad académica debe buscar explicaciones y salidas a la contingencia y analizar, ya no tanto lo científicamente importante, como lo socialmente urgente. Claro que las posibilidades dependen del carácter de las disciplinas particulares pues, por caso, la exigencia no puede ser la misma para la astronomía que para la sociología. Es necesario explicar las disfuncionalidades y proponer soluciones en los campos de la política, la estructura social, la económica, la cultural, la legal y de muchas otras áreas problemáticas. Ello contribuiría a encauzar la discusión pública desde perspectivas no partidistas sino más generales e informadas.

Si la guerra es un asunto demasiado importante como para dejarlo en manos de los generales, la solución de una crisis nacional es demasiado importante como para dejarla en manos de los políticos… especialmente de los nuestros.

Lorenzo Meyer es Doctor en Relaciones Internacionales por El Colegio de México, actualmente labora como profesor-investigador en el Centro de Estudios Internacionales (CEI) de El Colegio de México y participa en el programa Primer Plano en Once TV.

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21
Abr
10

La economía y el fútbol

Por José María Contreras

A propósito de la próxima realización de la Copa Mundial de Fútbol en Sudáfrica, a muchos aficionados mexicanos que compartimos nuestra afición tanto por este deporte como por la economía, nos inquieta dos cosas: en primer lugar, los costos y beneficios económicos involucrados en este evento y, en segundo lugar, cuáles son las posibilidades reales del equipo mexicano de ganar esta competición. En ambos casos, la economía y los economistas pueden ofrecer algunas respuestas.

Respecto al primer punto no hay duda que la Copa del Mundo es un verdadero negocio. La empresa de consultoría e investigación De la Riva Group estima que la Copa Mundial de Fútbol de Sudáfrica en conjunto con todos los equipos afiliados a la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) representan unos 500,000 millones de dólares. Sin embargo, la mayor parte de los economistas se muestran escépticos respecto a que la realización de un evento deportivo como la Copa del Mundo sea una buena idea, ya que los enormes costos que implica su organización (por ceremonias de inauguración y clausura, construcción de estadios, obras de infraestructura, transporte y comunicaciones y otros) parecen superar por mucho sus potenciales beneficios económicos (creación de empleos, entradas de divisas por turismo, etc.), y en muchas ocasiones el país (y/o las ciudades sedes) de este evento terminan con elevadas deudas, que al final deben pagar los ciudadanos. Sólo para dar una idea de los elevados costos que implica un evento deportivo: se estima que la ceremonia de apertura de las Olimpiadas de Beijing en 2008 costaron más de 100 millones de dólares, mientras que al menos 100 millones de chinos viven con menos de 1 dólar al día, de acuerdo a “El efecto olímpico en el comercio” de Rose y Spiegel (2010).

Por otra parte también está el argumento de que muchos de esos gastos representan una desviación de fondos para dicho acontecimiento, en detrimento de proyectos sociales, como escuelas y hospitales, que serían más beneficiosos para un país como Sudáfrica, es decir, el costo de oportunidad de realizar la Copa del Mundo es extremadamente elevado. Finalmente, se argumenta que muchos de los beneficios son capturados por empresas privadas patrocinadoras y por las grandes cadenas de televisión. En definitiva, los economistas son partidarios de que antes de emprender una tarea gigantesca como organizar una Copa del Mundo (o unos Juegos Olímpicos) deben considerarse con mucha calma y detenimiento sus costos y beneficios.

Pero, a pesar de lo anterior, muchos países están más que dispuestos a organizar este tipo de eventos: “El deseo de acoger una Copa Mundial o unos Juegos Olímpicos es insaciable” dice Jeremy Clift (en “Gol a favor o en contra”), Director de la Revista Finanzas y Desarrollo, una publicación trimestral del FMI, que dedica su más reciente número al análisis de la relación entre economía y deporte. En el caso de Sudáfrica parece que la importancia simbólica de ser el país anfitrión va más allá del orgullo de ser los primeros en organizar una Copa del Mundo de Fútbol en el continente africano, sino que está estrechamente ligado a la reconstrucción de su economía, la reducción de las antiguas divisiones sociales y raciales, y la creación de una nueva identidad nacional.

