Por Gonzalo Castañeda
Hace unas cuantas semanas fui invitado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) para participar en la evaluación de las propuestas de los candidatos a gobernador por los Estados de Puebla e Hidalgo. En el proceso de evaluación participaron 24 expertos divididos en tres paneles: estado de derecho, administración pública y desarrollo político; economía y desarrollo sustentable; desarrollo político y social. Los candidatos evaluados fueron Xóchitl Gálvez Ruíz y Francisco Olvera Ruiz por el Estado de Hidalgo, y Rafael Moreno Valle y Javier López Zavala por el Estado de Puebla. Las evaluaciones se realizaron a partir de información disponible en las siguientes fuentes: plataformas que los candidatos de cada estado registraron en sus respectivos Institutos Electorales, programas y planes que han subido a sus páginas de Internet, folletería de campaña y documentación adicional que algunos de ellos hicieron llegar al CEEY.
A todos los candidatos se les avisó con la suficiente antelación que sus programas de gobierno serían evaluados, detallando en la convocatoria los temas específicos que serían tomados en cuenta. Asimismo se les comentó que los expertos darían una calificación numérica considerando los siguientes aspectos: calidad del diagnóstico, consistencia de la propuesta, factibilidad técnica, económica y política, y mecanismos de implementación. De esta manera, el centro abrió la posibilidad de que los candidatos y sus grupos de asesores reaccionaran y presentaran una propuesta más elaborada. Cabe mencionar que sólo dos de ellos (Moreno Valle y Francisco Olvera) presentaron información adicional en la que respondieron con mayor precisión a los rubros planteados por el centro
Si bien las calificaciones numéricas y los comentarios pormenorizados de los distintos subtemas se encuentran disponibles en la página del CEEY. En las siguientes tablas se presentan los resultados sintéticos de las evaluaciones en una escala del 1 al 10.
Candidatos del Estado de Puebla
Candidatos del Estado de Hidalgo
Como se desprende de las tablas anteriores, las propuestas de los cuatro candidatos obtuvieron calificaciones muy bajas por parte de los tres paneles de expertos. El desempeño más pobre es el de la propuesta de Xóchitl Gálvez con una nota promedio de 3.37, y el mejor desempeño relativo corresponde a la plataforma de Rafael Moreno Valle quién recibió dos calificaciones con la mínima nota aprobatoria. Al participar en el panel de economía me percaté que este candidato es el único que elaboró su propuesta a partir de un diagnóstico inicial –no necesariamente acertado- y haciendo un uso más sistematizado de datos e información dura. Diferencia que quizás se deba a su experiencia como Secretario de Finanzas del Estado de Puebla durante la administración de Melquiades Morales. Los encargados de esta cartera del gabinete están acostumbrados a realizar planes de desarrollo y evaluaciones de proyectos que le son requeridos por el gobierno federal para poder asignarles recursos.
Cabe enfatizar que todas las propuestas sobre temas económicos están plagadas de lugares comunes: el desarrollo empresarial mediante la promoción a las PYMES y la creación de incubadoras de empresas, el desarrollo tecnológico a partir de CONACYT locales y vínculos universidad-empresa, la necesidad de un crecimiento en armonía con el medio ambiente y la globalización de los mercados. Por lo que las propuestas carecen de tiempo y espacio, es decir, la propuesta de un candidato en un estado se podría fácilmente confundir con la de un candidato que participó en las elecciones de otro estado hace seis años.
De igual forma, en las plataformas presentadas es frecuente encontrar frases sin sentido como “la necesidad de promover a la industria para fortalecer el desarrollo industrial del estado”, y un sin fin de buenos deseos sin precisar la forma en que éstos se pueden alcanzar: más empleo, mayor crecimiento, menos pobreza. También es común encontrar severas inconsistencia entre una línea y la que le sigue: “remover el pago de tenencias y llevar a cabo un programa de infraestructura carretera”. Otro de los patrones detectados es el desconocimiento que los candidatos tienen sobre si un asunto es de competencia federal o local; en particular resalta el mal manejo que se tiene sobre cuestiones relacionadas con las participaciones fiscales y el uso de recursos para financiar el desarrollo regional.
