Sea realista, pida lo imposible: 1.- Educación.

Por Isidro Soloaga

En teoría de contratos, se dice que un contrato es incentive compatible si el diseño del contrato incluye condiciones que hacen que un agente (que implementa acciones para otra persona, el principal), actuando en función de sus propios intereses, también actúe en función de los intereses de aquella persona que la contrató[1]. Ejemplos abundan: las comisiones sobre las ventas que se pagan a un vendedor, la duración de por vida en sus puestos de los jueces (y sus altos salarios relativos al resto de los funcionarios) mientras mantengan su buena conducta, el pago a los jugadores de fútbol de acuerdo a los goles que metan, o a la diferencia de goles a favor en cada partido. Los incentivos buscan eliminar (o disminuir) los problemas de moral hazard que, con origen en una imperfecta capacidad de monitoreo del esfuerzo de  los agentes, abundan en los contratos. En términos simples, un contrato que sea incentive compatible alinea los incentivos del principal (“el que manda”) con los del agente (“el que ejecuta”).

Esto se puede extender al concepto de participación política, de voz, y de demanda de rendición de cuentas. El sistema democrático debería incluir mecanismos diseñados para que el mal o deficiente cumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos sea rápidamente cuestionado de tal manera de mejorar la política pública. Y los incluye sin duda, pero de una manera localizada. Parece obvio que el incumplimiento en la provisión de un determinado servicio público en un área específica de la ciudad sea primero detectado por la población afectada y que sea ésta la que, expresando su voz y su participación política, demande una rectificación, digamos, en la mala provisión de alumbrado o de agua. Pero supongamos que el problema radica en la falta de seguridad por altos niveles de robos.  Esto divide a la población entre aquellos que pueden tener una respuesta privada ante este fenómeno (seguridad privada, gated communities, etc.) y aquellos sin recursos (o deseos) para poder demandar este tipo de protección. Esta división en la población hace que no sea incentive compatible para los que pueden remediar (de alguna manera) en forma privada el problema, el usar recursos y  ejercer la voz para demandar rectificación de la política pública.  Esta segmentación de la población tiene en este caso una clara connotación de desigualdad económica. Aquellos que pueden pagar por servicios adicionales, se protegen. Los que no pueden, siguen dependiendo del (deficiente) servicio de seguridad provisto por el sector público.

Esta situación se extiende a otros órdenes de la vida, en general cualquiera al cual se le pueda agregar el término “público/a” al final: salud pública, seguridad social pública, transporte público, carreteras públicas, y, luego de esta larga introducción, también al orden de la educación pública, el que es tratado con mayor detalle en lo que sigue.

Al permitir que existan la educación pública y la educación privada, con sus actuales características, se permite que para aquella parte de la sociedad con acceso a educación privada (en general la de mayores recursos económicos) simplemente no sea incentive compatible buscar que se mejore la mala calidad en general (absoluta y/o relativa)  que la educación pública provee, sobre todo a niveles de primaria y secundaria.  La voz y la demanda de rendición de cuentas por la mala calidad de la educación queda entonces en manos de aquellos que, por razones de economía política (que se desarrollarán en próximas contribuciones a este blog), tienen menor influencia en las decisiones. Este proceso de división público/privado en la educación se ha acentuado fuertemente en América Latina, incluso en países como Argentina, en los que la educación privada solía ser de pésima calidad y oficiaba más como un método de contención de alumnos con problemas en el sector público.

Muy distinta es la situación en, por ejemplo,  Finlandia, el  país que mejor rendimiento educativo ha demostrado persistentemente desde que existen las pruebas internacionales de aptitudes comparables. La educación primaria y secundaria es SOLO pública. [2] Cool, uh? Por lo tanto, esto induce a que la calidad de la educación sea un problema de la mayoría de la sociedad, incluyendo a aquellos que tienen voz y peso político para demandar/ejecutar políticas públicas.

A nivel de servicios básicos, la división entre la provisión pública y la provisión privada claramente refleja, por un lado, las desigualdades socioeconómicas en nuestros países, pero por otro, la falta de una idea clara de a dónde queremos, como sociedad, ir.

Isidro Soloaga es Doctor en Economía por la Universidad de Maryland. Actualmente labora como profesor – investigador en El Colegio de México.

