Agenda ciudadana. La Academia en tiempos de incertidumbre

Por Lorenzo Meyer

Indicadores de la Crisis. Que las cosas no marchan bien en este país es evidente: la nave está dañada y sin timón. El entorno internacional amenaza con pasar de la recesión a la “depresión larga” (Paul Krugman dixit) y la economía nacional apenas si crece; por eso las oportunidades de empleo son tan escasas como la honestidad de los responsables políticos. Las instituciones, de la presidencia al congreso o a la Suprema Corte, yerran tanto o más que aciertan. México tiene más multimillonarios de nivel mundial que nunca, pero su añeja desigualdad social se perpetúa.

Las cifras de víctimas del crimen organizado y de drogadictos mexicanos jóvenes van en ascenso. En vísperas del mega proceso electoral en 12 estados, es claro que en forma y fondo, la lucha partidista ya devino en un muestrario de prácticas ilegales e ilegítimas que sepultaron el espíritu democrático y, para colmo, en vísperas de esa jornada electoral el crimen organizado asesina a plena luz al candidato puntero en Tamaulipas. La conmemoración del bicentenario del inicio de la independencia y el centenario del inicio de la Revolución Mexicana tienen lugar más como un proceso burocrático que como auténtico momento de reflexión colectiva. Se echó mano de la vieja fórmula de pan y circo –el futbol- y ésta se vino abajo estrepitosamente, agudizando una depresión colectiva. Y la lista de indicadores de una crisis sistémica se puede duplicar o triplicar.

Ante un panorama tan turbio, algunos miembros de El Colegio de México, decidieron reunirse para discutir qué papel puede y debe jugar, si es que alguno, la comunidad académica mexicana en una coyuntura como la actual.

Las Universidades. La universidad actual es una institución que tiene su origen en la Europa Occidental, en las comunidades medievales de studia generalia que convocaban a estudiantes y profesores de toda Europa para ahondar en el campo del conocimiento erudito de la época. La primera universidad propiamente dicha se creó en Boloña a finales del siglo XI y a partir de ahí estas instituciones se multiplicaron y evolucionaron hasta ser lo que son hoy: complejas organizaciones públicas o privadas dedicadas, en principio, a ahondar de manera sistemática y racional en los campos del conocimiento científico y de las artes para trasmitir y poner en práctica ese conocimiento.

Las primeras corporaciones medievales de maestros y estudiantes eran bastante libres y fluidas, pero con el paso del tiempo la iglesia –y luego las iglesias- y los monarcas las financiaron y supervisaron para, siglos después, pasar a depender del Estado o de instituciones privadas pero certificadas por el Estado. Hoy, es impensable una nación moderna sin un conjunto de universidades, pues es ahí, aunque no solamente ahí, donde se desarrollan todas las disciplinas científicas y una parte de las artes y donde, además, se prepara a las élites que servirán para administrar al Estado y a buena parte de las empresas privadas e instituciones culturales.

El Conflicto entre la Ética y los Intereses. En principio y en el campo de las ciencias, la comunidad académica debe regir su conducta en función de su meta final: la búsqueda sistemática del conocimiento mediante los instrumentos científicos que tiene a su disposición cada disciplina y conduciéndose con la máxima imparcialidad posible.

De entrada, este modelo ideal tiene un problema de fondo: la objetividad. Algunos filósofos de la ciencia cuestionan que ésta sea posible pero eso no libera al científico de intentar alcanzarla. En las ciencias sociales es claramente imposible esperar una objetividad completa pero, con todo, debe de intentarse; es en el intento donde está la esencia del compromiso académico.

Política y Academia. Max Weber, el sociólogo alemán, planteó las diferencias irreductibles entre la ética del político y del científico. Medio siglo más tarde, en un artículo del New York Review of Books, otro alemán, el profesor Hans Morgenthau, retomó el tema de manera más directa: el análisis académico de los problemas sociales y, en particular del poder, en la medida en que es fiel a su esencia, tiene que ser subversivo y chocar con el interés del político. Y esto es así tanto en el caso de los académicos que abiertamente desaprueban el status quo como de aquellos que le apoyan. Todo análisis académico de lo social, sea radical, conservador o se encuentre en el medio, resulta incómodo para el poder político, aunque más el primero que los segundos.

