Cambios en el bienestar económico en México

Por Antonio Yunez Naude

A diferencia de lo esperado a partir de las reformas económicas iniciadas a mediados de la década de los años 1980, el bienestar de los mexicanos no aumentó notablemente de 1990 a  2005. Esta es una de las conclusiones de un estudio empírico sobre los cambios en el consumo, la pobreza y la desigualdad en los municipios de México que está por publicar la revista Estudios Económicos (Yúnez Naude, A. J. Arellano González y J. Méndez Navarro “Cambios en el bienestar de 1990 a 2005: un estudio espacial para México”).

En específico, los resultados obtenidos indican los siguientes cambios estadísticamente significativos en el bienestar de los mexicanos durante el periodo: 1) sólo un 2.6% de la población del país residía en municipios que experimentaron mejora en los tres indicadores de bienestar; 2) alrededor de un 15% de ella lo hacía en municipios que tuvieron crecimiento en sus niveles de consumo y una reducción en la pobreza; 3) solo un 0.3% de la población habitó en municipios donde aumentó el consumo y disminuyó la desigualdad; 4) un 5.5% de la población experimentó disminución en pobreza y desigualdad; 5) el 29.8% de los mexicanos residió en municipios donde mejoró sólo uno de los tres indicadores de bienestar; y 6) el restante 45.7% no experimentó ninguna mejoría.

Lo anterior sugiere un mal desempeño en el desarrollo económico de México. Sin embargo, los resultados de nuestro estudio también indican que en 45% de los municipios del país la pobreza alimentaria disminuyó, en cerca del 40% el consumo aumentó y en poco menos del 20% la desigualdad decreció. Esto puede haberse debido a los efectos positivos de los programas gubernamentales de combate a la pobreza iniciados en los primeros años de los 1990. No obstante, casi la mitad de la población de México vive en municipios que de 1990 a 2005 en donde  no se dio aumento alguno en sus niveles de bienestar.

Asimismo, en México subsisten grandes diferencias en los niveles de bienestar y en las dinámicas correspondientes entre sus regiones geográficas. Por ejemplo, tanto en 1990 como en 2005 y según las estimaciones hechas, los niveles más bajos de consumo per cápita y pobreza alimentaría tienden a estar concentrados en la parte sur del país así como en zonas montañosas, de difícil acceso y en donde la mayoría de la población es indígena.

Tal dinámica contrasta con la experimentada en otros países de América Latina como Chile, Ecuador, Nicaragua, Perú y en menor medida Colombia. Resultados de investigaciones para estos países usando la misma metodología que la de nuestro estudio para México indican lo que sigue. De  1993 a 2005 más del 60% de los peruanos experimentaron reducciones en pobreza y desigualdad y aumentos en su gasto, mientras que en la década de los años 1990 este fue el caso del 18.7% de la población chilena y de sólo el 2.6% para la mexicana (Escobal y Ponce, 2008, Mondrego, et. al, 2008, en www.rimisp.org/dtr).  El desempeño de México fue inferior aún respecto al de Ecuador y Nicaragua. Por ejemplo, en el caso del primer país, de 1995 a 2006 el 15% de sus habitantes no experimentaron mejoras en ninguno de sus tres indicadores, mientras que esto sucedió con el 22.6% de los nicaragüenses de 1998 a 2005 (para México la participación fue de más del 45%, Larrea, C., 2008; Gómez, et. al. 2008 en sitio en la red citado). La experiencia más cercana a México es la de Colombia. Aunque el porcentaje de la población del segundo país que experimentó mejoras en el consumo y disminución en pobreza y desigualdad de 1993 a 2005 es aún más baja respecto a México (0.03% frente al 2.6%),  la proporción de colombianos sin mejora en ninguno de los tres indicadores de bienestar fue menor en casi 10 puntos respecto a la de México: del 35% frente al 45%  respectivamente (Hernández, et. al., 2008, www.rimisp.org/dtr).

