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22
Sep
10

Sobre el estudio de la movilidad social y la nueva evidencia para México

Por Irvin Rojas

Cuando decimos que un objeto se mueve es porque podemos definir un espacio geométrico y un grupo de cuerpos de referencia para describir el movimiento de los demás cuerpos con respecto a estos cuerpos de referencia en el espacio. De la misma manera, se entiende por movilidad social al cambio relativo de los individuos en la jerarquía social. Los sociólogos definen la jerarquía social con respecto a la pertenencia de los individuos a una clase ocupacional o a una clase política. Los economistas, en cambio, utilizan el nivel de ingresos para definir la jerarquía social. Estas dimensiones definen la estratificación social. Aunque estas tres dimensiones sociales se traslapan y muchas veces son redundantes, no es raro que los hombres más ricos no ocupen las posiciones más altas de la jerarquía política, como hace notar el sociólogo ruso Pitirim Sorokin, uno de los precursores del estudio de la movilidad social.

Los primeros estudios de movilidad social analizan el proceso con un enfoque sociológico y de economía política, empleando como herramienta fundamental la matriz de transición de clases ocupacionales. Una matriz de transición es una matriz de cuadrada de dimensión n en la que el j-ésimo elemento de la i-ésima columna denota la proporción de padres de la j-ésima clase social cuyos hijos se movieron a la i-ésima clase social. Es decir, la matriz representa las probabilidades de transición de una clase social a otra, en una generación.  Se interpretaban estos movimientos como respuestas al sentido de pertenencia de clase de ciertos grupos (por ejemplo, William Sewell en “Social Mobility in a Nineteenth-Century European City” atribuye la baja movilidad de los obreros en la Marsella del siglo XIX a su conciencia de clase y su desprecio por los trabajos burgueses), por las aspiraciones de la pequeña burguesía que simpatizaban con el individualismo y la propiedad privada, o a un proceso de “cortar las raíces”, acentuado en los migrantes y los hijos de los campesinos, quienes al liberarse de sus lazos familiares, respondían más a los incentivos para abandonar la ocupación de sus padres. La Figura 1 muestra una típica matriz de transición, para el caso de Inglaterra (1949).

Más recientemente, los estudios de movilidad social interpretan los movimientos en la matriz de transición como respuesta a elementos de mercado, esencialmente, como respuesta a diferencias en la escolaridad alcanzada por los hijos.

En el caso de México, Fernando Cortés y Agustín Escobar, por ejemplo, estudian la movilidad social para una muestra urbana con una matriz de transición modificada que evalúa la probabilidad de que un individuo alcance el estrato social más alto, condicional al estrato social de pertenencia del padre. En su artículo “Movilidad social intergeneracional en el México Urbano”, estos autores concluyen que a partir de 1988 se presenta un descenso en las oportunidades de todos los estratos sociales para ascender a la clase social más alta, lo cual se atribuye al cambio “en el modelo de acumulación”. Además, este estrechamiento de las oportunidades fue mayor para las clases sociales más bajas, lo cual, de acuerdo a los autores, es un indicador “de creciente desigualdad y de un aumento de la barrera que separa los logros de las clases superiores e intermedias respecto a los obreros, empleados de bajo nivel de los servicios y de los agricultores en general”.

Los economistas han seguido una estrategia alternativa para analizar la movilidad social. Gary Becker y Niegel Tomes, en su influyente artículo “An Equilibrium Theory of the Distribution of Income and Intergenerational Mobility”, formalizan la transmisión intergeneracional del ingreso de padres a hijos empleando un modelo en el que los padres maximizan su utilidad, que depende de su nivel de consumo y del ingreso de su descendencia. Un resultado de esta teoría es la conocida regresión de Galton – Becker – Solon, que define el ingreso de cada hijo en función del ingreso del padre:

yH = α + βyP + uH

Con este resultado, los primeros estudios de transmisión intergeneracional estiman la elasticidad intergeneracional del ingreso, conocida en la literatura como “beta intergeneracional”, con una regresión por mínimos cuadrados en la que una medida logarítmica del ingreso de los hijos se explica por una medida logarítmica del ingreso de los padres y un término de error, controlando por la edad tanto de los padres como de los hijos, empleando datos en forma de panel. La metodología para la estimación con datos en panel es revisada por Gary Solon, quien en su artículo “Intergenerational Income Mobility in the United States” expone los problemas presentes en los primeros estudios y propone el método hoy popular en la literatura.