Fuente: Portada del número de marzo de la revista Finanzas y Desarrollo, del FMI

Algunos economistas han tratado de medir el impacto de acontecimientos deportivos como las Olimpiadas o las Copas del Mundo sobre el comercio, a través de cuidadosos estudios econométricos usando los denominados modelos de gravedad, y han encontrado, sorpresivamente, que sí tienen un impacto positivo, considerable y permanente sobre los flujos comerciales según The Olympic Effect”, de Rose y Spiegel (2009). Los autores rgumentan que esto parece estar relacionado con el hecho de que los países anfitriones tienden a liberalizar su comercio a partir de dicho acontecimiento deportivo, es decir, dichos eventos aparentemente inducen la liberalización gracias a las actividades o a la creación de infraestructura que traen asociada (recuérdese que México organizó la Copa del Mundo en 1986, que coincide con el inicio del proceso de apertura comercial del país y su incorporación al GATT (OMC)). Con base en lo anterior, piensan que la realización de la Copa del Mundo por parte de Sudáfrica constituye una declaración patente de que ese país se está transformando en un miembro responsable de la comunidad internacional y está enviando una señal, a sus ciudadanos y al resto del mundo, de que desea liberalizar su comercio exterior.

Respecto al segundo punto, casi siempre que como aficionados especulamos acerca de las posibilidades de que México sea campeón del mundo, arribamos a la conclusión de que existen muy pocas, y lo más que deseamos es que México haga un buen papel, que supere al de la pasada Copa del Mundo realizada en Alemania. En dicha competición, el equipo mexicano realizó una de sus mejores actuaciones, pero al final quedó la sensación de que el equipo falló en la hora decisiva: “jugamos como nunca y perdimos como siempre”. Actualmente la selección mexicana ha incluido a varios futbolistas que tienen experiencia en ligas extranjeras, especialmente la europea, y la dirige un técnico de amplia experiencia nacional e internacional, que le imprimió carácter y sentido táctico al equipo, pero aún con todo, la pregunta sigue siendo la misma: ¿Seremos capaces ésta vez de ganar la Copa del Mundo?

Parece que la respuesta a esta pregunta tiene muy poco que ver con nuestros deseos y sí mucho con las estadísticas y ¡la economía! Recientemente se publicó el libro Soccernomics (2009), escrito por los ingleses Simon Kuper, columnista del diario londinense Financial Times, y Stephan Szymanski, economista de la City University de Londres especializado en deportes, donde los autores se plantean usar las herramientas de la economía, en particular la econometría, para entender mejor el fútbol (una reseña del libro se encuentra en la revista Finanzas y Desarrollo antes citada y es realizada por Heiko Hesse, economista del FMI y exjugador profesional de fútbol del Borussia Dortmund, de la liga alemana). Kuper y Szymanski metieron cientos de datos en una computadora y corrieron modelos de regresión y encontraron que tres variables: la población, el PIB per cápita y la experiencia futbolística de un país, son los principales factores que explican el éxito de un equipo en la primera ronda de la Copa del Mundo. Sin embargo, estos tres factores sólo explican el 25 % de la variación en las diferencias de goles, y el restante 75% son elementos fortuitos o aleatorios.

Con base en sus resultados, diseñaron una lista con los países de mayor potencial futbolístico. México quedó en el lugar 78º entre 188 naciones (¡nada que ver con los rankings que hace la FIFA!), porque, según los autores, falla en dos de las tres categorías. Tiene población suficiente como para convertirse en una fuerza dominante en el futbol (como Turquía y Japón), pero el tamaño de su economía aún es relativamente bajo y tiene una escasa experiencia futbolística internacional. Para medir esto último, los autores tomaron los partidos oficiales jugados por todas las selecciones nacionales entre 1980 y 2001 y encontraron que en ese periodo, el Tri jugó 278 partidos; en cambio, Alemania, Inglaterra y Brasil, jugaron más de 750 partidos cada uno. Tampoco ayuda a México ser miembro de una confederación regional tan insular como la Concacaf que, históricamente, ha tenido poco contacto con el resto del mundo futbolístico. En entrevista reciente realizada por la revista Expansión, “Matemáticas para ganar el mundial”, Kuper, dice que: “a México le falta experiencia, enfrentarse más a menudo con los mejores equipos del planeta. La selección mexicana sólo ve el mejor futbol en las Copas del Mundo, cuando quizás ya es un poco tarde, porque hay que rendir inmediatamente”. Así que si tomamos en cuenta los resultados de este estudio, desafortunadamente no debemos ser demasiado optimistas acerca de las verdaderas posibilidades de ganar la Copa del Mundo en Sudáfrica.

Uno de los muchos asuntos que Kuper y Szymanski abordan en su libro es el dinero que despilfarran los clubes cuando compran jugadores: creen que las directivas y los entrenadores se enamoran perdidamente de futbolistas sobrevalorados que juegan bien dos partidos o que súbitamente aparecen en las portadas de los diarios, y su recomendación, que casi podría ampliarse a cualquier gerente a cargo de un grupo de empleados, es que la inclusión de un futbolista en un equipo debe evaluarse por toda su carrera (no por su desempeño de los últimos meses), debe tomarse en cuenta a jugadores que estén atravesando o hayan atravesado una mala racha pero que tengan cualidades técnicas y poner el foco en veinteañeros, que son los que ofrecen mejor rendimiento.