Los resultados obtenidos para México son reflejo de un periodo accidentado y poco dinámico de su economía, durante el cual el país sufrió una aguda crisis macroeconómica que afectó severamente los niveles de bienestar de los mexicanos en el transcurso de la segunda mitad de la década de los 1990. Los hallazgos de la presente investigación también sugieren que la reorientación del papel de estado mexicano en la economía no ha sido fructífera en materia de crecimiento y bienestar económico. En la actualidad y a raíz de los agudos efectos que ha provocando en México la crisis financiera de los EE.UU. e internacional, se han magnificado los retos que enfrenta el país para que mejore significativamente el bienestar de sus habitantes.

Antonio Yúnez Naude es el Director del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México

Los políticos mexicanos y los filtros perversos de selección

Por Gonzalo  Castañeda   

Hace unas cuantas semanas fui invitado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) para participar en la evaluación de las propuestas de los candidatos a gobernador por los Estados de Puebla e Hidalgo. En el proceso de evaluación participaron 24 expertos divididos en tres paneles: estado de derecho, administración pública y desarrollo político; economía y desarrollo sustentable; desarrollo político y social. Los candidatos evaluados fueron Xóchitl Gálvez Ruíz y Francisco Olvera Ruiz por el Estado de Hidalgo, y Rafael Moreno Valle y Javier López Zavala por el Estado de Puebla. Las evaluaciones se realizaron a partir de información disponible en las siguientes fuentes: plataformas que los candidatos de cada estado registraron en sus respectivos Institutos Electorales, programas y planes que han subido a sus páginas de Internet, folletería de campaña y documentación adicional que algunos de ellos hicieron llegar al CEEY.   

A todos los candidatos se les avisó con la suficiente antelación que sus programas de gobierno serían evaluados, detallando en la convocatoria los temas específicos que serían tomados en cuenta. Asimismo se les comentó que los expertos darían una calificación numérica considerando los siguientes aspectos: calidad del diagnóstico, consistencia de la propuesta, factibilidad técnica, económica y política, y mecanismos de implementación. De esta manera, el centro abrió la posibilidad de que los candidatos y sus grupos de asesores reaccionaran y presentaran una propuesta  más elaborada. Cabe mencionar que sólo dos de ellos (Moreno Valle y Francisco Olvera) presentaron información adicional en la que respondieron con mayor precisión a los rubros planteados por el centro   

Si bien las calificaciones numéricas y los comentarios pormenorizados de los distintos subtemas se encuentran disponibles en la página del CEEY. En las siguientes tablas se presentan los resultados sintéticos de las evaluaciones en una escala del 1 al 10. 

Candidatos del Estado de Puebla

Candidatos del Estado de Hidalgo

 

Como se desprende de las tablas anteriores, las propuestas de los cuatro candidatos obtuvieron calificaciones muy bajas por parte de los tres paneles de expertos. El desempeño más pobre es el de la propuesta de Xóchitl Gálvez con una nota promedio de 3.37, y el mejor desempeño relativo corresponde a la plataforma de Rafael Moreno Valle quién  recibió dos calificaciones con la mínima nota aprobatoria. Al participar en el panel de economía me percaté que este candidato es el único que elaboró su propuesta  a partir de un diagnóstico inicial –no necesariamente acertado- y haciendo un uso más sistematizado de datos e información dura.  Diferencia que quizás se deba a su experiencia como Secretario de Finanzas del Estado de Puebla durante la administración de Melquiades Morales. Los encargados de esta cartera del gabinete están acostumbrados a realizar planes de desarrollo y evaluaciones de proyectos que le son requeridos por el gobierno federal para poder asignarles recursos.     