La razón de la imposibilidad de compaginar los intereses de la academia y la política es simple. Para quienes ejercen o buscan el poder, lo importante es que el diagnóstico de la realidad le sea útil como instrumento para legitimar su posición y deslegitimar la de sus adversarios. Para el político, si los argumentos que explican la naturaleza de un problema o situación son falsos o verdaderos, acertados o erróneos, es un asunto secundario, lo importante es si sirven o perjudican a su discurso político, si son o no útiles en la lucha por el poder. Aquí, la verdad sólo es útil en la medida en que se le puede instrumentar.

En contraste con el político, el académico está entrenado para detectar e informar sobre las fallas en el orden existente, cualquiera que sea. Esa es parte de su función social. Como no existe el arreglo político-social perfecto, en principio cualquiera puede ser mejorado. Para el radical el mejoramiento implica deshacer, subvertir lo existente, en tanto que para el moderado y para el conservador, de lo que se trata es de descubrir las fallas para luego proponer las soluciones y ayudar así a preservar la esencia de lo existente. Pero lo importante, es que en los dos casos la crítica a eso existente es inevitable, aunque por razones distintas. Como sea, y en la medida en que el académico se exprese, va a causar problemas al político. Por eso, cuando un académico entra a la política su razonamiento cambia, pues las exigencias de su nueva actividad no son compatibles con las de la anterior y viceversa.

Tensión. Ningún país moderno puede prescindir de sus universidades, aunque parte de sus actividades incomoden o irriten al político profesional, sea que esté en el poder o en la oposición. En un mundo autoritario, se usa de la fuerza para controlar la actividad de la comunidad académica. En contraste, en un entorno democrático, la tensión entre el discurso y, sobre todo, entre la práctica política de cualquier ideología y el quehacer académico no se puede evitar. Pero sí se  puede y debe manejar constructivamente en beneficio de quien, en última instancia, provee de recursos y es la razón de ser tanto de la política como de la universidad: la sociedad en su conjunto.

Es más, universidad y poder político pueden cooperar sin que ninguno pierda su esencia, pero sólo a condición de que los académicos no se dobleguen en métodos y conclusiones a las demandas de los políticos. Los estudios académicos encomendados por las instituciones estatales son comunes, pero para ser útiles deben ceñirse a los cánones de su disciplina. Si el resultado no agrada a quien encomendó el estudio, el problema es de él, no del estudioso.

En Situaciones de Crisis. En tiempos normales, la agenda de la comunidad académica está o debe de estar regida por las exigencias de la formación de los estudiantes y de la ampliación del campo del conocimiento, sin preocuparse mucho por la relevancia práctica e inmediata de ese esfuerzo. En el largo caminar, directa o indirectamente, el aumento del conocimiento –ya sea de las hormigas tambochas, de las partículas subatómicas o de los gobiernos locales en un sistema federal– ayuda, si está bien dirigido, a mejorar la calidad de la vida individual y colectiva.

En contraste, en tiempos trastornados, como son hoy los mexicanos, la actividad académica debe buscar explicaciones y salidas a la contingencia y analizar, ya no tanto lo científicamente importante, como lo socialmente urgente. Claro que las posibilidades dependen del carácter de las disciplinas particulares pues, por caso, la exigencia no puede ser la misma para la astronomía que para la sociología. Es necesario explicar las disfuncionalidades y proponer soluciones en los campos de la política, la estructura social, la económica, la cultural, la legal y de muchas otras áreas problemáticas. Ello contribuiría a encauzar la discusión pública desde perspectivas no partidistas sino más generales e informadas.

Si la guerra es un asunto demasiado importante como para dejarlo en manos de los generales, la solución de una crisis nacional es demasiado importante como para dejarla en manos de los políticos… especialmente de los nuestros.

Lorenzo Meyer es Doctor en Relaciones Internacionales por El Colegio de México, actualmente labora como profesor-investigador en el Centro de Estudios Internacionales (CEI) de El Colegio de México y participa en el programa Primer Plano en Once TV.