Javier Aguirre, técnico de la selección nacional, en declaraciones hechas en Madrid en febrero de este año confesó que ha leído el libro Soccernomics. Quizá le haya hecho caso a esta recomendación y ello explica la aparentemente sorpresiva decisión de incluir a jugadores como el Conejo Pérez, el Bofo Bautista, el Venado Medina, y otros que no habían sido tradicionalmente considerados en los llamados a la selección, y a los jovencitos Chicharito Hernández y Jonathan Dos Santos, que atraviesan un buen momento y prometen buenos rendimientos. Si El Vasco le atina, en una de esas nos convertimos en ¡campeones del mundo!, incluso contra la opinión de los economistas.

José María Contreras Castillo es candidato a Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona, actualmente labora como profesor – investigador en la Universidad Autónoma Chapingo.

01
Abr
10

El precio de la gasolina y el cambio climático

Por Arturo Herrera

Hace unas semanas Gerardo Esquivel escribió un post muy interesante que planteaba la disyuntiva de política económica con respecto al precio de la gasolina: 1) dejar que el precio se fije en el mercado internacional (con el posible impacto negativo que su volatilidad puede tener en la inflación) o 2) tratar de mantenerlo estable a lo largo de la ruta que sigue el INPC como se ha hecho en México desde 1993.

En esta nota quisiera detenerme en un elemento diferente del mismo problema: el impacto del consumo de la gasolina en la contaminación y el cambio climático. En realidad estos temas están más relacionados de lo que parece, la forma en la que el precio de la gasolina se mantiene estable es a través de modificaciones al IEPS (Impuesto Especial de Producción y Servicio) de la gasolina. Cuando el precio de la gasolina a nivel internacional (y hay que recordar que México es un importador neto de gasolina) es inferior al mexicano el IEPS es positivo y cuando el precio es mayor el IEPS es negativo (en los hechos, un subsidio a la gasolina).

Lo curioso de este mecanismo es que el IEPS está pensado como un impuesto hacia aquellos bienes cuyo consumo genera una externalidad negativa, el tabaco, las bebidas alcohólicas y la gasolina, es decir la idea del IEPS es desincentivar el consumo de estos bienes; y sin embargo, por las razones expresadas por Gerardo en su post, en el caso de la gasolina en diversos periodos en lugar de desincentivar su consumo ¡se incentiva a través de un subsidio!

Habría que recordar que el subsidio a la gasolina no sólo hace que se consuma más de ella, si no que también incentiva la compra de vehículos más grandes y menos eficientes. Esto es particularmente importante a partir de la explosión en ventas de los llamados SUV.

La gráfica siguiente muestra como el boom de los SUV’s cambió la composición relativa en el mercado de vehículos de Estados Unidos; pero muestra también como la tendencia hacia mayores SUV’s se revirtió justo con el aumento del precio del petróleo en el 2004.

Gráfica 1

En el caso mexicano el subsidio a la gasolina ha mantenido una estructura sesgada hacia los vehículos de alto consumo, el cuadro siguiente muestra como entre el periodo 2002-2008 los vehículos compactos y subcompactos tuvieron tasas de crecimiento menores a las de los vehículos de lujo y los ligeros.

Tabla 1

¿Qué tan serio es esto para el problema del cambio climático? El último Reporte sobre Desarrollo Mundial del Banco Mundial está justo dedicado al tema del cambio climático; la siguiente figura, tomada de dicho reporte, ilustra de manera muy dramática el efecto de los SUV’s. Si en Estados Unidos las personas que tienen este tipo de vehículos los cambiaran por carros estándar el efecto en la reducción de emisiones sería equivalente a las emisiones que se generarían para  proveer de electricidad a 1,600 millones de habitantes, toda la población de Sudamérica, África y una parte de Asia, incluyendo la India.

Gráfica 2

Así pues, desde el punto de vista ambiental la decisión de utilizar el IEPS para suavizar el precio de la gasolina es sencillamente una mala política pública.

Mas allá de cómo conciliar objetivos de política pública disímbolos (estabilidad de precios, objetivos ambientales y objetivos tributarios) con un solo instrumento (el precio de la gasolina) es importante subrayar que si el IEPS de la gasolina (ligado a otros impuestos como la tenencia y el ISAN) fueran eficaces en desincentivar la compra y usos de vehículos particulares, tendría que fortalecerse una opción de transporte público, ésta podría ser financiada con los propios recursos de IEPS o la eliminación de su subsidio, en la página 10 de de sección de ingresos de la última Cuenta Pública del Gobierno Federal se reporta que el subsidio a la gasolina vía IEPS fue en 2008 de 223 mil millones de pesos, una cantidad interesante para un programa de infraestructura en transporte.