Cabe enfatizar que todas las propuestas  sobre temas económicos están plagadas de lugares comunes: el desarrollo empresarial mediante la promoción a las PYMES y la creación de incubadoras de empresas, el desarrollo tecnológico a partir de CONACYT locales y vínculos universidad-empresa, la necesidad de un crecimiento en armonía con el medio ambiente y la globalización de los mercados. Por lo que las propuestas carecen de tiempo y espacio, es decir, la propuesta de un candidato en un estado se podría fácilmente confundir con la de un candidato que participó en las elecciones de otro estado hace seis años.   

De igual forma, en las plataformas presentadas es frecuente encontrar frases sin sentido como “la necesidad de promover a la industria para fortalecer el desarrollo industrial del estado”, y un sin fin de buenos deseos sin precisar la forma en que éstos se pueden alcanzar: más empleo, mayor crecimiento, menos pobreza.  También es común encontrar severas inconsistencia entre una línea y la que le sigue: “remover el pago de tenencias y llevar a cabo un programa de infraestructura carretera”. Otro de los patrones detectados es el desconocimiento que los candidatos tienen sobre si un asunto es de competencia federal o local; en particular resalta el mal manejo que se tiene sobre cuestiones relacionadas con las participaciones fiscales y el uso de recursos para financiar el desarrollo regional.   

Ante la pobreza de todas las propuestas surge la necesidad de reflexionar sobre el poco interés que tienen los candidatos para realizar su trabajo. No se trata de un asunto de falta de recursos ya que las sumas aportadas por el estado mexicano para realizar sus campañas son considerables. Con menos de 4 millones de pesos los contendientes hubieran fácilmente financiado la elaboración de propuestas más coherentes recurriendo a empresas de consultorías y centros de investigación en las universidades. Resulta evidente que los candidatos no consideran importante estructurar una buena plataforma ya que a su entender el triunfo electoral no reside en la calidad de las propuestas sometidas. Quizás su juicio es acertado ya que los medios no están interesados en difundir propuestas ni los ciudadanos en oírlas, por lo que el éxito de una campaña tiene más que ver con la mercadotecnia política, el eslogan contagioso, la crítica puntillosa, la promesa más atrevida e, indudablemente, la manipulación de votantes mediante dineros públicos.   

Sin embargo, resulta evidente que una condición necesaria para que un gobernador realice una buena gestión consiste en contar con un buen programa de gobierno, en el que se estructure el diagnóstico, la consistencia, la factibilidad y los mecanismos de implementación de acciones. Se podría argumentar que los candidatos son conscientes de ello, y que una vez ganada la elección pondrán a su equipo a trabajar en la elaboración del programa. Por lo que, desde su particular óptica, conviene articular una campaña mercadotécnica que “venda” al candidato antes de poner en lápiz y papel propuestas concretas.    

Independientemente de que esta actitud sea racional desde la óptica de los contendientes, es un sin sentido para los partidos políticos en un sistema democrático y para la ciudadanía en general. ¿De qué manera logra un partido que su candidato para gobernador tenga altas probabilidades de realizar una buena gestión? Los partidos en un sistema democrático deben tener un horizonte de planeación mucho más largo que el de los candidatos a un puesto de elección popular. Una buena administración por parte de un gobernador le ofrece a su partido mayores posibilidades de resultar victorioso en una nueva contienda que las generadas con la mercadotecnia política.   

Por lo tanto, los partidos deben tener filtros para elegir buenos candidatos, uno de ellos es su experiencia previa en otros puestos públicos –ante la inexistencia de la reelección- pero otro más es la exigencia de que sus candidatos elaboren buenas propuestas, las que en una primera etapa deben ser puestas al escrutinio de sus afiliados y, posteriormente, al de la sociedad en su conjunto. La elaboración de plataformas de gobierno no es un asunto de reglamentación electoral, los Institutos Electorales  -a nivel federal y estatal- lo requieren, pero como muchas otras regulaciones terminan siendo simples trámites burocráticos. Difícilmente se puede regular la calidad, por lo que la estructuración de buenas plataformas debería ser un asunto del máximo interés de los partidos democráticos para incrementar sus posibilidades de éxito en sucesivas contiendas electorales.   

