Archive for the 'Profesores – Investigadores' Category

02
Feb
11

Taller de Sociomática: Modelos Computacionales para el Estudio de la Complejidad Socioeconómica

I. Objetivos del taller

El propósito de este taller es el de contribuir al desarrollo de las ciencias sociales en México a partir de la difusión de un paradigma alternativo para el estudio de los procesos socioeconómicos, entendidos éstos como sistemas adaptables complejos. Si bien la investigación social a través de la teoría de la complejidad ha crecido exponencialmente en la última década impulsada desde prestigiosas universidades internacionales, en México todavía no es del todo conocida por lo que relativamente pocos investigadores la han incorporado a su batería de metodologías de estudio.

Congruentes con la misión de El Colegio de México de ser punta de lanza en la investigación social en México y Latinoamérica, el Centro de Estudios Económicos de esta institución ha decido promover este taller de educación continua con el objetivo de que profesores, investigadores y alumnos se familiaricen con este novedoso enfoque analítico y con los modelos de computación asociados.

El planteamiento del taller es transdisciplinario por lo que en sus distintos módulos se establecen las bases con las que estudiar fenómenos sociales de diversa índoles: económicos, sociológicos, políticos, demográficos y antropológicos. Asimismo, en el taller se combinan sesiones en las que se da una visión teórica de la complejidad socioeconómica con sesiones de laboratorio en las que los participantes aprenden a elaborar sus propios modelos computacionales.

II. ¿Qué es un sistema adaptable complejo?

Un sistema adaptable complejo es una colectividad de agentes que al interactuar entre sí y adaptarse al entorno produce fenómenos sofisticados (o propiedades emergentes) que no son el resultado directo de las propiedades inherentes a los agentes individuales. Los agentes pueden ser de índole químico, físico o biológico (moléculas, virus, especies, genes, átomos, partículas) pero también de índole socioeconómico (empresas, organizaciones, votantes, consumidores, partidos políticos, países). Ejemplos de patrones emergentes en al ámbito natural son los siguientes: ecosistemas, estados de la materia, colonias de hormigas, y en el ámbito social son los siguientes: mercados descentralizados, preferencias partidistas, normas sociales, desarrollo tecnológico y asentamientos humanos.

III. ¿A quién está dirigido?

El taller está dirigido a estudiantes de posgrado (maestría y doctorado), a investigadores sociales y a profesionistas interesados en actualizar sus conocimientos. El seminario está abierto a miembros de El Colegio de México y de cualquier otra organización. No es necesario contar con experiencia en sistemas de cómputo ni tener conocimientos de programación o matemáticas avanzadas. Tampoco se requiere haber realizado cursos en economía o sociología. Si bien los conocimientos previos en estas disciplinas y técnicas son bienvenidos, ya que pueden ser importantes para tener un mejor entendimiento de los temas expuestos, lo más importante es que el alumno esté interesado en problemáticas sociales y disponga de una mentalidad abierta para tratar de entender planteamientos teóricos diferentes.

VIII. Inscripciones

Inscripción e información adicional a través de correo electrónico en la dirección: gcastaneda@colmex.mx. El interesado deberá inscribirse lo antes posible ya que el cupo es limitado.  Los participantes que formen parte de El Colegio de México no realizarán pago alguno y los que provengan de otras instituciones tendrán que hacer un pago único de $2,320 (incluye IVA).  Favor de realizar su depósito en el Banco Mercantil del Norte, S.A (BANORTE), Cuenta de cheques no.0114058297 a nombre de El Colegio de México A.C., CLABE: 072 180 00114058297 9. Posteriormente mandar copia de la ficha de depósito por medio de la cuenta de correo electrónico: gcastaneda@colmex.mx y proporcionar datos fiscales en caso de requerir recibo.

Para mayor información sobre el calendario da click en el siguiente link Taller de Sociomática.

Gonzalo Castañeda es Doctor en Economía  por Cornell University en Nueva York, Estados Unidos. Actualmente es profesor-investigador en El Colegio de México.


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01
Oct
10

Cambios en el bienestar económico en México

Por Antonio Yunez Naude

A diferencia de lo esperado a partir de las reformas económicas iniciadas a mediados de la década de los años 1980, el bienestar de los mexicanos no aumentó notablemente de 1990 a  2005. Esta es una de las conclusiones de un estudio empírico sobre los cambios en el consumo, la pobreza y la desigualdad en los municipios de México que está por publicar la revista Estudios Económicos (Yúnez Naude, A. J. Arellano González y J. Méndez Navarro “Cambios en el bienestar de 1990 a 2005: un estudio espacial para México”).

En específico, los resultados obtenidos indican los siguientes cambios estadísticamente significativos en el bienestar de los mexicanos durante el periodo: 1) sólo un 2.6% de la población del país residía en municipios que experimentaron mejora en los tres indicadores de bienestar; 2) alrededor de un 15% de ella lo hacía en municipios que tuvieron crecimiento en sus niveles de consumo y una reducción en la pobreza; 3) solo un 0.3% de la población habitó en municipios donde aumentó el consumo y disminuyó la desigualdad; 4) un 5.5% de la población experimentó disminución en pobreza y desigualdad; 5) el 29.8% de los mexicanos residió en municipios donde mejoró sólo uno de los tres indicadores de bienestar; y 6) el restante 45.7% no experimentó ninguna mejoría.