Arturo Herrera Gutiérrez, estudio el doctorado en la Universidad de Nueva York. Ha sido profesor de asignatura en El Colegio de México. Actualmente labora para Execution Finance en México.

26
Mar
10

Redefining the perimeter of prudential oversight: are current reform proposals on the right track?

Por Augusto de la Torre y Alain Ize

(This note draws heavily on de la Torre and Ize’s papers “Regulatory Reform: Integrating Paradigms” and “Containing Systemic Risk: A Financial Paradigms View”. The views in this note are entirely those of the authors and do not necessarily represent the views of the World Bank, its executive directors and the countries they represent.)

Important progress is being made on the road to reforming prudential regulation. A number of important reports have already seen the light of day, a reform bill is before the U.S. Congress, and significant international coordination efforts are in motion under the G-20 process and the Financial Stability Board (see, for instance, Brunnermeier et al (2009), Acharya and Richardson (2009), the April 2009 Declaration of the G-20 Summit, and the Warwick Commission Report (2009)).  In particular, specific proposals have been made on how far to extend prudential regulation and to what institutions. Views appear to be converging on the notion that systemically important financial institutions, whether commercial banks, investment banks, or any other, should be identified up-front and regulated differently from other financial institutions. While the goal of this proposal—to contain systemic risk more effectively—is indeed right on the mark, the way the proposal is formulated has important shortcomings and fails to incorporate key lessons from the crisis.

The current regulatory regime rests on three key pillars: i) prudential norms that seek to align principal and agent incentives ex ante; ii) an ex post safety net aimed at enticing small depositors to join the banking system, as well as forestalling contagious runs on otherwise solvent institutions; and iii) a line-in-the-sand separating the world of the prudentially regulated (mainly commercial banking) from that of the unregulated. Informed investors should be fully responsible for their investments and live with the consequences of their mistakes. Moreover, regulation can hinder intermediation, financial innovation, and competition, and requires good supervision, which is costly. Finally, oversight on the cheap can also exacerbate moral hazard by giving poorly regulated intermediaries an undeserved “quality” label and an easy scapegoat (blame the regulator if there is a problem). Consistent with this rationale, only deposit-taking intermediaries are prudentially fully regulated and supervised. In exchange, and reflecting their systemic importance, they benefit from a safety net. Other financial intermediaries (and all other capital market players) neither enjoy the safety net nor are burdened by full-blown prudential norms. Instead, they are subject mostly (if not only) to market discipline, enhanced by securities market regulations focused on transparency, governance, investor protection, market integrity, and the like.

As a matter of historical fact, however, the line-in-the-sand became porous and was widely breached during the build-up to the Subprime crisis, as highly-leveraged intermediation spilled into “shadow banking” outside the confines of traditional banking, and the safety net had to be eventually sharply expanded, from the regulated to the unregulated. By exacerbating dynamic regulatory arbitrage, the intent of the Glass-Steagall Act—to shift risk away from regulated intermediaries to capital markets and unregulated intermediaries—fundamentally misfired. Well-informed investors can monitor the intermediaries to make sure they do not “cheat them”. However, they have no incentives to “internalize” systemic liquidity risk and other collective action frictions. Thus, the side-by-side existence of a regulated sector, where systemic concerns were partially factored in, and an unregulated sector, where externalities were not at all internalized, created a wedge in returns between the two worlds, giving rise to a fundamentally unstable construct (oddly enough, the Glass-Steagall Act resulted in a one-two punch on the soundness of financial intermediaries. Its introduction boosted systemic risk outside commercial banking. Once this was done, its repeal under the pressures of competition, boosted systemic risk within the commercial banking system itself. To compete with the blown-up investment banks under much stricter regulations, commercial banks had to find creative ways to shed their regulatory burden outside their balance sheet).

In this context, the path of regulatory reform that has been recently followed in the US looks in part like a return to the failings of the past. It seeks to expand the perimeter of “hard” regulation to the bounded set of intermediaries that are thought to be “systemically important”. The criterion proposed for inclusion in this set is typically based on the size or interconnectedness of all intermediaries, not just commercial banks. While a commendable effort is thus made to adjust the boundary of regulation to reflect systemic concerns, collective action frictions would be internalized only by the set of “systemically important institutions”. Other intermediaries would be mostly left alone, much as was the case of the non commercial bank intermediaries under the Glass-Steagall Act.

The basic problem with this approach is the discontinuity created by the boundary—the side-by-side coexistence of different regulatory regimes. This will plant new seeds for dynamic regulatory arbitrage, setting again in motion forces of structural instability. Financial activity is likely to increasingly migrate outside the perimeter. It would do so not so much to take advantage of the less informed or shift risks to the government, but mainly to better align private costs and risks—i.e., to more freely avoid having to internalize externalities. This risk will increase once prudential regulation is strengthened to better induce the intermediaries living within the perimeter to internalize systemic risk. Moreover, any sharply defined regulatory perimeter is bound to create bunching effects where intermediaries crowd in on the more favorable side of the boundary. In the process, unregulated systemic risk is likely to build up just outside the boundary.