Ante la pobreza de todas las propuestas surge la necesidad de reflexionar sobre el poco interés que tienen los candidatos para realizar su trabajo. No se trata de un asunto de falta de recursos ya que las sumas aportadas por el estado mexicano para realizar sus campañas son considerables. Con menos de 4 millones de pesos los contendientes hubieran fácilmente financiado la elaboración de propuestas más coherentes recurriendo a empresas de consultorías y centros de investigación en las universidades. Resulta evidente que los candidatos no consideran importante estructurar una buena plataforma ya que a su entender el triunfo electoral no reside en la calidad de las propuestas sometidas. Quizás su juicio es acertado ya que los medios no están interesados en difundir propuestas ni los ciudadanos en oírlas, por lo que el éxito de una campaña tiene más que ver con la mercadotecnia política, el eslogan contagioso, la crítica puntillosa, la promesa más atrevida e, indudablemente, la manipulación de votantes mediante dineros públicos.
Sin embargo, resulta evidente que una condición necesaria para que un gobernador realice una buena gestión consiste en contar con un buen programa de gobierno, en el que se estructure el diagnóstico, la consistencia, la factibilidad y los mecanismos de implementación de acciones. Se podría argumentar que los candidatos son conscientes de ello, y que una vez ganada la elección pondrán a su equipo a trabajar en la elaboración del programa. Por lo que, desde su particular óptica, conviene articular una campaña mercadotécnica que “venda” al candidato antes de poner en lápiz y papel propuestas concretas.
Independientemente de que esta actitud sea racional desde la óptica de los contendientes, es un sin sentido para los partidos políticos en un sistema democrático y para la ciudadanía en general. ¿De qué manera logra un partido que su candidato para gobernador tenga altas probabilidades de realizar una buena gestión? Los partidos en un sistema democrático deben tener un horizonte de planeación mucho más largo que el de los candidatos a un puesto de elección popular. Una buena administración por parte de un gobernador le ofrece a su partido mayores posibilidades de resultar victorioso en una nueva contienda que las generadas con la mercadotecnia política.
Por lo tanto, los partidos deben tener filtros para elegir buenos candidatos, uno de ellos es su experiencia previa en otros puestos públicos –ante la inexistencia de la reelección- pero otro más es la exigencia de que sus candidatos elaboren buenas propuestas, las que en una primera etapa deben ser puestas al escrutinio de sus afiliados y, posteriormente, al de la sociedad en su conjunto. La elaboración de plataformas de gobierno no es un asunto de reglamentación electoral, los Institutos Electorales -a nivel federal y estatal- lo requieren, pero como muchas otras regulaciones terminan siendo simples trámites burocráticos. Difícilmente se puede regular la calidad, por lo que la estructuración de buenas plataformas debería ser un asunto del máximo interés de los partidos democráticos para incrementar sus posibilidades de éxito en sucesivas contiendas electorales.
¿Por qué esto no ocurre en México, en donde garantizar una buena gestión con criterios estrictos de selección es muy importante dada la falta de profesionalismo de nuestros políticos? La respuesta a este interrogante parece estar en el hecho de que el país no cuenta con partidos democráticos, interesados por ganar elecciones pero también en ofrecer respuestas a las inquietudes de los votantes. El sistema de partidos mexicano no está estructurado de esta forma, la verticalidad de estas organizaciones –de cualquier ideología política- y sus esquemas clientelares carecen de filtros apropiados para seleccionar candidatos que tengan una verdadera vocación de servicio, que cuenten con una visión de estado y que sean competentes en las tareas de administración pública.
En México existe un fuerte problema de selección perversa, en tanto que la gente que ‘pasa’ los filtros de los partidos para cubrir puestos públicos –ya sea por elección o designación- no tiene los atributos de moralidad y competencia para desempeñarse adecuadamente. La obtención de un puesto o una candidatura no es un asunto de honestidad y méritos, sino de una moralidad relajada en la que no se actúa por principios sino por unidad con el partido o por lealtad hacia el mentor o mecenas. El conocimiento, los méritos y la eficacia pasan a segundo término cuando las argumentaciones y las propuestas contradicen el sentir del partido o las preconcepciones de los líderes morales y jerarcas de los partidos. Por lo tanto, los líderes visionarios, los administradores competentes y las personas íntegras con profunda conciencia social difícilmente logran alcanzar puestos de gran importancia en este país.
Gonzalo Castañeda Ramos es Doctor en Economía por la Universidad de Cornell, actualmente labora como profesor investigador en El Colegio de México
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