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[1] La definición original de León Hurwicz (premio nobel de economía del 2007, junto con Eric Maskin y Roger Myerson) se refiere al diseño de un mecanismo que implique que la revelación plena de información confiable está en el interés del agente. Ver discusión de Myerson sobre el desarrollo de las ideas de Hurwicz y el contexto histórico de las mismas aquí.

[2] No me queda en claro si en Finlandia también la provisión del servicio es pública. Desde mi punto de vista, lo que importa es que el servicio sea público. La provisión definitiva del mismo puede ser privada. Lo mismo para el caso de salud. Los hospitales deben ser públicos, pero el servicio puede ser provisto por el sector privado.

Evaluación de Impacto de los Programas para Pyme Latinoamérica y el Caribe

Factoraje Inverso de NAFIN

Por Gonzalo Castañeda

Las empresas para hacer posible su proceso de producción requieren de capital de trabajo. Esto es así ya que inevitablemente transcurre un tiempo entre el momento en que la empresa obtiene un pedido y el momento en que el bien o servicio producido es pagado. Dado que el ciclo de operación de una empresa no es instantáneo, la empresa requiere de capital para pagar los costos variables involucrados en la compra de insumos, producción del bien y manejo de inventarios. Estos costos son más pronunciados en economías emergentes por las siguientes razones: no existen buenas redes de distribución, los procesos de producción no son lo suficientemente flexibles para ajustarse a los vaivenes de la demanda, y no existe una buena coordinación logística entre el proveedor y su cliente. La razón de inventarios a PIB tiende a ser grande en países en desarrollo y su financiamiento se complica por la falta de un sistema financiero competitivo; situación que obliga a muchas empresas a utilizar recursos propios o crédito comercial de la red de clientes y proveedores.

Un esquema financiero que se aboca a subsanar las necesidades del capital de trabajo es el de factoraje. En este esquema una empresa proveedora que recibe una factura al momento de entregar un pedido, y cuyo pago se liquida en x número de días, recurre a una entidad financiera (el factor) para realizar una operación de descuento. El factor a cambio del cobro de la tasa de interés y comisión (implícito en el descuento) le paga al proveedor el valor descontado de la cuenta por cobrar. Posteriormente, y una vez que el plazo de la factura llega a su término, la empresa compradora liquida su cuenta por pagar al tenedor del activo que en este caso es el factor. En este sentido, una operación de factoraje no se considera cómo un préstamo sino más bien como una venta de activos; en otras palabras, el factor no le presta dinero al proveedor simplemente adquiere una promesa de pago del comprador.

Dado que no se trata de un préstamo, el riesgo para el factor no reside en la solvencia financiera del proveedor sino más bien en el riesgo de que la empresa compradora no cumpla con sus compromisos. En este sentido el esquema es ideal para financiar las actividades de PYMES cuya calidad crediticia no es tan buena como la de empresas grandes o exportadoras, quienes suelen mantener el compromiso de cumplir con sus obligaciones independientemente de quien sea el tenedor de sus cuentas por pagar. En un préstamo tradicional las cuentas por cobrar son utilizadas como garantías, lo que hace necesario que exista un marco legal sofisticado y un sistema judicial eficiente para que el acreedor pueda recuperar sus garantías en caso de quiebra del prestatario.   Esto no sucede en una operación de factoraje ya que la cuenta por cobrar transferida no forma parte de los activos embargables del proveedor.

La entidad financiera involucrada en la transacción tiene que resolver distintos problemas de información asimétrica al momento de descontar una factura. En primer término desconoce si ésta es realmente válida y, por ende, si tiene posibilidad de recuperar su valor nominal; en segundo término, una vez descontada la factura existe el riesgo de que la empresa compradora no cumpla con sus compromisos. En la medida en que la información financiera de las empresas sea trasparente, existan historiales crediticios y se disponga de un marco legal eficiente mayores son las posibilidades de que las operaciones de factoraje sean rentables.  Desafortunadamente, las bases de datos y la calidad de las instituciones son deficientes en economías emergentes, lo que indudablemente obstaculiza el desarrollo de un mercado dinámico de factoraje.

* El factoraje de NAFIN

Atendiendo a estas dificultades Nacional Financiera S.A. (NAFIN), un banco de desarrollo mexicano, implementó en el año 2001 un sistema de factoraje inverso conocido como ‘Cadenas Productivas’. Con este fin un grupo de empresas grandes y de reconocida calidad crediticia fueron invitadas a participar en un mercado financiero de facturas. En este mercado las cuentas por pagar a clientes PYMES son descontadas por un conjunto de intermediarios financieros privados. Se habla de una operación de factoraje inverso ya que en vez de que los proveedores busquen al factor para descontar sus cuentas por cobrar, son las empresas compradoras las que ponen a consideración de las distintas entidades financieras las cuentas por pagar de sus proveedores.