To be sure, while inducing dynamic regulatory arbitrage, a different, more stringent regulatory treatment of “systemically important” intermediaries can compensate for the competitive advantages they derive from their too-big-to-fail or too-interconnected-to-fail (TBTF-TITF) de-facto status. However, getting the balance right even in this regard is likely to be an impossible task, all the more so since the differential regulation under current proposals is not presumed to be institution-specific but to apply equally across the whole class of systemically-relevant intermediaries. What may be right for the median institution within this set won’t be right for the institutions at the tails.

Moreover, to account for changes in the fabric of intermediation over time (including those deriving from dynamic regulatory arbitrage), the approach would need to rely on continuous regulatory adjustments, including the regular listing and de-listing of “systemically important” institutions. If history is any guide, however, the experience of the Glass-Steagall Act strongly suggests that such an adaptive approach is fraught with danger. Regulators can fall prey to regulatory capture, or else remain unaware of the looming risks percolating and growing in the shadows until it is too late for action. In this case, regulatory inertia is likely to be compounded by the very stark signaling implications of a change in regulatory status. A shift from the “systemically important” list to the “systemically unimportant” list, or vice versa, will unavoidably induce changes in the perceived too-big-to-fail status of the institutions.

We think a much preferable approach would be to apply a risk metric that incorporates systemic effects uniformly across all intermediaries within an expanded perimeter (such a metric might look like the recently proposed CoVar or some similar alternative such as CoEs; see Adrian and Brunnermeier (2009)). The perimeter of prudential regulation would be expanded to cover all leveraged intermediaries that borrow (directly, indirectly, or via contingent contracts) from the public or in the wholesale funding markets—that is, in the markets for large deposits and/or the professional money and capital markets. To engage in financial intermediation thus defined without a license would be illegal. Provided that the potential grey zones between financial and nonfinancial firms are strengthened to prevent nonfinancial corporations such as department stores from engaging in de-facto financial intermediation, this approach would eliminate the undesirable discontinuity effect of the boundary. The universe of financial intermediaries would thus be subject to a level playing field of risk-based prudential rules.

This approach to setting the regulatory perimeter would be more effective if accompanied by a universal intermediation license, thereby eliminating regulatory silos. But if a universal intermediation license is unfeasible and separate licenses (associated with separate prudential regulators) have to remain, a close substitute would be a functional approach to regulation—i.e., to ensure that similar activities and financial products would be similarly regulated, independently of the license under which they are produced.

Regulated financial intermediaries would under this proposal face the same regulation for risk taking at the margin. They would thus be free to specialize into distinct business models and financial activities, generating distinct asset and liability portfolios. However, such diversification would be the result of exploiting natural business advantages and risk niches under uniform regulatory rules, rather than the expression of regulatory arbitrage under uneven rules. This approach contrasts starkly with the views expressed in some recent reports, which specifically praise the benefits of “unlevel playing fields” and view the role of regulators as that of actively favoring the transfer of particular risks to those institutions that are better able to manage those risks on account of their current business models and portfolios (see for example the Warwick Commission Report (2009)). By putting excessive reliance on just-in-time and just-right reactive regulation, an unlevel playing field would exacerbate regulatory arbitrage and promote hidden risks in ways that the regulators are all too likely to miss, for the reasons already cited. Instead, we view the distribution of risks as a general equilibrium process where financial structure and risk-taking should respond to well-defined, uniform, and predictable regulation (albeit no doubt improving over time). Market forces would thus determine an efficiency-enhancing diversity of average portfolios and risks based on an identical regulation of marginal risks.

No doubt, implementing a healthy interplay between a level playing field of regulation and a comparative advantage-driven evolution of financial structure would involve at the outset very substantial changes in regulatory philosophy and practice. In particular, a consistent risk-based regulatory approach that has a uniform marginal effect on risk taking would need to be developed.  This is no doubt a daunting task, and one that in some respects seems to have lost favor following the Subprime debacle. In effect, important proposals under discussion advocate putting less emphasis on Basel II-style risk-based approach to regulation and more emphasis on rough-and-ready (yet admittedly blunt) prudential instruments such as a ceiling on the leverage ratio. However, as was the case with Basel I, such rough instruments are prone to affecting institutions with different business models differently, thereby promoting regulatory arbitrage. While the uniform risk-based approach we envisage would be initially harder to implement and might even increase risks in the shorter term, it would have a much better chance of sustainable success over the longer run.