Lo anterior sugiere un mal desempeño en el desarrollo económico de México. Sin embargo, los resultados de nuestro estudio también indican que en 45% de los municipios del país la pobreza alimentaria disminuyó, en cerca del 40% el consumo aumentó y en poco menos del 20% la desigualdad decreció. Esto puede haberse debido a los efectos positivos de los programas gubernamentales de combate a la pobreza iniciados en los primeros años de los 1990. No obstante, casi la mitad de la población de México vive en municipios que de 1990 a 2005 en donde  no se dio aumento alguno en sus niveles de bienestar.

Asimismo, en México subsisten grandes diferencias en los niveles de bienestar y en las dinámicas correspondientes entre sus regiones geográficas. Por ejemplo, tanto en 1990 como en 2005 y según las estimaciones hechas, los niveles más bajos de consumo per cápita y pobreza alimentaría tienden a estar concentrados en la parte sur del país así como en zonas montañosas, de difícil acceso y en donde la mayoría de la población es indígena.

Tal dinámica contrasta con la experimentada en otros países de América Latina como Chile, Ecuador, Nicaragua, Perú y en menor medida Colombia. Resultados de investigaciones para estos países usando la misma metodología que la de nuestro estudio para México indican lo que sigue. De  1993 a 2005 más del 60% de los peruanos experimentaron reducciones en pobreza y desigualdad y aumentos en su gasto, mientras que en la década de los años 1990 este fue el caso del 18.7% de la población chilena y de sólo el 2.6% para la mexicana (Escobal y Ponce, 2008, Mondrego, et. al, 2008, en www.rimisp.org/dtr).  El desempeño de México fue inferior aún respecto al de Ecuador y Nicaragua. Por ejemplo, en el caso del primer país, de 1995 a 2006 el 15% de sus habitantes no experimentaron mejoras en ninguno de sus tres indicadores, mientras que esto sucedió con el 22.6% de los nicaragüenses de 1998 a 2005 (para México la participación fue de más del 45%, Larrea, C., 2008; Gómez, et. al. 2008 en sitio en la red citado). La experiencia más cercana a México es la de Colombia. Aunque el porcentaje de la población del segundo país que experimentó mejoras en el consumo y disminución en pobreza y desigualdad de 1993 a 2005 es aún más baja respecto a México (0.03% frente al 2.6%),  la proporción de colombianos sin mejora en ninguno de los tres indicadores de bienestar fue menor en casi 10 puntos respecto a la de México: del 35% frente al 45%  respectivamente (Hernández, et. al., 2008, www.rimisp.org/dtr).

Los resultados obtenidos para México son reflejo de un periodo accidentado y poco dinámico de su economía, durante el cual el país sufrió una aguda crisis macroeconómica que afectó severamente los niveles de bienestar de los mexicanos en el transcurso de la segunda mitad de la década de los 1990. Los hallazgos de la presente investigación también sugieren que la reorientación del papel de estado mexicano en la economía no ha sido fructífera en materia de crecimiento y bienestar económico. En la actualidad y a raíz de los agudos efectos que ha provocando en México la crisis financiera de los EE.UU. e internacional, se han magnificado los retos que enfrenta el país para que mejore significativamente el bienestar de sus habitantes.

Antonio Yúnez Naude es el Director del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México

08
Sep
10

“Experimantalistas” vs “estructuralistas”.

En preparación de mis clases de Maestría este semestre, he leído con gusto varios artículos sobre el debate entre “Experimentalistas” vs “Estructuralistas”. Les llamo así simplemente para identificarlos, y no con un tinte despectivo y mucho menos. De hecho, algunos nombres que mencionaré podrían estar de acuerdo en estar en ambos lados. El último número del Journal of Economic Perspectives incluye una interesante discusión sobre estos dos grupos (el paper de Angrist y Pischke (2010) puede ser visto aquí por ejemplo). Noam Scheiber en la revista The New Republic tiene un buen resumen sobre dos diferentes visiones de la economía. También el último número del Journal of Economic Literature contiene una interesante discusión entre Guido Imbens y Angus Deaton, y en formato electrónico aquí o acá. En esta entrada de blog, daré un muy breve resumen de los artículos y una opinión al respecto.

Los “experimentalistas” (Josh Angrist, Pischke, Esther Duflo, Banerjee) argumentan que debemos preocuparnos por el efecto causal de una variable sobre otra, no en correlaciones. Por ejemplo, si queremos conocer el efecto de la educación sobre los salarios, o el efecto de un programa de gobierno en salarios o pobreza, lo mejor que podemos hacer es un experimento aleatorio, y en su defecto una estrategia de identificación adecuada para obtener el efecto causal deseado. De esta forma, se minimizan los sesgos posibles y podemos tener lo que se conoce como “validez interna” (efecto causal) en la estimación. Este grupo de economistas argumentan que es más importante preocuparse por la validez interna que por otra cosa. Entonces esto ha llevado a que la investigación económica se limite a un contexto donde sea posible conseguir validez interna.