NAFIN financió e implementó una plataforma tecnológica de factoraje electrónico por lo que en la actualidad una operación de este tipo se puede cerrar en menos de tres horas. La empresa compradora sube a la red los documentos negociables correspondientes a las cuentas por pagar que buscan ser financiadas. Estos documentos se encuentran a la vista de todas las instituciones financiares registradas en el mercado, por lo que las interesadas presentan distintas pujas sobre el monto del descuento. Una vez establecidas las ofertas, la empresa proveedora decide con que intermediario realizar la transacción, por lo que el ganador deposita en la cuenta bancaria del proveedor el valor descontado del documento negociable. Cabe hacer notar que en estas operaciones el factor asume la totalidad del riesgo en caso de incumplimiento por parte de la empresa compradora.

Bajo este esquema inverso las empresas compradoras liberan al factor de la tarea de monitorear la calidad moral de los proveedores y, en consecuencia, minimizan la posibilidad de fraudes con facturas apócrifas. Por otro lado, al iniciarse el proceso de compra-venta de facturas a partir de un grupo de empresas sólidas previamente elegidas por NAFIN se reduce la incertidumbre concerniente a la calidad crediticia del emisor de la factura. Asimismo, los intermediarios financieros se ven beneficiados por recibir información concerniente a las operaciones de las empresas compradoras y sus proveedores.  

Resulta indudable que las empresas compradoras se benefician de este mecanismo por diversas razones: liberan recursos financieros que previamente se canalizaban al crédito comercial de sus proveedores, pueden conseguir plazos más largos en el pago de sus cuentas, y reducen el costo del manejo de sus pasivos. Pero lo más importante es que proveedoras-PYMES de las grandes empresas logran obtener recursos financieros del sistema bancario (deducibles de impuestos) a tasas mucho más accesibles dada la manera competitiva en que se determinan las tasas. Finalmente, los intermediarios financieros amplían su gama de negocios al entrar a un área de actividad que previamente era desatendida por los elevados costos de transacción.

En la implementación de este factoraje inverso, NAFIN actúa como banca de segundo piso al requerir que los intermediarios se fondeen con recursos públicos. NAFIN no cobra comisiones por registrase en este mercado ni por las transacciones realizadas, por lo que la solvencia financiera de su operación la obtiene a partir de la tasa de interés que cobra en el fondeo. El banco de desarrollo establece una tasa máxima que los factores pueden cobrar al realizar un descuento, la cual está por encima del costo de fondeo garantizando, con ello, la rentabilidad de los intermediarios.  No obstante, esta tasa máxima nunca ha sido alcanzada debido al esquema de subasta implementado.

Cabe también mencionar que un porcentaje importante de las entidades compradoras son dependencias del sector público, y que a partir del 2007 existe la obligación de que las dependencias federales se incorporen al programa de “Cadenas Productivas” y den de alta las cuentas por pagar por concepto de adquisiciones de bienes y servicios, arrendamiento y obra pública. Cuando los recursos se canalizan para la realización de infraestructura y servicios públicos relacionados, el fondeo en el programa proviene del Banco Nacional de Servicios y Obras Públicas. De acuerdo con las autoridades hacendarias, este mecanismo de factoraje permite que exista mayor certidumbre, transparencia y eficiencia en los pagos de las entidades gubernamentales.

* Desempeño de la innovación financiera

El programa de ‘Cadenas Productivas’ de NAFIN creció de una participación de mercado del 2% en el 2001 a una participación del 60% en el 2004. El esquema de factoraje ha contribuido a que NAFIN se convierta en un banco de desarrollo superavitario, al pasar de un déficit de $429 millones (con $23.9 billones de activos) en diciembre del 2000, a un superávit de $13.23 millones (con $26.75 billones de activos) en diciembre del 2003 –cifras expresadas en dólares- . Para 2009 las “Cadenas Productivas” estaban constituidas por cerca de 700 grandes compradores, 36% del sector público y 64% del sector privado, alrededor de 215,000 proveedores PYMES afiliados al programa (70,000 con expediente digital), y  39 intermediarios financieros participantes (bancos, empresas de factoraje y otros intermediarios no-bancarios). En 2009 se realizaban un promedio de 10,000 transacciones diarias, con las que se apoyó aproximadamente a 27,000 PYMES en el año otorgando alrededor de 200,000 millones de pesos en financiamiento. Este esquema de factoraje ha permitido el acceso financiero a PYMES que previamente eran racionadas por la banca comercial. En particular, el financiamiento otorgado se concede a una TIIE + 4 puntos, en promedio, la cual es sumamente inferior al crédito empresarial bancario que se asigna a una TIIE + 14 puntos, en promedio.