Los políticos mexicanos y los filtros perversos de selección

Por Gonzalo  Castañeda   

Hace unas cuantas semanas fui invitado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) para participar en la evaluación de las propuestas de los candidatos a gobernador por los Estados de Puebla e Hidalgo. En el proceso de evaluación participaron 24 expertos divididos en tres paneles: estado de derecho, administración pública y desarrollo político; economía y desarrollo sustentable; desarrollo político y social. Los candidatos evaluados fueron Xóchitl Gálvez Ruíz y Francisco Olvera Ruiz por el Estado de Hidalgo, y Rafael Moreno Valle y Javier López Zavala por el Estado de Puebla. Las evaluaciones se realizaron a partir de información disponible en las siguientes fuentes: plataformas que los candidatos de cada estado registraron en sus respectivos Institutos Electorales, programas y planes que han subido a sus páginas de Internet, folletería de campaña y documentación adicional que algunos de ellos hicieron llegar al CEEY.   

A todos los candidatos se les avisó con la suficiente antelación que sus programas de gobierno serían evaluados, detallando en la convocatoria los temas específicos que serían tomados en cuenta. Asimismo se les comentó que los expertos darían una calificación numérica considerando los siguientes aspectos: calidad del diagnóstico, consistencia de la propuesta, factibilidad técnica, económica y política, y mecanismos de implementación. De esta manera, el centro abrió la posibilidad de que los candidatos y sus grupos de asesores reaccionaran y presentaran una propuesta  más elaborada. Cabe mencionar que sólo dos de ellos (Moreno Valle y Francisco Olvera) presentaron información adicional en la que respondieron con mayor precisión a los rubros planteados por el centro   

Si bien las calificaciones numéricas y los comentarios pormenorizados de los distintos subtemas se encuentran disponibles en la página del CEEY. En las siguientes tablas se presentan los resultados sintéticos de las evaluaciones en una escala del 1 al 10. 

Candidatos del Estado de Puebla

Candidatos del Estado de Hidalgo

 

Como se desprende de las tablas anteriores, las propuestas de los cuatro candidatos obtuvieron calificaciones muy bajas por parte de los tres paneles de expertos. El desempeño más pobre es el de la propuesta de Xóchitl Gálvez con una nota promedio de 3.37, y el mejor desempeño relativo corresponde a la plataforma de Rafael Moreno Valle quién  recibió dos calificaciones con la mínima nota aprobatoria. Al participar en el panel de economía me percaté que este candidato es el único que elaboró su propuesta  a partir de un diagnóstico inicial –no necesariamente acertado- y haciendo un uso más sistematizado de datos e información dura.  Diferencia que quizás se deba a su experiencia como Secretario de Finanzas del Estado de Puebla durante la administración de Melquiades Morales. Los encargados de esta cartera del gabinete están acostumbrados a realizar planes de desarrollo y evaluaciones de proyectos que le son requeridos por el gobierno federal para poder asignarles recursos.     

Cabe enfatizar que todas las propuestas  sobre temas económicos están plagadas de lugares comunes: el desarrollo empresarial mediante la promoción a las PYMES y la creación de incubadoras de empresas, el desarrollo tecnológico a partir de CONACYT locales y vínculos universidad-empresa, la necesidad de un crecimiento en armonía con el medio ambiente y la globalización de los mercados. Por lo que las propuestas carecen de tiempo y espacio, es decir, la propuesta de un candidato en un estado se podría fácilmente confundir con la de un candidato que participó en las elecciones de otro estado hace seis años.   

De igual forma, en las plataformas presentadas es frecuente encontrar frases sin sentido como “la necesidad de promover a la industria para fortalecer el desarrollo industrial del estado”, y un sin fin de buenos deseos sin precisar la forma en que éstos se pueden alcanzar: más empleo, mayor crecimiento, menos pobreza.  También es común encontrar severas inconsistencia entre una línea y la que le sigue: “remover el pago de tenencias y llevar a cabo un programa de infraestructura carretera”. Otro de los patrones detectados es el desconocimiento que los candidatos tienen sobre si un asunto es de competencia federal o local; en particular resalta el mal manejo que se tiene sobre cuestiones relacionadas con las participaciones fiscales y el uso de recursos para financiar el desarrollo regional.   