De esta forma Angrist y Pischke (2010) critican el estado de la Macroeconomía y Organización Industrial. Porque estas áreas no han evolucionado en buscar métodos más rigurosos para buscar validez interna. En cambio, esas áreas se han enfocado en modelos estructurales, calibración y simulación. Edward Leamer en la serie mencionada arriba del Journal of Economic Perspectives dice que Macroeconomía no puede tener tantos “experimentos” como los que Angrist y Pishcke desean. Su visión es más humilde, menciona que en macroeconomía “We seek patterns and tell stories.”

Por otro lado, Noam Scheiber describe adecuadamente el sentimiento de estudiantes de Doctorado al pensar en temas posibles de tesis y el sentimiento en general de varios economistas. Dados los estándares de publicación, los temas están sujetos a sobre si es posible conseguir validez interna. Esto lleva a que se realicen investigaciones posiblemente sin valor para la ciencia, como dice Raj Chetty en el artículo de Scheiber: “They’re not thinking: ‘What important question should I answer?’ So you get weird papers, like sanitation facilities in Native American reservations.”

Las críticas más duras del grupo de “estructuralistas” al grupo de “experimentalistas” es que no contestan preguntas importantes y que los experimentos sufren de validez externa. En primer lugar, se menciona que los experimentos son en pequeña escala o les falta un marco teórico adecuado, lo cual nos dice poco sobre la conducta de los agentes económicos. Es decir, un efecto económico nos dice poco si no conocemos la función estructural deseada. En segundo lugar, se critica que los experimentos o bien la estrategia de identificación nos da una respuesta sobre un grupo limitado de agentes económicos que no nos sirve para extrapolar los resultados a otras situaciones o contextos.

Ahora mi opinión. Creo que como ciencia económica debemos de aspirar a tener resultados confiables. Por tanto, creo que la validez interna es lo más importante dentro de un estudio económico. De esta forma la crítica sobre validez externa me parece un poco excesiva. Claro que un experimento aleatorio o una estrategia de identificación focalizada no nos brindan una respuesta general para todos los problemas, pero sí brindan una solución a una parte del rompecabezas. Con más investigaciones sólidas es posible formar un consenso sobre la relación económica de interés.

Michael Keane (2010) en su ensayo en el Journal of Economic Perspectives tiene una crítica dura hacia la falta de validez externa. El menciona que los resultados de los “experimentalistas” están sujetos al problema del “so what?”. Es decir, ahora qué hacemos con el efecto encontrado si no conocemos la función estructural. La crítica aplica de la misma forma a modelos estructurales. Creo que un efecto consistentemente estimado es mucho mejor que un efecto derivado de un modelo estructural. En el modelo estructural tenemos que asumir precisamente la función estructural, parámetros, etc. Por lo tanto, en mi opinión, este tipo de modelos están sujetos a la misma crítica.

No veo una conciliación próxima en ambos grupos en el futuro cercano. Al contrario, siento que estas diferencias quedarán marcadas probablemente tanto como la división entre universidades “Fresh water” y “Salt water”. Esperemos que en los siguientes debates haya un piso más común, sin tantas diferencias.

Raymundo Campos Vázquez es Doctor en Economía por la Universidad de California – Berkeley, actualmente labora como profesor – investigador en El Colegio de México.

04
Ago
10

Health Insurance in the Netherlands, Part II: The New Health Insurance Act in Practice

Por Edwin van Gameren

The new Health Insurance Act in the Netherlands (see my contribution of May 28th) was implemented with the intention to combine universal health insurance access with consumer choice and competition among insurers, providing incentives to reduce costs while improving efficiency and quality of care. Now, some four years after the enactment, we can make some observations on its results.

In this contribution I take a look at the market for health insurance and the choices made by consumers.

Competition in the insurance market

–          About 30 insurers offer basic health insurance, with in total about 55 different plans. Herfindahl-Hirschman Indices, measures of market concentration, show that in several provinces there are insurers with substantial –though less than oligopolistic– market power, and the same conclusion is drawn with respect to the purchasing clusters in which insurers cooperate (see for example CVZ’s “Zorgcijfers kwartaalbericht 2008. Financiële ontwikkelingen in de ZVW en AWBZ” and Vektis’ “Zorgthermometer 2010. Verzekerden in beweging”). Further, four large conglomerates – each consisting of several formally independent insurers – had a joint market share of about 80 to 90% in 2006 (for further detail see the paper of Gres, Manouguian and Wasem, “Health Insurance Reform in the Netherlands”). Since 2006, several mergers between insurers occurred, reducing consumers’ choices (see the references above of CVZ and Vektis). On the other hand, also the availability of too many insurance contracts may reduce competition when consumers are not able or willing to take the effort to compare all the available information on insurance contracts (Frank and Lumiraud analyze this fact for Switzerland in “Choice, Price Competition and Complexity in Markets for Health Insurance”).

–          Severe price competition between insurers kept the average annual premium (taking into account group discounts, see below) in 2006 at about € 1027, which was lower than the premiums the government had expected, and resulted in losses for the insurance companies. In 2007 the nominal premium was about 6% higher. In 2008 the premium decreased to an average of € 1040, due to a reform of the deductible. In 2006 and 2007 it was organized as a “no claim reimbursement” where people who had used less than € 255 of care had a part of their premium reimbursed. Since 2008 it is a ‘true’ deductible in the sense that the first € 150 (in 2009/2010: € 165) of health care costs are paid by the consumer. The decrease of premiums also occurred despite an extension of the insured package with short-term ambulatory mental health care, which until 2007 was financed through the insurance for exceptional long-term care (see Mot’s “The Dutch system of long-term care” for details). After a minor increase in 2009, a more substantial growth of the average premium in 2010 resulted in an annual premium of € 1080, according to the Vektis’ report. Further increases can be expected because the annual premium is still below the expenditures on the health care services of the basic package (see a CVZ’s more recent report “Zorgcijfers kwartaalbericht 2009, Financiële ontwikkelingen in de ZVW en AWBZ”).