* Limitaciones del esquema financiero

Parece ser que el requerimiento de utilizar el fondeo NAFIN, en vez de recursos propios de los intermediarios privados, se debe al hecho de que el desempeño de los bancos de desarrollo en México continua siendo evaluado esencialmente por el monto de recursos colocados. Esta política implica el uso de subsidios innecesarios a favor de los intermediarios privados ya que el riesgo de la operación reside en la situación financiera de las grandes empresas compradoras y no en la calidad crediticia de las PYMES que transfieren sus cuentas por cobrar. La reducción en la prima de riesgo hace muy rentable la operación para los intermediarios, independientemente de la naturaleza competitiva de la puja en el descuento.

Los esfuerzos de coordinación para la creación del mercado y la implementación de la plataforma electrónica requirieron de un subsidio inicial importante; sin embargo, una vez que el mercado ha madurado no hay una razón fundamental para que éste continúe siendo organizado por una entidad gubernamental. El mercado electrónico de factoraje puede ser operado por una institución privada al igual que la BMV.  La economía política que explica la reticencia para privatizar esta plataforma electrónica es clara. En primer término, NAFIN justifica su control sobre el mercado por la continua colocación de fondos seguros que le garantizan tener finanzas superavitarias. Indudablemente es más riesgoso iniciar otro proceso de innovación financiera y encontrar nuevas soluciones para corregir fallas de mercado que operar un banco conservador que se gana el reconocimiento por suministrar fondos subsidiados a entidades privadas.   En segundo término, un mercado de factoraje operado de forma privada requeriría que las instituciones financieras descontaran facturas con sus propios recursos, eliminando con ello el beneficio de los atractivos subsidios. En consecuencia, tanto los burócratas bancarios como los intermediarios privados no tienen incentivos para que el mercado evolucione por caminos alternativos.

El lector interesado en este tema y otros relacionados con innovaciones para la inclusión financiera en México puede consultar los siguientes documentos : “Innovative Experiences in Access to Finance: Market Friendly Roles for the Visible Hand” y “The Role of “Reverse Factoring” in Supplier Financing of Small and Medium Sized Enterprise”

 Gonzalo Castañeda Ramos es Doctor en Economía por la Universidad de Cornell, actualmente labora como profesor investigador en El Colegio de México

 

Formación de habilidades

Por Andrés Hincapié y Javier Morales  

El reconocimiento de los determinantes de las habilidades cognitivas – definidas como la capacidad para enfrentar y resolver problemas – resulta un tema fundamental para la investigación económica, debido a sus repercusiones en  productividad, transmisión intergeneracional de la pobreza y desigualdad, además de que junto con la salud y la educación son componentes fundamentales del capital humano.  

De acuerdo con Heckman (2006) la formación de habilidades durante el ciclo de vida sigue un proceso dinámico en el que los inputs iniciales juegan un papel clave para inputs posteriores. Es decir, el manejo y dominio de las habilidades que son esenciales para el éxito económico y el desarrollo neurológico siguen un proceso acumulativo en el que cada aspecto del desarrollo personal temprano, recibe efectos tanto de los ambientes actuales como de experiencias previas, las cuales inician en el periodo prenatal y se extienden hasta los primeros cinco años de vida, siendo los dos primeros los de mayor importancia.  

En este sentido, la nutrición y las condiciones de salud adquieren importancia debido a que una baja calidad y nivel de nutrientes en estos primeros años puede generar serios problemas en los individuos como: un desarrollo mental tardío, atrofio del crecimiento, bajos niveles de energía y motivación personal, que en conjunto pueden destinar a un niño a tener bajos niveles de escolaridad y productividad, conduciéndolo al fracaso económico (Hunt, 2002; Bloom, et. al. 2004).  