En muchos países la carencia de datos en forma de panel supone un obstáculo para la estimación de la elasticidad intergeneracional. Para salvar esta dificultad, Björklund y Jäntti en su influyente artículo “Intergenerational income mobility in Sweden compared to the United States” proponen usar dos muestras de sección cruzada, una para padres y otra para hijos, empleando mínimos cuadrados en dos etapas en dos muestras. La idea es construir un “padre sintético” para cada individuo de la muestra de hijos, empleando los coeficientes de regresión de una primera etapa en la que se explica el ingreso del padre por medio de su nivel educativo y su ocupación.

En mi trabajo “Transmisión Intergeneracional del Ingreso en México” empleo el mismo método para estimar la elasticidad intergeneracional en México usando los datos de la Encuesta de Movilidad Social 2006 del Centro de Estudios Espinosa Yglesias y la Encuesta de Ingreso y Gasto de los Hogares 1992 del INEGI. Los resultados arrojan una estimación de la beta intergeneracional de 0.31. La Figura 2 muestra los resultados obtenidos para distintos países empleando una metodología similar. Los resultados implican un mayor grado de movilidad social en México que en todos los países en desarrollo con estudios comparables.

Los resultados parecen sorprendentes si consideramos que México sigue siendo uno de los países con mayor desigualdad del ingreso en América Latina (ver el “Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2010”). Es probable que la cobertura educativa gratuita esté actuando a favor de los individuos menos habilidosos, abriéndoles mayores oportunidades de romper los lazos familiares. Esto se establece en el trabajo al rechazar la presencia de restricciones de crédito en la muestra disponible. (Se dice que un agente enfrenta una restricción de crédito si el monto de inversión óptima, aquel con el que maximiza su utilidad o beneficio, es tal que no puede afrontarlo con sus recursos disponibles y tampoco tiene la posibilidad de endeudarse).

La movilidad social es un tema en el que falta mucho por investigar. La disponibilidad de encuestas en forma de panel y con información sobre muchas otras características de los individuos a lo largo de varias generaciones representa una oportunidad para analizar la movilidad social de una manera cada vez más completa. Por ejemplo, la transmisión del coeficiente intelectual (IQ) y la habilidad, de la salud, de las actitudes y el comportamiento social, del consumo y de la riqueza, entre otros. Entender los mecanismos detrás de la transmisión intergeneracional es el siguiente paso para proponer mejores políticas públicas, encaminadas a promover la igualdad de oportunidades.

Fuente: “Measuring Social Mobility”, de Sigbert Jon Prais (1955)

Fuente: Elaboración propia con los datos de la Tabla 2 en “Intergenerational Income Mobility in a Less Developed, High-Inequality Context: The Case of Chile”, de Nunez y Miranda (2010), y los resultados para México citados en el texto.

Rubén Irvin Rojas Valdés es candidato a Maestro en Economía por El Colegio de México.

08
Sep
10

“Experimantalistas” vs “estructuralistas”.

En preparación de mis clases de Maestría este semestre, he leído con gusto varios artículos sobre el debate entre “Experimentalistas” vs “Estructuralistas”. Les llamo así simplemente para identificarlos, y no con un tinte despectivo y mucho menos. De hecho, algunos nombres que mencionaré podrían estar de acuerdo en estar en ambos lados. El último número del Journal of Economic Perspectives incluye una interesante discusión sobre estos dos grupos (el paper de Angrist y Pischke (2010) puede ser visto aquí por ejemplo). Noam Scheiber en la revista The New Republic tiene un buen resumen sobre dos diferentes visiones de la economía. También el último número del Journal of Economic Literature contiene una interesante discusión entre Guido Imbens y Angus Deaton, y en formato electrónico aquí o acá. En esta entrada de blog, daré un muy breve resumen de los artículos y una opinión al respecto.