–          In 2006, with the introduction of the new Health Insurance Act, 19% of the population changed insurers, as described in Smit and Mokveld’s “Verzekerdenmobiliteit en keuzegedrag 2008. Begin of einde van de rust?”. Part of the explanation for the high mobility is that under the earlier Sickness Fund Act a move was essentially ruled out, but also the new opportunities for collective (group) contracts caused mobility. Accounting for differences in age, gender, and education, mobility among the chronically ill and disabled was as large as mobility in the general population. Among the general population lower premiums and collective offers were the most important reasons to move, while for the chronically ill and disabled the content of the insurance package was more important. Quality of care was not reported as an important reason for mobility (for further detail on this conclusions, see the paper of De Jong, van den Brink-Muinen and Groenewegen, “The Dutch health insurance reform: switching between insurers, a comparison between the general population and the chronically ill and disabled”) . In subsequent years the number of movers is about 4% (as noted in the CVZ’s 2009 report), thus much lower than at the introduction of the new act. Additionally, there is some mobility between contracts within insurers, e.g. from a collective to an individual contract, of about 2% in 2009 and 2010, according to the Vektis’ report.

Consumers’ choice of insurance plans

–          More than half of the population benefits from some group contract. The number of people insured through collective contracts has risen from 53% in 2006 to 57% in 2007, 59% in 2008, 60% in 2009, up to 64.3% in 2010 (Vektis, 2010), which implies that insurers increasingly compete to attract collectives (organized through e.g. employers, municipalities, labor and sports unions, patient organizations) instead of individuals or households. On a collective contract insurers can give a maximum discount of 10% of the standard premium. The average discount is rather stable over time around 7-8% (Vektis, 2010). Representing large bundled groups of insured instead of individuals implies a more powerful position, and therefore it may increase the insurer’s bargaining power with respect to care providers and stimulate efficiency and quality improvements. However, Boone, Douven, Dröge and Mosca, in their paper “Health insurance competition: the effect of group contracts”, find that groups located near the home region of an insurer pay a higher price (obtain less discounts) than other groups, which contradicts the bargaining hypothesis (the former sickness funds had a local monopoly, and even though nowadays they are allowed to sell insurances all over the country, they still have a very strong position in their former monopoly region). It seems that the group discounts are mainly used to attract clients – and in the home region of an insurer, clients tend to come to him also without large discounts. Considerations of increased bargaining power versus providers seem less of an argument for discounts; if bargaining power was the main issue, a lower price in the home region could be expected – because that’s where the bargaining power is largest.

–          Discounts on the standard premium are also possible if clients voluntarily choose a deductible above the mandatory deductible of € 165. Only 6% of the insured chooses an additional deductible. Of those, in 2010 about 26% take the lowest possible additional deductible (€ 100) while 42% choose for the maximally allowed additional deductible of € 500 (Vektis, 2010). Compared with 2009, the percentage of people with the lowest extra deductible decreased, while the maximum deductible has been chosen more often. But despite the shift towards higher voluntary deductibles, the overall number of people who choose for more than the mandatory deductible remains small.

–          Insurance companies are reluctant to design and encourage “preferred provider” plans. Traditionally consumers have health insurance plans that do not exclude any providers; insurers fear a reputation loss if they are stricter in access to non-contracted providers than their competitors (see Van de Ven and Schut’s “Managed competition in the Netherlands: still work-in-progress”). About 70% of the insured have a plan that gives them access to contracted providers only, but due to the nonselective contracting – essentially insurance companies negotiate contracts with all providers – this does not impose restrictions, according to the NZa’s report “Monitor Zorgverzekeringsmarkt 2009. Trends en acties van de NZa”. Furthermore, also care from non-contracted providers is often (partially) reimbursed, although a rapid change can be observed here. In 2007, 50% of the clients had a 100% reimbursement when using non-contracted providers. In 2009, only 28% enjoys full reimbursement for non-contracted care, 38% is reimbursed for 80% of the costs, and 32% receives less than 80% of the costs of non-contracted care (see the NZa’s report). However, as long as selective contracting is not practiced, the financial consequences of a plan with reduced reimbursement for non-contracted care are small.