¿Por qué  esto no ocurre en México, en donde garantizar una buena gestión con criterios estrictos de selección es muy importante dada la falta de profesionalismo de nuestros políticos? La respuesta a este interrogante parece estar en el hecho de que el país no cuenta con partidos democráticos, interesados por ganar elecciones pero también en ofrecer respuestas a las inquietudes de los votantes. El sistema de partidos mexicano no está estructurado de esta forma, la verticalidad de estas organizaciones –de cualquier ideología política- y sus esquemas clientelares carecen de filtros apropiados para seleccionar candidatos que tengan una verdadera vocación de servicio, que cuenten con una visión de estado y que sean competentes en las tareas de administración pública.   

En México existe un fuerte problema de selección perversa, en tanto que la gente que ‘pasa’ los filtros de los partidos para cubrir puestos públicos –ya sea por elección o designación- no tiene los atributos de moralidad y competencia para desempeñarse adecuadamente. La obtención de un puesto o una candidatura no es un asunto de honestidad y méritos, sino de una moralidad relajada en la que no se actúa por principios sino por unidad con el partido o por lealtad hacia el mentor o mecenas. El conocimiento, los méritos y la eficacia pasan a segundo término cuando las argumentaciones y las propuestas contradicen el sentir del partido o las preconcepciones de los líderes morales y jerarcas de los partidos. Por lo tanto, los líderes visionarios, los administradores competentes y las personas íntegras con profunda conciencia social difícilmente logran alcanzar puestos de gran importancia en este país.

Gonzalo Castañeda Ramos es Doctor en Economía por la Universidad de Cornell, actualmente labora como profesor investigador en El Colegio de México

Sea realista, pida lo imposible: 1.- Educación.

Por Isidro Soloaga

En teoría de contratos, se dice que un contrato es incentive compatible si el diseño del contrato incluye condiciones que hacen que un agente (que implementa acciones para otra persona, el principal), actuando en función de sus propios intereses, también actúe en función de los intereses de aquella persona que la contrató[1]. Ejemplos abundan: las comisiones sobre las ventas que se pagan a un vendedor, la duración de por vida en sus puestos de los jueces (y sus altos salarios relativos al resto de los funcionarios) mientras mantengan su buena conducta, el pago a los jugadores de fútbol de acuerdo a los goles que metan, o a la diferencia de goles a favor en cada partido. Los incentivos buscan eliminar (o disminuir) los problemas de moral hazard que, con origen en una imperfecta capacidad de monitoreo del esfuerzo de  los agentes, abundan en los contratos. En términos simples, un contrato que sea incentive compatible alinea los incentivos del principal (“el que manda”) con los del agente (“el que ejecuta”).

Esto se puede extender al concepto de participación política, de voz, y de demanda de rendición de cuentas. El sistema democrático debería incluir mecanismos diseñados para que el mal o deficiente cumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos sea rápidamente cuestionado de tal manera de mejorar la política pública. Y los incluye sin duda, pero de una manera localizada. Parece obvio que el incumplimiento en la provisión de un determinado servicio público en un área específica de la ciudad sea primero detectado por la población afectada y que sea ésta la que, expresando su voz y su participación política, demande una rectificación, digamos, en la mala provisión de alumbrado o de agua. Pero supongamos que el problema radica en la falta de seguridad por altos niveles de robos.  Esto divide a la población entre aquellos que pueden tener una respuesta privada ante este fenómeno (seguridad privada, gated communities, etc.) y aquellos sin recursos (o deseos) para poder demandar este tipo de protección. Esta división en la población hace que no sea incentive compatible para los que pueden remediar (de alguna manera) en forma privada el problema, el usar recursos y  ejercer la voz para demandar rectificación de la política pública.  Esta segmentación de la población tiene en este caso una clara connotación de desigualdad económica. Aquellos que pueden pagar por servicios adicionales, se protegen. Los que no pueden, siguen dependiendo del (deficiente) servicio de seguridad provisto por el sector público.