Los “experimentalistas” (Josh Angrist, Pischke, Esther Duflo, Banerjee) argumentan que debemos preocuparnos por el efecto causal de una variable sobre otra, no en correlaciones. Por ejemplo, si queremos conocer el efecto de la educación sobre los salarios, o el efecto de un programa de gobierno en salarios o pobreza, lo mejor que podemos hacer es un experimento aleatorio, y en su defecto una estrategia de identificación adecuada para obtener el efecto causal deseado. De esta forma, se minimizan los sesgos posibles y podemos tener lo que se conoce como “validez interna” (efecto causal) en la estimación. Este grupo de economistas argumentan que es más importante preocuparse por la validez interna que por otra cosa. Entonces esto ha llevado a que la investigación económica se limite a un contexto donde sea posible conseguir validez interna.

De esta forma Angrist y Pischke (2010) critican el estado de la Macroeconomía y Organización Industrial. Porque estas áreas no han evolucionado en buscar métodos más rigurosos para buscar validez interna. En cambio, esas áreas se han enfocado en modelos estructurales, calibración y simulación. Edward Leamer en la serie mencionada arriba del Journal of Economic Perspectives dice que Macroeconomía no puede tener tantos “experimentos” como los que Angrist y Pishcke desean. Su visión es más humilde, menciona que en macroeconomía “We seek patterns and tell stories.”

Por otro lado, Noam Scheiber describe adecuadamente el sentimiento de estudiantes de Doctorado al pensar en temas posibles de tesis y el sentimiento en general de varios economistas. Dados los estándares de publicación, los temas están sujetos a sobre si es posible conseguir validez interna. Esto lleva a que se realicen investigaciones posiblemente sin valor para la ciencia, como dice Raj Chetty en el artículo de Scheiber: “They’re not thinking: ‘What important question should I answer?’ So you get weird papers, like sanitation facilities in Native American reservations.”

Las críticas más duras del grupo de “estructuralistas” al grupo de “experimentalistas” es que no contestan preguntas importantes y que los experimentos sufren de validez externa. En primer lugar, se menciona que los experimentos son en pequeña escala o les falta un marco teórico adecuado, lo cual nos dice poco sobre la conducta de los agentes económicos. Es decir, un efecto económico nos dice poco si no conocemos la función estructural deseada. En segundo lugar, se critica que los experimentos o bien la estrategia de identificación nos da una respuesta sobre un grupo limitado de agentes económicos que no nos sirve para extrapolar los resultados a otras situaciones o contextos.

Ahora mi opinión. Creo que como ciencia económica debemos de aspirar a tener resultados confiables. Por tanto, creo que la validez interna es lo más importante dentro de un estudio económico. De esta forma la crítica sobre validez externa me parece un poco excesiva. Claro que un experimento aleatorio o una estrategia de identificación focalizada no nos brindan una respuesta general para todos los problemas, pero sí brindan una solución a una parte del rompecabezas. Con más investigaciones sólidas es posible formar un consenso sobre la relación económica de interés.

Michael Keane (2010) en su ensayo en el Journal of Economic Perspectives tiene una crítica dura hacia la falta de validez externa. El menciona que los resultados de los “experimentalistas” están sujetos al problema del “so what?”. Es decir, ahora qué hacemos con el efecto encontrado si no conocemos la función estructural. La crítica aplica de la misma forma a modelos estructurales. Creo que un efecto consistentemente estimado es mucho mejor que un efecto derivado de un modelo estructural. En el modelo estructural tenemos que asumir precisamente la función estructural, parámetros, etc. Por lo tanto, en mi opinión, este tipo de modelos están sujetos a la misma crítica.