Source: The National Congress on Health Reform

–          The basic health insurance is mandatory, but people are free to purchase supplementary insurance for care that is not covered by the basic insurance. Insurers are free to design supplementary insurance plans, and also determine the acceptance rules. Comparison of available supplementary packages is therefore more difficult than the comparison of basic insurance plans. About 90% of total health care costs are covered by the basic package, leaving only 10% for supplementary care, as noted by Boone and his coauthors in the paper above. The most common supplementary packages cover physiotherapy, dental care, and/or alternative care. The large majority of the population has some form of supplementary insurance, but the number has slowly decreased from 93% in 2006 to 86% in 2010 (NZa, 2009; Vektis, 2010). Among the people with an individual contract we find more without supplementary insurance (17%) than among those with a collective contract (12%). It is permitted to obtain the supplementary insurance with another insurer then the basic insurance, but in practice less than 1% has different insurers for the two (Vektis, 2010). The average premium for the supplementary insurances has gone up from € 290 in 2006 to € 362 in 2009, a price increase that is much larger than the growth of the premiums for the basic package (NZa, 2009). Although legally the acceptance obligation only exists for the basic insurance package, until now the insurers have been generous in accepting clients for supplementary insurance (NZa, 2009). It is unlikely that the generous acceptance for supplementary insurance will continue forever, and due to the joint selling with the basic insurance plan, this may limit mobility.

It is clear that the introduction of managed (or: regulated) competition by the implementation of the Health Insurance Act has caused many changes in the health care sector, but also that it is an ongoing process, as van de Ven and Schut show. Despite the low mobility, trends towards collective contracts, higher deductibles, and less supplementary insurances suggests that people are looking for ways to reduce their expenditures on health insurance. Despite the insurer’s market power, the premiums are still insufficient to cover the costs of the delivered care. Presuming that insurers in the long run won’t be willing to loose money on the basic insurance, they can increase premiums but also they can decide to exercise their market power when purchasing care from the providers. Especially on the providers’ side more reforms are required to improve competition. In the next contribution I plan to focus at the role of the health care providers.

Edwin van Gameren es Doctor en Economía por la Vrije Universiteit Amsterdam (Holanda). Actualmente labora como profesor – investigador en El Colegio de México.

01
Jul
10

Agenda ciudadana. La Academia en tiempos de incertidumbre

Por Lorenzo Meyer

Indicadores de la Crisis. Que las cosas no marchan bien en este país es evidente: la nave está dañada y sin timón. El entorno internacional amenaza con pasar de la recesión a la “depresión larga” (Paul Krugman dixit) y la economía nacional apenas si crece; por eso las oportunidades de empleo son tan escasas como la honestidad de los responsables políticos. Las instituciones, de la presidencia al congreso o a la Suprema Corte, yerran tanto o más que aciertan. México tiene más multimillonarios de nivel mundial que nunca, pero su añeja desigualdad social se perpetúa.

Las cifras de víctimas del crimen organizado y de drogadictos mexicanos jóvenes van en ascenso. En vísperas del mega proceso electoral en 12 estados, es claro que en forma y fondo, la lucha partidista ya devino en un muestrario de prácticas ilegales e ilegítimas que sepultaron el espíritu democrático y, para colmo, en vísperas de esa jornada electoral el crimen organizado asesina a plena luz al candidato puntero en Tamaulipas. La conmemoración del bicentenario del inicio de la independencia y el centenario del inicio de la Revolución Mexicana tienen lugar más como un proceso burocrático que como auténtico momento de reflexión colectiva. Se echó mano de la vieja fórmula de pan y circo –el futbol- y ésta se vino abajo estrepitosamente, agudizando una depresión colectiva. Y la lista de indicadores de una crisis sistémica se puede duplicar o triplicar.

Ante un panorama tan turbio, algunos miembros de El Colegio de México, decidieron reunirse para discutir qué papel puede y debe jugar, si es que alguno, la comunidad académica mexicana en una coyuntura como la actual.

Las Universidades. La universidad actual es una institución que tiene su origen en la Europa Occidental, en las comunidades medievales de studia generalia que convocaban a estudiantes y profesores de toda Europa para ahondar en el campo del conocimiento erudito de la época. La primera universidad propiamente dicha se creó en Boloña a finales del siglo XI y a partir de ahí estas instituciones se multiplicaron y evolucionaron hasta ser lo que son hoy: complejas organizaciones públicas o privadas dedicadas, en principio, a ahondar de manera sistemática y racional en los campos del conocimiento científico y de las artes para trasmitir y poner en práctica ese conocimiento.

Las primeras corporaciones medievales de maestros y estudiantes eran bastante libres y fluidas, pero con el paso del tiempo la iglesia –y luego las iglesias- y los monarcas las financiaron y supervisaron para, siglos después, pasar a depender del Estado o de instituciones privadas pero certificadas por el Estado. Hoy, es impensable una nación moderna sin un conjunto de universidades, pues es ahí, aunque no solamente ahí, donde se desarrollan todas las disciplinas científicas y una parte de las artes y donde, además, se prepara a las élites que servirán para administrar al Estado y a buena parte de las empresas privadas e instituciones culturales.

El Conflicto entre la Ética y los Intereses. En principio y en el campo de las ciencias, la comunidad académica debe regir su conducta en función de su meta final: la búsqueda sistemática del conocimiento mediante los instrumentos científicos que tiene a su disposición cada disciplina y conduciéndose con la máxima imparcialidad posible.

De entrada, este modelo ideal tiene un problema de fondo: la objetividad. Algunos filósofos de la ciencia cuestionan que ésta sea posible pero eso no libera al científico de intentar alcanzarla. En las ciencias sociales es claramente imposible esperar una objetividad completa pero, con todo, debe de intentarse; es en el intento donde está la esencia del compromiso académico.