Es posible establecer una relación entre un adecuado desarrollo individual durante los primeros años de vida y una mejor capacidad intelectual. El entorno social y familiar se vuelve relevante ya que influye de manera directa y significativa en el desarrollo del individuo sobre su adolescencia y más tarde  en su etapa adulta (Arias et. al, 2010;  «Transmisión intergeneracional de la desigualdad en habilidades cognitivas» Altamirano y Soloaga, 2009, draft).  Las brechas de desarrollo entre niños de diferente status socioeconómico, emergen durante los primeros años de vida y persisten en el largo plazo (ver figuras), de manera que cualquier compensación posterior se vuelve muy costosa e ineficiente, a diferencia de los retornos positivos a intervenciones tempranas que se logran mantener durante varias décadas (Cunha y Heckman, 2007; Arias et. al; 2010).  

Fuente: Cunha y Heckman (2007)

Fuente: Arias et. al (2010)

Es posible adquirir una mayor eficiencia del gasto público dirigido a los programas sociales, esencialmente en materia de salud y nutrición, siempre que las acciones tengan lugar durante los primeros dos años de vida (Heckman, 2006; Haddad, 2002), con el fin de que estos programas se conviertan efectivamente en una herramienta para romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza.  Mayer, et. al. (2008) muestran evidencia de importantes diferencias en la formación de las habilidades cognitivas en los niños mexicanos en función del status socioeconómico, niños con un status socioecnómico bajo dependen más de la satisfacción a sus necesidades básicas y tienen un menor desarrollo de sus habilidades cognitivas que niños de un mayor status.  

La transmisión económica entre padres e hijos es una fuente importante de desigualdad, además de que puede perpetuar y profundizar la pobreza intergeneracional,  tanto las restricciones de riqueza como la herencia del capital físico y humano deben convertirse en prioridades de la agenda política para el desarrollo. Con el fin de mejorar las condiciones económicas y sociales de los individuos, las autoridades mexicanas deben promover el aceleramiento del desarrollo de la capacidad cognitiva en el país.  

A pesar de esto, en México ha existido una falta de inversión en los primeros años de vida de los niños, particularmente aquellos en situación de desventaja (Arias et. al; 2010) Oportunidades (anteriormente PROGRESA), resulta una excepción a la regla. Estudiar sus efectos en el mediano plazo tiene serias implicaciones sobre el diseño de la política pública en caso de que se pueda probar que los niños beneficiarios tienen un mejor desempeño cognitivo. Con el fin de romper con el pobre y lento crecimiento de la productividad mexicana (Arias et. al, 2010) y con la transmisión intergeneracional de la pobreza, se debe mantener la evaluación en los impactos de programas como Oportunidades y una mayor atención sobre las desigualdades  nutricionales y las condiciones de salud durante las etapas tempranas de vida, pero además deben complementarse con una mayor eficiencia del sistema educativo,  a fin de alargar y profundizar cualquier efecto positivo.  

La formación de habilidades  

El estudio empírico de la formación de habilidades en la ciencia económica puede dividirse en los siguientes dos enfoques: (1) Estudios que utilizan puntajes en test, como el PIAT en Estados Unidos o el test de matrices progresivas de Raven en México, como variables que aproximan la capacidad cognitiva y estiman los efectos de diferentes controles como características parentales, variables de inversión y condiciones de entorno, tanto rezagadas como contemporáneas, sobre los logros cognitivos medidos a través de estas pruebas.  

En este sentido, Todd y Wolpin (2004) utilizan diferentes alternativas de la función de producción de logros educativos presentes en la literatura que van desde el uso de variables instrumentales, o efectos fijos de la madre o del niño, hasta mínimos cuadrados ordinarios o funciones de valor agregado (en las que la medición rezagada del test es un estadístico suficiente del historial de insumos) para la estimación. En su especificación preferida, VI para los test en diferencias, y utilizando datos de la NLSY79 Child Sample, Todd y Wolpin encuentran que las variables de inversión parental son determinantes substancialmente significativos de los puntajes en las pruebas para los niños de los Estados Unidos.  

(2) Otro enfoque en el estudio de la tecnología de formación de habilidades es el que considera a las habilidades como variables latentes no observables que se manifiestan a través de otras que sí se observan. Un ejemplo de esto sería considerar a la capacidad cognitiva como una variable escalar (aunque estos modelos no están restringidos a magnitudes escalares) y a los resultados en diferentes pruebas de capacidad intelectual como manifestaciones de esta variable latente a las que por supuesto les cabe error, es decir, no es posible medir perfectamente la variable latente a partir de los resultados en las pruebas.  