Esta situación se extiende a otros órdenes de la vida, en general cualquiera al cual se le pueda agregar el término “público/a” al final: salud pública, seguridad social pública, transporte público, carreteras públicas, y, luego de esta larga introducción, también al orden de la educación pública, el que es tratado con mayor detalle en lo que sigue.

Al permitir que existan la educación pública y la educación privada, con sus actuales características, se permite que para aquella parte de la sociedad con acceso a educación privada (en general la de mayores recursos económicos) simplemente no sea incentive compatible buscar que se mejore la mala calidad en general (absoluta y/o relativa)  que la educación pública provee, sobre todo a niveles de primaria y secundaria.  La voz y la demanda de rendición de cuentas por la mala calidad de la educación queda entonces en manos de aquellos que, por razones de economía política (que se desarrollarán en próximas contribuciones a este blog), tienen menor influencia en las decisiones. Este proceso de división público/privado en la educación se ha acentuado fuertemente en América Latina, incluso en países como Argentina, en los que la educación privada solía ser de pésima calidad y oficiaba más como un método de contención de alumnos con problemas en el sector público.

Muy distinta es la situación en, por ejemplo,  Finlandia, el  país que mejor rendimiento educativo ha demostrado persistentemente desde que existen las pruebas internacionales de aptitudes comparables. La educación primaria y secundaria es SOLO pública. [2] Cool, uh? Por lo tanto, esto induce a que la calidad de la educación sea un problema de la mayoría de la sociedad, incluyendo a aquellos que tienen voz y peso político para demandar/ejecutar políticas públicas.

A nivel de servicios básicos, la división entre la provisión pública y la provisión privada claramente refleja, por un lado, las desigualdades socioeconómicas en nuestros países, pero por otro, la falta de una idea clara de a dónde queremos, como sociedad, ir.

Isidro Soloaga es Doctor en Economía por la Universidad de Maryland. Actualmente labora como profesor – investigador en El Colegio de México.

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[1] La definición original de León Hurwicz (premio nobel de economía del 2007, junto con Eric Maskin y Roger Myerson) se refiere al diseño de un mecanismo que implique que la revelación plena de información confiable está en el interés del agente. Ver discusión de Myerson sobre el desarrollo de las ideas de Hurwicz y el contexto histórico de las mismas aquí.

[2] No me queda en claro si en Finlandia también la provisión del servicio es pública. Desde mi punto de vista, lo que importa es que el servicio sea público. La provisión definitiva del mismo puede ser privada. Lo mismo para el caso de salud. Los hospitales deben ser públicos, pero el servicio puede ser provisto por el sector privado.

Formación de habilidades

Por Andrés Hincapié y Javier Morales  

El reconocimiento de los determinantes de las habilidades cognitivas – definidas como la capacidad para enfrentar y resolver problemas – resulta un tema fundamental para la investigación económica, debido a sus repercusiones en  productividad, transmisión intergeneracional de la pobreza y desigualdad, además de que junto con la salud y la educación son componentes fundamentales del capital humano.  

De acuerdo con Heckman (2006) la formación de habilidades durante el ciclo de vida sigue un proceso dinámico en el que los inputs iniciales juegan un papel clave para inputs posteriores. Es decir, el manejo y dominio de las habilidades que son esenciales para el éxito económico y el desarrollo neurológico siguen un proceso acumulativo en el que cada aspecto del desarrollo personal temprano, recibe efectos tanto de los ambientes actuales como de experiencias previas, las cuales inician en el periodo prenatal y se extienden hasta los primeros cinco años de vida, siendo los dos primeros los de mayor importancia.  