No veo una conciliación próxima en ambos grupos en el futuro cercano. Al contrario, siento que estas diferencias quedarán marcadas probablemente tanto como la división entre universidades “Fresh water” y “Salt water”. Esperemos que en los siguientes debates haya un piso más común, sin tantas diferencias.

Raymundo Campos Vázquez es Doctor en Economía por la Universidad de California – Berkeley, actualmente labora como profesor – investigador en El Colegio de México.

13
Ago
10

El análisis del capital social en la construcción de la política social

Extendemos la invitación del Centro de Estudios Económicos  para la mesa de Debate a realizarse el próximo lunes 16 de Agosto.

10
Ago
10

Nueva administración en La Puerta del CEE

Como originalmente se planteó, se busca que La Puerta del CEE se consolide como un espacio para la comunicación entre los miembros de la comunidad del Centro de Estudios Económicos y el público externo que considera que en el Centro hay ideas que vale la pena escuchar y debatir.

Por esta razón, El Equipo del Blog pasa la administración de este blog a un nuevo equipo de alumnos del tercer semestre de la Maestría en Economía, quienes desde el día de hoy conducirán a su criterio La Puerta del CEE. Esperamos que los lectores del blog sigan confiando en la calidad del sitio y respalden esta nueva etapa. El nuevo Equipo del Blog está integrado por:

  • David Mendoza
  • Braulio Quevedo
  • Edgar Rodrigo Hernández
  • Luis Alberto Martínez
  • David Briones

Queremos agradecer a las autoridades del Centro de Estudios Económicos por el apoyo para el lanzamiento de La Puerta del CEE en febrero de este año y muy especialmente a todos los profesores e invitados que han contribuido en el blog, pues ellos constituyen la parte fundamental del proyecto.

Atentamente,

Andrés Hincapié e Irvin Rojas.

04
Ago
10

Health Insurance in the Netherlands, Part II: The New Health Insurance Act in Practice

Por Edwin van Gameren

The new Health Insurance Act in the Netherlands (see my contribution of May 28th) was implemented with the intention to combine universal health insurance access with consumer choice and competition among insurers, providing incentives to reduce costs while improving efficiency and quality of care. Now, some four years after the enactment, we can make some observations on its results.

In this contribution I take a look at the market for health insurance and the choices made by consumers.

Competition in the insurance market

–          About 30 insurers offer basic health insurance, with in total about 55 different plans. Herfindahl-Hirschman Indices, measures of market concentration, show that in several provinces there are insurers with substantial –though less than oligopolistic– market power, and the same conclusion is drawn with respect to the purchasing clusters in which insurers cooperate (see for example CVZ’s “Zorgcijfers kwartaalbericht 2008. Financiële ontwikkelingen in de ZVW en AWBZ” and Vektis’ “Zorgthermometer 2010. Verzekerden in beweging”). Further, four large conglomerates – each consisting of several formally independent insurers – had a joint market share of about 80 to 90% in 2006 (for further detail see the paper of Gres, Manouguian and Wasem, “Health Insurance Reform in the Netherlands”). Since 2006, several mergers between insurers occurred, reducing consumers’ choices (see the references above of CVZ and Vektis). On the other hand, also the availability of too many insurance contracts may reduce competition when consumers are not able or willing to take the effort to compare all the available information on insurance contracts (Frank and Lumiraud analyze this fact for Switzerland in “Choice, Price Competition and Complexity in Markets for Health Insurance”).