We would recommend in addition that all prudentially regulated financial intermediaries have equal access to the lender-of-last-resort facilities as well as to the deposit insurance if they are deposit takers. However, to limit moral hazard and properly align incentives, the benefits of such an access should be priced in ex-ante through Pigovian taxation and a systemically-adjusted premium on liquidity insurance.

The definition of the regulatory perimeter proposed above would not necessarily rule out the existence of unregulated financial intermediaries. In effect, we would allow prudentially unregulated (but licensed) financial intermediaries to operate freely, as long as they only borrow from the regulated. Because the unregulated intermediaries would not need to meet entry requirements, this scheme would favor innovation and competition. Of course, for this scheme to work properly, all relevant credit risk (on and off-balance sheet) exposures acquired by regulated intermediaries would have to be covered by adequate capital and other prudential regulations. This would ensure sufficient “skin in the game” so that the activities of the unregulated would be adequately monitored through their contractual relationships with the regulated intermediaries that lend to them. This, in turn, would limit the cost of oversight.

While the unregulated intermediaries should be allowed to fail under efficient resolution mechanisms, the potential systemic ripple effects of such failures would be contained through the access of the regulated intermediaries to the safety net. Nor should such a regulatory discontinuity introduce any distortion or cause any opportunity for arbitrage. Because the unregulated intermediaries could fund themselves only from the regulated, a dollar lent to a final borrower through an unregulated intermediary would end up paying the same Pigovian tax as a dollar lent through a regulated intermediary. Systemic risk would thus be evenly internalized across all possible paths of financial intermediation.

Admittedly, this proposal does not of itself address the TBTF-TITF problem. But this is not as severe a shortcoming as it may seem, for several reasons. First, it is simply wrong to equate systemic risk with TBTF-TITF. Systemic risk can be present even without TBTF-TITF. Second, systemic risk is not addressed by fueling regulatory arbitrage (which applying stricter prudential regulations applied only to TBTF-TITF institutions would most probably do) but by removing (or at least lessening) the root causes leading to systemic events. A uniformly applied systemic liquidity tax would be an important step toward this goal. Third, stricter regulation would be of little or no help if a TBTF-TITF institution becomes troubled or unviable. That scenario, which is the main concern of proponents of tougher regulations for such institutions, calls for different instruments, chiefly a suitable framework for resolution of failed institutions—with powers to undertake such actions as closing, intervening in, and restructuring institutions; unwinding positions; and separating the “good” and “bad” parts of the balance sheet (current proposals to require that all large financial institutions prepare a living will facilitating their resolution when in trouble seem to be a step in the right direction. Draft bills seeking new failure resolution authority are in different stages of preparation and discussion in the United States, United Kingdom, and the European Union).

Augusto de la Torre es Economista en Jefe del Banco Mundial para America Latina y el Caribe. Alain Ize es consultor senior del Banco Mundial y actualmente es profesor visitante del CEE de El Colegio de México.

10
Mar
10

¿Al cliente, lo que pida?

Por Brasil Acosta

La industria automotriz es una de las más rentables del mundo. Produce y vende, al año, millones de coches. Por poner un ejemplo, en el 2007 se produjeron nada más ni nada menos que 73.1 millones de automóviles a nivel mundial; por su parte, la producción de autos en México para el año 2009 fue de un millón 353 mil 577 unidades, lo cual quiere decir que se producen 3,708 carros por día. Esta inmensa cantidad de coches requiere, a su vez, una cantidad igualmente inmensa de recursos de todo tipo: no renovables, como el petróleo; carreteras e infraestructura vial en las ciudades; policías para cuidar que se respeten las reglas de tránsito, etc. No se puede negar la importancia que tiene el uso de los vehículos en la sociedad, pero, de igual manera, tampoco se puede negar el efecto negativo que tienen: la contaminación ambiental, las muertes por accidentes y, también, como resultado de los cada vez más frecuentes problemas de tránsito, los problemas de estrés.

Desde el punto de vista social, en el sistema de producción capitalista moderno, el automóvil se ha convertido en una mercancía cuyo valor de uso, es decir, la capacidad que tiene para transportar de un lugar a otro al que conduce o más pasajeros, ha sido relegado; en su lugar ha quedado la influencia subjetiva que ejerce sobre la sociedad el fetichismo de esa mercancía. Efectivamente, tener un carro se ha convertido en un “logro en la vida”; tener carro propio es sinónimo de “éxito”, de triunfo; y todo a pesar de que el poseedor del vehículo no lo necesite para una actividad productiva en específico. Por lo tanto, tener un carro se vuelve, más bien, una obsesión, un propósito permanente y, finalmente, una manera de ser.