Política y Academia. Max Weber, el sociólogo alemán, planteó las diferencias irreductibles entre la ética del político y del científico. Medio siglo más tarde, en un artículo del New York Review of Books, otro alemán, el profesor Hans Morgenthau, retomó el tema de manera más directa: el análisis académico de los problemas sociales y, en particular del poder, en la medida en que es fiel a su esencia, tiene que ser subversivo y chocar con el interés del político. Y esto es así tanto en el caso de los académicos que abiertamente desaprueban el status quo como de aquellos que le apoyan. Todo análisis académico de lo social, sea radical, conservador o se encuentre en el medio, resulta incómodo para el poder político, aunque más el primero que los segundos.

La razón de la imposibilidad de compaginar los intereses de la academia y la política es simple. Para quienes ejercen o buscan el poder, lo importante es que el diagnóstico de la realidad le sea útil como instrumento para legitimar su posición y deslegitimar la de sus adversarios. Para el político, si los argumentos que explican la naturaleza de un problema o situación son falsos o verdaderos, acertados o erróneos, es un asunto secundario, lo importante es si sirven o perjudican a su discurso político, si son o no útiles en la lucha por el poder. Aquí, la verdad sólo es útil en la medida en que se le puede instrumentar.

En contraste con el político, el académico está entrenado para detectar e informar sobre las fallas en el orden existente, cualquiera que sea. Esa es parte de su función social. Como no existe el arreglo político-social perfecto, en principio cualquiera puede ser mejorado. Para el radical el mejoramiento implica deshacer, subvertir lo existente, en tanto que para el moderado y para el conservador, de lo que se trata es de descubrir las fallas para luego proponer las soluciones y ayudar así a preservar la esencia de lo existente. Pero lo importante, es que en los dos casos la crítica a eso existente es inevitable, aunque por razones distintas. Como sea, y en la medida en que el académico se exprese, va a causar problemas al político. Por eso, cuando un académico entra a la política su razonamiento cambia, pues las exigencias de su nueva actividad no son compatibles con las de la anterior y viceversa.

Tensión. Ningún país moderno puede prescindir de sus universidades, aunque parte de sus actividades incomoden o irriten al político profesional, sea que esté en el poder o en la oposición. En un mundo autoritario, se usa de la fuerza para controlar la actividad de la comunidad académica. En contraste, en un entorno democrático, la tensión entre el discurso y, sobre todo, entre la práctica política de cualquier ideología y el quehacer académico no se puede evitar. Pero sí se  puede y debe manejar constructivamente en beneficio de quien, en última instancia, provee de recursos y es la razón de ser tanto de la política como de la universidad: la sociedad en su conjunto.

Es más, universidad y poder político pueden cooperar sin que ninguno pierda su esencia, pero sólo a condición de que los académicos no se dobleguen en métodos y conclusiones a las demandas de los políticos. Los estudios académicos encomendados por las instituciones estatales son comunes, pero para ser útiles deben ceñirse a los cánones de su disciplina. Si el resultado no agrada a quien encomendó el estudio, el problema es de él, no del estudioso.

En Situaciones de Crisis. En tiempos normales, la agenda de la comunidad académica está o debe de estar regida por las exigencias de la formación de los estudiantes y de la ampliación del campo del conocimiento, sin preocuparse mucho por la relevancia práctica e inmediata de ese esfuerzo. En el largo caminar, directa o indirectamente, el aumento del conocimiento –ya sea de las hormigas tambochas, de las partículas subatómicas o de los gobiernos locales en un sistema federal– ayuda, si está bien dirigido, a mejorar la calidad de la vida individual y colectiva.

En contraste, en tiempos trastornados, como son hoy los mexicanos, la actividad académica debe buscar explicaciones y salidas a la contingencia y analizar, ya no tanto lo científicamente importante, como lo socialmente urgente. Claro que las posibilidades dependen del carácter de las disciplinas particulares pues, por caso, la exigencia no puede ser la misma para la astronomía que para la sociología. Es necesario explicar las disfuncionalidades y proponer soluciones en los campos de la política, la estructura social, la económica, la cultural, la legal y de muchas otras áreas problemáticas. Ello contribuiría a encauzar la discusión pública desde perspectivas no partidistas sino más generales e informadas.

Si la guerra es un asunto demasiado importante como para dejarlo en manos de los generales, la solución de una crisis nacional es demasiado importante como para dejarla en manos de los políticos… especialmente de los nuestros.

Lorenzo Meyer es Doctor en Relaciones Internacionales por El Colegio de México, actualmente labora como profesor-investigador en el Centro de Estudios Internacionales (CEI) de El Colegio de México y participa en el programa Primer Plano en Once TV.

26
Jun
10

Mensaje de Antonio Yúnez Naude, Director del CEE

Para nosotros, profesores-investigadores del Centro de Estudios Económicos y en lo personal, es un gran gusto que todos nuestros estudiantes de la promoción 2008-2010, hayan concluido con éxito el cuarto y último semestre de su maestría en economía, y que estén por titularse.

Mis más sinceras y cordiales felicitaciones a nuestros graduados: Brisna M. Beltrán Pulido, Salvador Flores Santillán, Andrés G. Hincapié Noreña, Curtis Huffman Espinosa, Pedro Ibarra Contreras, Rosa Isabel Islas Arredondo, Silvia E. Meza Martínez, Javier Morales Porchini, José Luis Luna Alpízar, Mariana de la Paz Pereira López, Juan S. Pereyra Barreiro, Rubén Irvin Rojas Valdés, Alma S. Santillán Hernández, Jaime Andrés Sarmiento y Freddy D. Urbina Romero.