–          Severe price competition between insurers kept the average annual premium (taking into account group discounts, see below) in 2006 at about € 1027, which was lower than the premiums the government had expected, and resulted in losses for the insurance companies. In 2007 the nominal premium was about 6% higher. In 2008 the premium decreased to an average of € 1040, due to a reform of the deductible. In 2006 and 2007 it was organized as a “no claim reimbursement” where people who had used less than € 255 of care had a part of their premium reimbursed. Since 2008 it is a ‘true’ deductible in the sense that the first € 150 (in 2009/2010: € 165) of health care costs are paid by the consumer. The decrease of premiums also occurred despite an extension of the insured package with short-term ambulatory mental health care, which until 2007 was financed through the insurance for exceptional long-term care (see Mot’s “The Dutch system of long-term care” for details). After a minor increase in 2009, a more substantial growth of the average premium in 2010 resulted in an annual premium of € 1080, according to the Vektis’ report. Further increases can be expected because the annual premium is still below the expenditures on the health care services of the basic package (see a CVZ’s more recent report “Zorgcijfers kwartaalbericht 2009, Financiële ontwikkelingen in de ZVW en AWBZ”).

–          In 2006, with the introduction of the new Health Insurance Act, 19% of the population changed insurers, as described in Smit and Mokveld’s “Verzekerdenmobiliteit en keuzegedrag 2008. Begin of einde van de rust?”. Part of the explanation for the high mobility is that under the earlier Sickness Fund Act a move was essentially ruled out, but also the new opportunities for collective (group) contracts caused mobility. Accounting for differences in age, gender, and education, mobility among the chronically ill and disabled was as large as mobility in the general population. Among the general population lower premiums and collective offers were the most important reasons to move, while for the chronically ill and disabled the content of the insurance package was more important. Quality of care was not reported as an important reason for mobility (for further detail on this conclusions, see the paper of De Jong, van den Brink-Muinen and Groenewegen, “The Dutch health insurance reform: switching between insurers, a comparison between the general population and the chronically ill and disabled”) . In subsequent years the number of movers is about 4% (as noted in the CVZ’s 2009 report), thus much lower than at the introduction of the new act. Additionally, there is some mobility between contracts within insurers, e.g. from a collective to an individual contract, of about 2% in 2009 and 2010, according to the Vektis’ report.

Consumers’ choice of insurance plans

–          More than half of the population benefits from some group contract. The number of people insured through collective contracts has risen from 53% in 2006 to 57% in 2007, 59% in 2008, 60% in 2009, up to 64.3% in 2010 (Vektis, 2010), which implies that insurers increasingly compete to attract collectives (organized through e.g. employers, municipalities, labor and sports unions, patient organizations) instead of individuals or households. On a collective contract insurers can give a maximum discount of 10% of the standard premium. The average discount is rather stable over time around 7-8% (Vektis, 2010). Representing large bundled groups of insured instead of individuals implies a more powerful position, and therefore it may increase the insurer’s bargaining power with respect to care providers and stimulate efficiency and quality improvements. However, Boone, Douven, Dröge and Mosca, in their paper “Health insurance competition: the effect of group contracts”, find that groups located near the home region of an insurer pay a higher price (obtain less discounts) than other groups, which contradicts the bargaining hypothesis (the former sickness funds had a local monopoly, and even though nowadays they are allowed to sell insurances all over the country, they still have a very strong position in their former monopoly region). It seems that the group discounts are mainly used to attract clients – and in the home region of an insurer, clients tend to come to him also without large discounts. Considerations of increased bargaining power versus providers seem less of an argument for discounts; if bargaining power was the main issue, a lower price in the home region could be expected – because that’s where the bargaining power is largest.

–          Discounts on the standard premium are also possible if clients voluntarily choose a deductible above the mandatory deductible of € 165. Only 6% of the insured chooses an additional deductible. Of those, in 2010 about 26% take the lowest possible additional deductible (€ 100) while 42% choose for the maximally allowed additional deductible of € 500 (Vektis, 2010). Compared with 2009, the percentage of people with the lowest extra deductible decreased, while the maximum deductible has been chosen more often. But despite the shift towards higher voluntary deductibles, the overall number of people who choose for more than the mandatory deductible remains small.