Por lo mismo, aquel que puede hacerse de un carro: porque lo heredó, porque le ofrecieron un crédito, porque ahorró, porque le dieron el dinero de su retiro, porque se lo asignaron en la empresa para la que trabaja, etc., se siente “soñado” y procura que lo vean, que todo mundo se percate de que tiene carro; por eso, sin que venga a cuento, sale a relucir el tema del coche: que si los faros, que si la novedad del sistema de aire acondicionado, que si las bocinas, etc. Se habla de todo, menos de para qué realmente sirve. ¿Y esto por qué? Precisamente, porque las empresas se han encargado de divulgar la idea de que tener un carro da poder y eleva el “estatus”; con lo cual hace que los vehículos que, en un momento dado, pudieran no ser necesarios, se vuelvan “necesarios” y, de esa forma, se garantice el mercado de los automóviles que, como vimos, es de millones por año; las empresas, pues, hacen uso de la conducta social de los individuos para “forzarlos” (sutilmente) a que se hagan de un coche. Por eso mismo, el mercado de los automóviles es uno de los más activos del mundo: cada año se presenta un “nuevo modelo” (que es casi igual al anterior, pero que le cambiaron un par de cositas). Así, los que han acumulado riqueza, cambian de coche, como de calcetines; los que tienen ingresos medios, compran uno nuevo, pero baratón y, finalmente, los que tienen poco o casi nada, se conforman con los carritos viejos, de uso o chatarras; pero todos quieren tener coche. A qué niveles llegan las obsesiones y arbitrariedades en el mercado de los automóviles que, recientemente, un individuo en Texas hizo uso de la posibilidad que se tiene en Estados Unidos de cambiar un auto usado por otro nuevo a nivel de agencia, simplemente pagando la diferencia; sin embargo, lo curioso del dato es que llegó a cambiar un carro de la marca Buggati Veyron, carro cuyo costo es de mínimamente un millón de dólares, por uno de marca Corvete ZR-1, con un costo de poco más de 100 mil dólares.

Pues bien, las empresas automotrices, lejos de corresponder a las expectativas que ellas mismas han generado, al producir en serie y con el único propósito de vender para aumentar las ganancias capitalistas de ese negocio, han lanzado a la venta vehículos con fallas que pueden ser peligrosas. Se sabe, por ejemplo, que Toyota, la empresa japonesa, ha pedido la devolución de 8.5 millones de vehículos en el mundo para reparar una falla debido a la cual podría atascarse el acelerador y generar accidentes. La reparación de cada vehículo puede durar hasta media hora, de lo cual se deduce que se van a tener que invertir más de cuatro millones de horas en esas reparaciones, que bien pudieran emplearse en otras tareas más bien productivas. Pero eso no es todo, la empresa en cuestión, guiada por el afán de lucro, negoció con los organismos reguladores en Estados Unidos para que, precisamente por la falla en cuestión, no retiraran una buena cantidad de autos de la circulación. La empresa Toyota, con esa maniobra logró ahorrar más de cien mil millones de dólares. “Se puede sentir que el personal estaba pensando más en las ganancias de la compañía que en los clientes”, dijo en un correo electrónico Mamoru Kato, un analista de Tokai-Tokyo Securities.

Como se ve, al cliente no se le da lo que pide. Primero, se le lava el cerebro con la artillería pesada de la propaganda, con la cual impactan al individuo haciéndolo sentirse “poderoso” con coche, o perdedor, sin él; segundo, una vez que le dan la mercancía, es decir, el coche, lejos de resolverle los problemas que se detectan después de salida la mercancía, se trata de negociar con los organismos reguladores para que las empresas automotrices “ahorren”, aún a riesgo de que los autos presenten fallos y se produzcan lamentables accidentes. Entonces, primero embaucan al cliente y luego no hacen lo que debieran para satisfacerlo. Esa es la moral de las empresas dedicadas a la producción y venta de vehículos.

Brasil Acosta Peña es Doctor en Economía por El Colegio de México, actualmente labora como profesor – investigador visitante en el Centro de Investigación y Docencia Económica

18
Feb
10

Para leer en tiempos de crisis

Por Arturo Herrera

La crisis actual es la más grave desde la gran depresión,  por ello no es de extrañar que un gran número de analistas financieros, periodistas y académicos hayan dedicado esfuerzos a tratar de explicarla, entender su origen y proponer soluciones.

En este sentido en los últimos dos años se han publicado un número importante de libros que tratan de dar cuenta de estos temas. Estos libros caen en tres categorías: a) los que fueron escritos por académicos destacados pero dirigidos al gran público; b) Los que fueron escritos por participantes en los mercados financieros y c) Los que fueron escritos por periodistas especializados. El objetivo de esta pequeña nota es hacer una breve lista de recomendaciones en torno a algunos de los más interesantes de ellos.