A ellos les deseo el éxito que se merecen en la continuación de su formación académica y en su carrera profesional; también lo mejor en su vida personal.

Me uno a los miembros del equipo de Blog “Puerta del CEE” para felicitar a los estudiantes que recibieron reconocimientos especiales durante sus estudios de maestría en nuestro centro.

  • Brisna Beltrán Pulido, Isabel Islas Arredondo e Irvin Rojas Valdés obtuvieron la Beca del Centro de Estudios Espinosa Yglesias de su II Programa de Becarios, que además publicará sus trabajos en un libro sobre movilidad social en México, cuyos títulos son, respectivamente: “Implicaciones de la movilidad social en las preferencias políticas y el apoyo a políticas asistencialistas en México”, “Medición de la pobreza multidimensional desde un enfoque intergeneracional” y “Transmisión intergeneracional del ingreso en México”.
  • A Juan S. Pereyra Barreiro le fue otorgado el Premio del Fondo Patrimonial de El Colegio de México por el mejor promedio durante el 3er semestre de nuestra maestría; y Mariana de la Paz Pereira López lo obtuvo para el 4º semestre del mismo programa.
  • Andrés Hincapié Noreña fue seleccionado para gozar de una de las Fox International Fellowships at the Whitney and Betty MacMillan Center for International and Area Studies at Yale. Con esta beca hará una estancia de un año en la Universidad de Yale para hacer investigación y compartir experiencias con estudiantes de otras 10 universidades del mundo.

Antonio Yúnez Naude es el Director del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México

23
Jun
10

Los políticos mexicanos y los filtros perversos de selección

Por Gonzalo  Castañeda   

Hace unas cuantas semanas fui invitado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) para participar en la evaluación de las propuestas de los candidatos a gobernador por los Estados de Puebla e Hidalgo. En el proceso de evaluación participaron 24 expertos divididos en tres paneles: estado de derecho, administración pública y desarrollo político; economía y desarrollo sustentable; desarrollo político y social. Los candidatos evaluados fueron Xóchitl Gálvez Ruíz y Francisco Olvera Ruiz por el Estado de Hidalgo, y Rafael Moreno Valle y Javier López Zavala por el Estado de Puebla. Las evaluaciones se realizaron a partir de información disponible en las siguientes fuentes: plataformas que los candidatos de cada estado registraron en sus respectivos Institutos Electorales, programas y planes que han subido a sus páginas de Internet, folletería de campaña y documentación adicional que algunos de ellos hicieron llegar al CEEY.   

A todos los candidatos se les avisó con la suficiente antelación que sus programas de gobierno serían evaluados, detallando en la convocatoria los temas específicos que serían tomados en cuenta. Asimismo se les comentó que los expertos darían una calificación numérica considerando los siguientes aspectos: calidad del diagnóstico, consistencia de la propuesta, factibilidad técnica, económica y política, y mecanismos de implementación. De esta manera, el centro abrió la posibilidad de que los candidatos y sus grupos de asesores reaccionaran y presentaran una propuesta  más elaborada. Cabe mencionar que sólo dos de ellos (Moreno Valle y Francisco Olvera) presentaron información adicional en la que respondieron con mayor precisión a los rubros planteados por el centro   

Si bien las calificaciones numéricas y los comentarios pormenorizados de los distintos subtemas se encuentran disponibles en la página del CEEY. En las siguientes tablas se presentan los resultados sintéticos de las evaluaciones en una escala del 1 al 10. 

Candidatos del Estado de Puebla

Candidatos del Estado de Puebla

Candidatos del Estado de Hidalgo

Candidatos del Estado de Hidalgo

 

Como se desprende de las tablas anteriores, las propuestas de los cuatro candidatos obtuvieron calificaciones muy bajas por parte de los tres paneles de expertos. El desempeño más pobre es el de la propuesta de Xóchitl Gálvez con una nota promedio de 3.37, y el mejor desempeño relativo corresponde a la plataforma de Rafael Moreno Valle quién  recibió dos calificaciones con la mínima nota aprobatoria. Al participar en el panel de economía me percaté que este candidato es el único que elaboró su propuesta  a partir de un diagnóstico inicial –no necesariamente acertado- y haciendo un uso más sistematizado de datos e información dura.  Diferencia que quizás se deba a su experiencia como Secretario de Finanzas del Estado de Puebla durante la administración de Melquiades Morales. Los encargados de esta cartera del gabinete están acostumbrados a realizar planes de desarrollo y evaluaciones de proyectos que le son requeridos por el gobierno federal para poder asignarles recursos.     

Cabe enfatizar que todas las propuestas  sobre temas económicos están plagadas de lugares comunes: el desarrollo empresarial mediante la promoción a las PYMES y la creación de incubadoras de empresas, el desarrollo tecnológico a partir de CONACYT locales y vínculos universidad-empresa, la necesidad de un crecimiento en armonía con el medio ambiente y la globalización de los mercados. Por lo que las propuestas carecen de tiempo y espacio, es decir, la propuesta de un candidato en un estado se podría fácilmente confundir con la de un candidato que participó en las elecciones de otro estado hace seis años.   