En este sentido, la nutrición y las condiciones de salud adquieren importancia debido a que una baja calidad y nivel de nutrientes en estos primeros años puede generar serios problemas en los individuos como: un desarrollo mental tardío, atrofio del crecimiento, bajos niveles de energía y motivación personal, que en conjunto pueden destinar a un niño a tener bajos niveles de escolaridad y productividad, conduciéndolo al fracaso económico (Hunt, 2002; Bloom, et. al. 2004).  

Es posible establecer una relación entre un adecuado desarrollo individual durante los primeros años de vida y una mejor capacidad intelectual. El entorno social y familiar se vuelve relevante ya que influye de manera directa y significativa en el desarrollo del individuo sobre su adolescencia y más tarde  en su etapa adulta (Arias et. al, 2010;  «Transmisión intergeneracional de la desigualdad en habilidades cognitivas» Altamirano y Soloaga, 2009, draft).  Las brechas de desarrollo entre niños de diferente status socioeconómico, emergen durante los primeros años de vida y persisten en el largo plazo (ver figuras), de manera que cualquier compensación posterior se vuelve muy costosa e ineficiente, a diferencia de los retornos positivos a intervenciones tempranas que se logran mantener durante varias décadas (Cunha y Heckman, 2007; Arias et. al; 2010).  

Fuente: Cunha y Heckman (2007)

Fuente: Arias et. al (2010)

Es posible adquirir una mayor eficiencia del gasto público dirigido a los programas sociales, esencialmente en materia de salud y nutrición, siempre que las acciones tengan lugar durante los primeros dos años de vida (Heckman, 2006; Haddad, 2002), con el fin de que estos programas se conviertan efectivamente en una herramienta para romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza.  Mayer, et. al. (2008) muestran evidencia de importantes diferencias en la formación de las habilidades cognitivas en los niños mexicanos en función del status socioeconómico, niños con un status socioecnómico bajo dependen más de la satisfacción a sus necesidades básicas y tienen un menor desarrollo de sus habilidades cognitivas que niños de un mayor status.  

La transmisión económica entre padres e hijos es una fuente importante de desigualdad, además de que puede perpetuar y profundizar la pobreza intergeneracional,  tanto las restricciones de riqueza como la herencia del capital físico y humano deben convertirse en prioridades de la agenda política para el desarrollo. Con el fin de mejorar las condiciones económicas y sociales de los individuos, las autoridades mexicanas deben promover el aceleramiento del desarrollo de la capacidad cognitiva en el país.  

A pesar de esto, en México ha existido una falta de inversión en los primeros años de vida de los niños, particularmente aquellos en situación de desventaja (Arias et. al; 2010) Oportunidades (anteriormente PROGRESA), resulta una excepción a la regla. Estudiar sus efectos en el mediano plazo tiene serias implicaciones sobre el diseño de la política pública en caso de que se pueda probar que los niños beneficiarios tienen un mejor desempeño cognitivo. Con el fin de romper con el pobre y lento crecimiento de la productividad mexicana (Arias et. al, 2010) y con la transmisión intergeneracional de la pobreza, se debe mantener la evaluación en los impactos de programas como Oportunidades y una mayor atención sobre las desigualdades  nutricionales y las condiciones de salud durante las etapas tempranas de vida, pero además deben complementarse con una mayor eficiencia del sistema educativo,  a fin de alargar y profundizar cualquier efecto positivo.  

La formación de habilidades  

El estudio empírico de la formación de habilidades en la ciencia económica puede dividirse en los siguientes dos enfoques: (1) Estudios que utilizan puntajes en test, como el PIAT en Estados Unidos o el test de matrices progresivas de Raven en México, como variables que aproximan la capacidad cognitiva y estiman los efectos de diferentes controles como características parentales, variables de inversión y condiciones de entorno, tanto rezagadas como contemporáneas, sobre los logros cognitivos medidos a través de estas pruebas.  