–          Insurance companies are reluctant to design and encourage “preferred provider” plans. Traditionally consumers have health insurance plans that do not exclude any providers; insurers fear a reputation loss if they are stricter in access to non-contracted providers than their competitors (see Van de Ven and Schut’s “Managed competition in the Netherlands: still work-in-progress”). About 70% of the insured have a plan that gives them access to contracted providers only, but due to the nonselective contracting – essentially insurance companies negotiate contracts with all providers – this does not impose restrictions, according to the NZa’s report “Monitor Zorgverzekeringsmarkt 2009. Trends en acties van de NZa”. Furthermore, also care from non-contracted providers is often (partially) reimbursed, although a rapid change can be observed here. In 2007, 50% of the clients had a 100% reimbursement when using non-contracted providers. In 2009, only 28% enjoys full reimbursement for non-contracted care, 38% is reimbursed for 80% of the costs, and 32% receives less than 80% of the costs of non-contracted care (see the NZa’s report). However, as long as selective contracting is not practiced, the financial consequences of a plan with reduced reimbursement for non-contracted care are small.

Source: The National Congress on Health Reform

–          The basic health insurance is mandatory, but people are free to purchase supplementary insurance for care that is not covered by the basic insurance. Insurers are free to design supplementary insurance plans, and also determine the acceptance rules. Comparison of available supplementary packages is therefore more difficult than the comparison of basic insurance plans. About 90% of total health care costs are covered by the basic package, leaving only 10% for supplementary care, as noted by Boone and his coauthors in the paper above. The most common supplementary packages cover physiotherapy, dental care, and/or alternative care. The large majority of the population has some form of supplementary insurance, but the number has slowly decreased from 93% in 2006 to 86% in 2010 (NZa, 2009; Vektis, 2010). Among the people with an individual contract we find more without supplementary insurance (17%) than among those with a collective contract (12%). It is permitted to obtain the supplementary insurance with another insurer then the basic insurance, but in practice less than 1% has different insurers for the two (Vektis, 2010). The average premium for the supplementary insurances has gone up from € 290 in 2006 to € 362 in 2009, a price increase that is much larger than the growth of the premiums for the basic package (NZa, 2009). Although legally the acceptance obligation only exists for the basic insurance package, until now the insurers have been generous in accepting clients for supplementary insurance (NZa, 2009). It is unlikely that the generous acceptance for supplementary insurance will continue forever, and due to the joint selling with the basic insurance plan, this may limit mobility.

It is clear that the introduction of managed (or: regulated) competition by the implementation of the Health Insurance Act has caused many changes in the health care sector, but also that it is an ongoing process, as van de Ven and Schut show. Despite the low mobility, trends towards collective contracts, higher deductibles, and less supplementary insurances suggests that people are looking for ways to reduce their expenditures on health insurance. Despite the insurer’s market power, the premiums are still insufficient to cover the costs of the delivered care. Presuming that insurers in the long run won’t be willing to loose money on the basic insurance, they can increase premiums but also they can decide to exercise their market power when purchasing care from the providers. Especially on the providers’ side more reforms are required to improve competition. In the next contribution I plan to focus at the role of the health care providers.

Edwin van Gameren es Doctor en Economía por la Vrije Universiteit Amsterdam (Holanda). Actualmente labora como profesor – investigador en El Colegio de México.

03
Ago
10

The intergenerational transmission of ability in the presence of idiosyncratic schocks to outcomes

Extendemos la invitación del Centro de Estudios Económicos para el seminario. El paper está disponible en la Dirección del CEE.

01
Jul
10

Agenda ciudadana. La Academia en tiempos de incertidumbre

Por Lorenzo Meyer

Indicadores de la Crisis. Que las cosas no marchan bien en este país es evidente: la nave está dañada y sin timón. El entorno internacional amenaza con pasar de la recesión a la “depresión larga” (Paul Krugman dixit) y la economía nacional apenas si crece; por eso las oportunidades de empleo son tan escasas como la honestidad de los responsables políticos. Las instituciones, de la presidencia al congreso o a la Suprema Corte, yerran tanto o más que aciertan. México tiene más multimillonarios de nivel mundial que nunca, pero su añeja desigualdad social se perpetúa.