Ante la pobreza de todas las propuestas surge la necesidad de reflexionar sobre el poco interés que tienen los candidatos para realizar su trabajo. No se trata de un asunto de falta de recursos ya que las sumas aportadas por el estado mexicano para realizar sus campañas son considerables. Con menos de 4 millones de pesos los contendientes hubieran fácilmente financiado la elaboración de propuestas más coherentes recurriendo a empresas de consultorías y centros de investigación en las universidades. Resulta evidente que los candidatos no consideran importante estructurar una buena plataforma ya que a su entender el triunfo electoral no reside en la calidad de las propuestas sometidas. Quizás su juicio es acertado ya que los medios no están interesados en difundir propuestas ni los ciudadanos en oírlas, por lo que el éxito de una campaña tiene más que ver con la mercadotecnia política, el eslogan contagioso, la crítica puntillosa, la promesa más atrevida e, indudablemente, la manipulación de votantes mediante dineros públicos.   

Sin embargo, resulta evidente que una condición necesaria para que un gobernador realice una buena gestión consiste en contar con un buen programa de gobierno, en el que se estructure el diagnóstico, la consistencia, la factibilidad y los mecanismos de implementación de acciones. Se podría argumentar que los candidatos son conscientes de ello, y que una vez ganada la elección pondrán a su equipo a trabajar en la elaboración del programa. Por lo que, desde su particular óptica, conviene articular una campaña mercadotécnica que “venda” al candidato antes de poner en lápiz y papel propuestas concretas.    

Independientemente de que esta actitud sea racional desde la óptica de los contendientes, es un sin sentido para los partidos políticos en un sistema democrático y para la ciudadanía en general. ¿De qué manera logra un partido que su candidato para gobernador tenga altas probabilidades de realizar una buena gestión? Los partidos en un sistema democrático deben tener un horizonte de planeación mucho más largo que el de los candidatos a un puesto de elección popular. Una buena administración por parte de un gobernador le ofrece a su partido mayores posibilidades de resultar victorioso en una nueva contienda que las generadas con la mercadotecnia política.   

Por lo tanto, los partidos deben tener filtros para elegir buenos candidatos, uno de ellos es su experiencia previa en otros puestos públicos –ante la inexistencia de la reelección- pero otro más es la exigencia de que sus candidatos elaboren buenas propuestas, las que en una primera etapa deben ser puestas al escrutinio de sus afiliados y, posteriormente, al de la sociedad en su conjunto. La elaboración de plataformas de gobierno no es un asunto de reglamentación electoral, los Institutos Electorales  -a nivel federal y estatal- lo requieren, pero como muchas otras regulaciones terminan siendo simples trámites burocráticos. Difícilmente se puede regular la calidad, por lo que la estructuración de buenas plataformas debería ser un asunto del máximo interés de los partidos democráticos para incrementar sus posibilidades de éxito en sucesivas contiendas electorales.   

¿Por qué  esto no ocurre en México, en donde garantizar una buena gestión con criterios estrictos de selección es muy importante dada la falta de profesionalismo de nuestros políticos? La respuesta a este interrogante parece estar en el hecho de que el país no cuenta con partidos democráticos, interesados por ganar elecciones pero también en ofrecer respuestas a las inquietudes de los votantes. El sistema de partidos mexicano no está estructurado de esta forma, la verticalidad de estas organizaciones –de cualquier ideología política- y sus esquemas clientelares carecen de filtros apropiados para seleccionar candidatos que tengan una verdadera vocación de servicio, que cuenten con una visión de estado y que sean competentes en las tareas de administración pública.   

En México existe un fuerte problema de selección perversa, en tanto que la gente que ‘pasa’ los filtros de los partidos para cubrir puestos públicos –ya sea por elección o designación- no tiene los atributos de moralidad y competencia para desempeñarse adecuadamente. La obtención de un puesto o una candidatura no es un asunto de honestidad y méritos, sino de una moralidad relajada en la que no se actúa por principios sino por unidad con el partido o por lealtad hacia el mentor o mecenas. El conocimiento, los méritos y la eficacia pasan a segundo término cuando las argumentaciones y las propuestas contradicen el sentir del partido o las preconcepciones de los líderes morales y jerarcas de los partidos. Por lo tanto, los líderes visionarios, los administradores competentes y las personas íntegras con profunda conciencia social difícilmente logran alcanzar puestos de gran importancia en este país.

Gonzalo Castañeda Ramos es Doctor en Economía por la Universidad de Cornell, actualmente labora como profesor investigador en El Colegio de México