Estos modelos han buscado especialmente dar cuenta de algunos hallazgos en la literatura de formación de habilidades de los niños como son los expuestos por Cunha, Heckman, Lochner y Masterov (2005) entre los que se encuentran: las habilidades importan para explicar resultados en la edad adulta. Las habilidades son multidimensionales, la dicotomía entre lo genéticamente heredado y las habilidades formadas es falsa. Es posible compensar el efecto de ambientes familiares adversos. Hay periodos sensibles, las habilidades de distintos tipos parecen ser manipulables a distintas edades. El retorno a la inversión en edades tempranas es alto. Hay complementariedad de la inversión, la inversión en edades tempranas debe ser acompañada de inversión en edades subsiguientes.  

El método de estimación utilizado en estos modelos es, en general, el de ecuaciones estructurales con variables latentes. Este método utiliza restricciones de covarianza para la estimación de los parámetros relevantes y permite explotar toda la información disponible en términos de indicadores de habilidad cognitiva (como el puntaje en varias pruebas) y de inversión parental (como número de libros en la casa, frecuencia con la que se lee a los hijos, disposición a golpear o no a sus hijos). Entre las críticas que se hacen a los modelos con variables latentes se encuentra la interpretación no directa de sus resultados. Cunha, Heckman y Schennach (2010) resuelven este problema anclando la escala de las variables latentes a resultados en la edad adulta, como ingreso o la probabilidad de graduarse de la secundaria, a través de ecuaciones que relacionan el nivel de la variable latente en el último periodo con estos resultados.  

Andrés Hincapié Norena es Ingeniero Industrial por la Universidad Tecnológica de Pereira (Colombia). Javier Morales Porcini es Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ambos son estudiantes de la Maestría en Economía del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México.

frases que (me) ayudan a pensar

Por Isidro Soloaga

Primera frase

Rates of growth or real per-capita income are…diverse, even over sustained periods…[Indian] incomes will double every 50 years; Korean every 10… I do not see how one can look at figures like these without seeing them as representing possibilities. Is there some accion a government of [India] could take that would lead the [Indian] economy to grow like Indonesia´s..? If so, what exactly?… The consecuences for human welfare involved in questions like these are simply staggering: Once one starts to think about them, it is hard to think about anything else.

Esta cita es de Robert Lucas Jr, expresada en su Marshal Lectures en la Universidad de Cambridge en 1985. Increíble que India, con su rápído crecimiento de los últimos años,  ahora quizás no sería un buen candidato para las comparaciones que realizara Lucas en 1985. Cambiemos entonces “India” en el párrafo anterior por “México”. Shocking, ¿no? Realmente, ¿puede uno pensar en algo más luego de ver los desempeños tan distintos de estas economías (Korea vs. México)?

Segunda frase

Versión a) Una sociedad debería ser juzgada por cómo trata a sus habitantes que peor están.

Versión b) Al elegir, hay que elegir una política económica que maximice la “utilidad” del grupo de la sociedad al que peor le va.

Estas dos frases a) y b), elaboradas con base a los desarrollos de John Rawls sobre teorías de justicia, contextualizan a la primera (la que puede resumirse en: hay que ver cómo hicieron ciertos países para duplicar el PIB per capita en diez años, y ver qué les pasa  a los que vienen rezagados), al hacernos pensar para qué/quiénes queremos el crecimiento y por dónde empezar cuando tenemos un peso ($) “sobrante”.

Tercera frase

El desarrollo es la expansión de las libertades efectivas de las personas de las cuales éstas pueden elegir.

Esta frase, basada en las ideas de Amartya Sen nos ayuda a leer la segunda frase e identificar un criterio para saber a quiénes es que “les va peor” en la sociedad… y nos aleja un poco (bastante) del objetivo de duplicar el PIB per capita en 10 años. El foco está en ampliar las libertades efectivas de las personas, libertades de las cuales éstas puedan elegir. Seguramente duplicar el PIB per capita ayuda… pero no es todo y mal haríamos en concentrarnos solamente en ese objetivo.

 Los invito a reflexionar sobre estos tres enfoques distintos/complementarios desde los cuales uno puede, tanto pensar la política económica para el crecimiento económico, como la economía política necesaria para que nuestra sociedad esté, de verdad, mejor.

Isidro Soloaga es Doctor en Economía por la Universidad de Maryland. Actualmente labora como profesor – investigador en El Colegio de México.

Divergences and Convergences in Human Development