Las cifras de víctimas del crimen organizado y de drogadictos mexicanos jóvenes van en ascenso. En vísperas del mega proceso electoral en 12 estados, es claro que en forma y fondo, la lucha partidista ya devino en un muestrario de prácticas ilegales e ilegítimas que sepultaron el espíritu democrático y, para colmo, en vísperas de esa jornada electoral el crimen organizado asesina a plena luz al candidato puntero en Tamaulipas. La conmemoración del bicentenario del inicio de la independencia y el centenario del inicio de la Revolución Mexicana tienen lugar más como un proceso burocrático que como auténtico momento de reflexión colectiva. Se echó mano de la vieja fórmula de pan y circo –el futbol- y ésta se vino abajo estrepitosamente, agudizando una depresión colectiva. Y la lista de indicadores de una crisis sistémica se puede duplicar o triplicar.

Ante un panorama tan turbio, algunos miembros de El Colegio de México, decidieron reunirse para discutir qué papel puede y debe jugar, si es que alguno, la comunidad académica mexicana en una coyuntura como la actual.

Las Universidades. La universidad actual es una institución que tiene su origen en la Europa Occidental, en las comunidades medievales de studia generalia que convocaban a estudiantes y profesores de toda Europa para ahondar en el campo del conocimiento erudito de la época. La primera universidad propiamente dicha se creó en Boloña a finales del siglo XI y a partir de ahí estas instituciones se multiplicaron y evolucionaron hasta ser lo que son hoy: complejas organizaciones públicas o privadas dedicadas, en principio, a ahondar de manera sistemática y racional en los campos del conocimiento científico y de las artes para trasmitir y poner en práctica ese conocimiento.

Las primeras corporaciones medievales de maestros y estudiantes eran bastante libres y fluidas, pero con el paso del tiempo la iglesia –y luego las iglesias- y los monarcas las financiaron y supervisaron para, siglos después, pasar a depender del Estado o de instituciones privadas pero certificadas por el Estado. Hoy, es impensable una nación moderna sin un conjunto de universidades, pues es ahí, aunque no solamente ahí, donde se desarrollan todas las disciplinas científicas y una parte de las artes y donde, además, se prepara a las élites que servirán para administrar al Estado y a buena parte de las empresas privadas e instituciones culturales.

El Conflicto entre la Ética y los Intereses. En principio y en el campo de las ciencias, la comunidad académica debe regir su conducta en función de su meta final: la búsqueda sistemática del conocimiento mediante los instrumentos científicos que tiene a su disposición cada disciplina y conduciéndose con la máxima imparcialidad posible.

De entrada, este modelo ideal tiene un problema de fondo: la objetividad. Algunos filósofos de la ciencia cuestionan que ésta sea posible pero eso no libera al científico de intentar alcanzarla. En las ciencias sociales es claramente imposible esperar una objetividad completa pero, con todo, debe de intentarse; es en el intento donde está la esencia del compromiso académico.

Política y Academia. Max Weber, el sociólogo alemán, planteó las diferencias irreductibles entre la ética del político y del científico. Medio siglo más tarde, en un artículo del New York Review of Books, otro alemán, el profesor Hans Morgenthau, retomó el tema de manera más directa: el análisis académico de los problemas sociales y, en particular del poder, en la medida en que es fiel a su esencia, tiene que ser subversivo y chocar con el interés del político. Y esto es así tanto en el caso de los académicos que abiertamente desaprueban el status quo como de aquellos que le apoyan. Todo análisis académico de lo social, sea radical, conservador o se encuentre en el medio, resulta incómodo para el poder político, aunque más el primero que los segundos.