Empezaré con este último grupo, probablemente el mejor recuento de los entretelones entorno a las decisiones de política económica tomadas alrededor de las caídas de Bear Stearns y de Lehmann Brothers es To Big Too Fail de Andrew Ross Sorkin un periodista financiero del New York Times. Sorkin escribió una obra monumental (cerca de 600 hojas) documentada con entrevistas muy exhaustivas que da una idea muy precisa de lo complejo de tomar decisiones en un ambiente de incertidumbre y con la crisis desarrollándose a gran velocidad. Resulta muy ilustrativo todo el proceso de toma de decisiones coordinado entre la Fed (con Bernanke y Tim Greithner, entonces a la cabeza del Banco de la Reserva Federal de Nueva York) y el equipo del Tesoro encabezado entonces por Hank Paulson.

Figura 1

Si el libro de Sorkin lidia fundamentalmente con el manejo de la crisis, Fool´s Gold de Gillian Tett documenta el proceso de creación y boom de los Credit Default Swaps (CDS) y Collateral Debt Obligations (CDO) instrumentos que al operar en un mercado prácticamente no regulado se convirtieron en el amplificador fundamental de la crisis y en el elemento que interconectó a las partes. Al igual que Sorkin, Tett es periodista, en su caso del Financial Times, por lo que ambos libros están escritos en un estilo ameno y fácil de seguir.

En una categoría aparte se encuentran los libros de George Soros The New Paradigm for Financial Markets y de Mohamed El-Erian When Markets Collide. Soros es probablemente uno de los especuladores más exitosos de la historia, por ello llama la atención el tono reflexivo de su libro, una mezcla curiosa de  análisis filosófico, político y financiero: este fue uno de los primeros libros en salir sobre el tema por ello están ausentes algunos de los elementos que se desarrollaron posteriormente a su edición.

El libro de Mohamed El-Erian es un libro fundamental para entender los orígenes de la crisis y algunos de los temas pendientes para la construcción de una nueva arquitectura financiera. Este libro fue el ganador en 2008 del premio FT/Goldman Sachs al libro del año en materia de negocios. El-Erian es un personaje curioso con credenciales extraordinarias; uno de los inversionistas más exitosos (maneja el fondo PIMCO, el más grande del mundo en renta fija) es al mismo tiempo un economista bien formado (se preparo en Oxford y Cambridge) que pasó muchos años en el Fondo Monetario Internacional y que además escribe regularmente una columna para el Financial Times, así pues combina los elementos analíticos y de experiencia profesional que le permiten escribir un libro que en gran medida ha ayudado a fijar la agenda de reformas financieras internacionales.

Por último, un par de libros de economistas académicos, The Subprime Solution de Robert Shiller y Getting off Track de John Taylor. Como se sabe Robert Shiller es un profesor de Yale, uno de los líderes de la llamada Economía del Comportamiento, y un estudioso de los elementos que generan comportamiento irracional y dan lugar a burbujas especulativas; es igualmente el creador (junto con Karl Case) del Índice Case – Shiller de precios en el sector inmobiliario en Estados Unidos.

 Figura 2

Por ello no sorprende que Shiller hubiera sido uno de los pocos economistas que predijo la posibilidad de una crisis en este sector; el libro es clave para entender el elemento detonador del a crisis financiera (la crisis subprime) y la discusión del rescate al sector cuando menos en los términos en que se planteaba a finales del 2008.

Al contrario de Shiller, que se centra en los orígenes de la crisis, Taylor lo hace en las consecuencias de las intervenciones del gobierno en la economía y cómo ésta puede exacerbar la crisis, es un pequeño libro (de apenas 80 páginas) muy bien escrito y documentado, es el que usa más elementos técnicos de todos los aquí mencionados, (incluyendo referencias a la regla de Taylor que él creó). Un libro muy bueno, pero que tiene que tomarse con un granito de sal. Taylor como algunos otros prestigiosos economistas académicos que han pasado por el sector público (el fue subsecretario del tesoro en la primera parte de la administración Bush y presidente del consejo de asesores económicos de Bush padre) suele  a veces dejarse ganar por algunos aspectos ideológicos o políticos.

No quisiera finalizar sin hacer referencia a un libro del que, debido a que acaba de salir,  sólo he leído los extractos que aparecen en Internet, me refiero a On the Brink: Inside the Race to Stop the Collapse of the Global Financial System de Hank Paulson, el ex secretario del Tesoro de Bush y encargado de campear la crisis financiera hasta enero del 2009. Paulson es conocido por su estilo ácido y frontal y esto se ha traducido a su prosa, una mirada desde adentro al manejo de la crisis.

Arturo Herrera Gutiérrez, estudio el doctorado en la Universidad de Nueva York. Ha sido profesor de asignatura en El Colegio de México. Actualmente labora para Execution Finance en México.




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