De igual forma, en las plataformas presentadas es frecuente encontrar frases sin sentido como “la necesidad de promover a la industria para fortalecer el desarrollo industrial del estado”, y un sin fin de buenos deseos sin precisar la forma en que éstos se pueden alcanzar: más empleo, mayor crecimiento, menos pobreza.  También es común encontrar severas inconsistencia entre una línea y la que le sigue: “remover el pago de tenencias y llevar a cabo un programa de infraestructura carretera”. Otro de los patrones detectados es el desconocimiento que los candidatos tienen sobre si un asunto es de competencia federal o local; en particular resalta el mal manejo que se tiene sobre cuestiones relacionadas con las participaciones fiscales y el uso de recursos para financiar el desarrollo regional.   

Ante la pobreza de todas las propuestas surge la necesidad de reflexionar sobre el poco interés que tienen los candidatos para realizar su trabajo. No se trata de un asunto de falta de recursos ya que las sumas aportadas por el estado mexicano para realizar sus campañas son considerables. Con menos de 4 millones de pesos los contendientes hubieran fácilmente financiado la elaboración de propuestas más coherentes recurriendo a empresas de consultorías y centros de investigación en las universidades. Resulta evidente que los candidatos no consideran importante estructurar una buena plataforma ya que a su entender el triunfo electoral no reside en la calidad de las propuestas sometidas. Quizás su juicio es acertado ya que los medios no están interesados en difundir propuestas ni los ciudadanos en oírlas, por lo que el éxito de una campaña tiene más que ver con la mercadotecnia política, el eslogan contagioso, la crítica puntillosa, la promesa más atrevida e, indudablemente, la manipulación de votantes mediante dineros públicos.   

Sin embargo, resulta evidente que una condición necesaria para que un gobernador realice una buena gestión consiste en contar con un buen programa de gobierno, en el que se estructure el diagnóstico, la consistencia, la factibilidad y los mecanismos de implementación de acciones. Se podría argumentar que los candidatos son conscientes de ello, y que una vez ganada la elección pondrán a su equipo a trabajar en la elaboración del programa. Por lo que, desde su particular óptica, conviene articular una campaña mercadotécnica que “venda” al candidato antes de poner en lápiz y papel propuestas concretas.    

Independientemente de que esta actitud sea racional desde la óptica de los contendientes, es un sin sentido para los partidos políticos en un sistema democrático y para la ciudadanía en general. ¿De qué manera logra un partido que su candidato para gobernador tenga altas probabilidades de realizar una buena gestión? Los partidos en un sistema democrático deben tener un horizonte de planeación mucho más largo que el de los candidatos a un puesto de elección popular. Una buena administración por parte de un gobernador le ofrece a su partido mayores posibilidades de resultar victorioso en una nueva contienda que las generadas con la mercadotecnia política.   

Por lo tanto, los partidos deben tener filtros para elegir buenos candidatos, uno de ellos es su experiencia previa en otros puestos públicos –ante la inexistencia de la reelección- pero otro más es la exigencia de que sus candidatos elaboren buenas propuestas, las que en una primera etapa deben ser puestas al escrutinio de sus afiliados y, posteriormente, al de la sociedad en su conjunto. La elaboración de plataformas de gobierno no es un asunto de reglamentación electoral, los Institutos Electorales  -a nivel federal y estatal- lo requieren, pero como muchas otras regulaciones terminan siendo simples trámites burocráticos. Difícilmente se puede regular la calidad, por lo que la estructuración de buenas plataformas debería ser un asunto del máximo interés de los partidos democráticos para incrementar sus posibilidades de éxito en sucesivas contiendas electorales.   

¿Por qué  esto no ocurre en México, en donde garantizar una buena gestión con criterios estrictos de selección es muy importante dada la falta de profesionalismo de nuestros políticos? La respuesta a este interrogante parece estar en el hecho de que el país no cuenta con partidos democráticos, interesados por ganar elecciones pero también en ofrecer respuestas a las inquietudes de los votantes. El sistema de partidos mexicano no está estructurado de esta forma, la verticalidad de estas organizaciones –de cualquier ideología política- y sus esquemas clientelares carecen de filtros apropiados para seleccionar candidatos que tengan una verdadera vocación de servicio, que cuenten con una visión de estado y que sean competentes en las tareas de administración pública.   

En México existe un fuerte problema de selección perversa, en tanto que la gente que ‘pasa’ los filtros de los partidos para cubrir puestos públicos –ya sea por elección o designación- no tiene los atributos de moralidad y competencia para desempeñarse adecuadamente. La obtención de un puesto o una candidatura no es un asunto de honestidad y méritos, sino de una moralidad relajada en la que no se actúa por principios sino por unidad con el partido o por lealtad hacia el mentor o mecenas. El conocimiento, los méritos y la eficacia pasan a segundo término cuando las argumentaciones y las propuestas contradicen el sentir del partido o las preconcepciones de los líderes morales y jerarcas de los partidos. Por lo tanto, los líderes visionarios, los administradores competentes y las personas íntegras con profunda conciencia social difícilmente logran alcanzar puestos de gran importancia en este país.

Gonzalo Castañeda Ramos es Doctor en Economía por la Universidad de Cornell, actualmente labora como profesor investigador en El Colegio de México




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