La razón de la imposibilidad de compaginar los intereses de la academia y la política es simple. Para quienes ejercen o buscan el poder, lo importante es que el diagnóstico de la realidad le sea útil como instrumento para legitimar su posición y deslegitimar la de sus adversarios. Para el político, si los argumentos que explican la naturaleza de un problema o situación son falsos o verdaderos, acertados o erróneos, es un asunto secundario, lo importante es si sirven o perjudican a su discurso político, si son o no útiles en la lucha por el poder. Aquí, la verdad sólo es útil en la medida en que se le puede instrumentar.

En contraste con el político, el académico está entrenado para detectar e informar sobre las fallas en el orden existente, cualquiera que sea. Esa es parte de su función social. Como no existe el arreglo político-social perfecto, en principio cualquiera puede ser mejorado. Para el radical el mejoramiento implica deshacer, subvertir lo existente, en tanto que para el moderado y para el conservador, de lo que se trata es de descubrir las fallas para luego proponer las soluciones y ayudar así a preservar la esencia de lo existente. Pero lo importante, es que en los dos casos la crítica a eso existente es inevitable, aunque por razones distintas. Como sea, y en la medida en que el académico se exprese, va a causar problemas al político. Por eso, cuando un académico entra a la política su razonamiento cambia, pues las exigencias de su nueva actividad no son compatibles con las de la anterior y viceversa.

Tensión. Ningún país moderno puede prescindir de sus universidades, aunque parte de sus actividades incomoden o irriten al político profesional, sea que esté en el poder o en la oposición. En un mundo autoritario, se usa de la fuerza para controlar la actividad de la comunidad académica. En contraste, en un entorno democrático, la tensión entre el discurso y, sobre todo, entre la práctica política de cualquier ideología y el quehacer académico no se puede evitar. Pero sí se  puede y debe manejar constructivamente en beneficio de quien, en última instancia, provee de recursos y es la razón de ser tanto de la política como de la universidad: la sociedad en su conjunto.

Es más, universidad y poder político pueden cooperar sin que ninguno pierda su esencia, pero sólo a condición de que los académicos no se dobleguen en métodos y conclusiones a las demandas de los políticos. Los estudios académicos encomendados por las instituciones estatales son comunes, pero para ser útiles deben ceñirse a los cánones de su disciplina. Si el resultado no agrada a quien encomendó el estudio, el problema es de él, no del estudioso.

En Situaciones de Crisis. En tiempos normales, la agenda de la comunidad académica está o debe de estar regida por las exigencias de la formación de los estudiantes y de la ampliación del campo del conocimiento, sin preocuparse mucho por la relevancia práctica e inmediata de ese esfuerzo. En el largo caminar, directa o indirectamente, el aumento del conocimiento –ya sea de las hormigas tambochas, de las partículas subatómicas o de los gobiernos locales en un sistema federal– ayuda, si está bien dirigido, a mejorar la calidad de la vida individual y colectiva.

En contraste, en tiempos trastornados, como son hoy los mexicanos, la actividad académica debe buscar explicaciones y salidas a la contingencia y analizar, ya no tanto lo científicamente importante, como lo socialmente urgente. Claro que las posibilidades dependen del carácter de las disciplinas particulares pues, por caso, la exigencia no puede ser la misma para la astronomía que para la sociología. Es necesario explicar las disfuncionalidades y proponer soluciones en los campos de la política, la estructura social, la económica, la cultural, la legal y de muchas otras áreas problemáticas. Ello contribuiría a encauzar la discusión pública desde perspectivas no partidistas sino más generales e informadas.

Si la guerra es un asunto demasiado importante como para dejarlo en manos de los generales, la solución de una crisis nacional es demasiado importante como para dejarla en manos de los políticos… especialmente de los nuestros.

Lorenzo Meyer es Doctor en Relaciones Internacionales por El Colegio de México, actualmente labora como profesor-investigador en el Centro de Estudios Internacionales (CEI) de El Colegio de México y participa en el programa Primer Plano en Once TV.