En este sentido, Todd y Wolpin (2004) utilizan diferentes alternativas de la función de producción de logros educativos presentes en la literatura que van desde el uso de variables instrumentales, o efectos fijos de la madre o del niño, hasta mínimos cuadrados ordinarios o funciones de valor agregado (en las que la medición rezagada del test es un estadístico suficiente del historial de insumos) para la estimación. En su especificación preferida, VI para los test en diferencias, y utilizando datos de la NLSY79 Child Sample, Todd y Wolpin encuentran que las variables de inversión parental son determinantes substancialmente significativos de los puntajes en las pruebas para los niños de los Estados Unidos.  

(2) Otro enfoque en el estudio de la tecnología de formación de habilidades es el que considera a las habilidades como variables latentes no observables que se manifiestan a través de otras que sí se observan. Un ejemplo de esto sería considerar a la capacidad cognitiva como una variable escalar (aunque estos modelos no están restringidos a magnitudes escalares) y a los resultados en diferentes pruebas de capacidad intelectual como manifestaciones de esta variable latente a las que por supuesto les cabe error, es decir, no es posible medir perfectamente la variable latente a partir de los resultados en las pruebas.  

Estos modelos han buscado especialmente dar cuenta de algunos hallazgos en la literatura de formación de habilidades de los niños como son los expuestos por Cunha, Heckman, Lochner y Masterov (2005) entre los que se encuentran: las habilidades importan para explicar resultados en la edad adulta. Las habilidades son multidimensionales, la dicotomía entre lo genéticamente heredado y las habilidades formadas es falsa. Es posible compensar el efecto de ambientes familiares adversos. Hay periodos sensibles, las habilidades de distintos tipos parecen ser manipulables a distintas edades. El retorno a la inversión en edades tempranas es alto. Hay complementariedad de la inversión, la inversión en edades tempranas debe ser acompañada de inversión en edades subsiguientes.  

El método de estimación utilizado en estos modelos es, en general, el de ecuaciones estructurales con variables latentes. Este método utiliza restricciones de covarianza para la estimación de los parámetros relevantes y permite explotar toda la información disponible en términos de indicadores de habilidad cognitiva (como el puntaje en varias pruebas) y de inversión parental (como número de libros en la casa, frecuencia con la que se lee a los hijos, disposición a golpear o no a sus hijos). Entre las críticas que se hacen a los modelos con variables latentes se encuentra la interpretación no directa de sus resultados. Cunha, Heckman y Schennach (2010) resuelven este problema anclando la escala de las variables latentes a resultados en la edad adulta, como ingreso o la probabilidad de graduarse de la secundaria, a través de ecuaciones que relacionan el nivel de la variable latente en el último periodo con estos resultados.  

Andrés Hincapié Norena es Ingeniero Industrial por la Universidad Tecnológica de Pereira (Colombia). Javier Morales Porcini es Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ambos son estudiantes de la Maestría en Economía del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México.

La Bursatilización de Hipotecas en México

Por Gonzalo Castañeda

Uno de los segmentos más dinámicos del sistema financiero mexicano de los últimos siete años ha sido el crédito hipotecario (ver Figura 1). El empuje observado se debe en gran medida a la creación de un mercado de bonos respaldados por hipotecas (MBR).  De entre estos bonos destacan los Borhis emitidos por Sofoles y Bancos con la certificación de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), y los Cedevis emitidos por el Infonavit (ver Figura 2).  El desarrollo de este mercado es un buen ejemplo de una política pública en la que las autoridades adoptan un rol activo para hacer posible que la asignación de recursos se dé a través de incentivos de mercado. Mientras que una política intervencionista enfrenta las fallas de mercado mediante la asignación dirigida de los recursos a precios controlados, una política pro-mercado busca subsanar las fallas mediante la creación de instituciones públicas y un marco regulatorio que aliente la participación de agentes económicos privados en los mercados. En este enfoque se parte de la premisa de que los costos de transacción y los problemas de coordinación impiden que ciertos mercados surjan de manera descentralizada por iniciativa de los agentes privados.

Figura 1 (Nota: todas las gráficas en este texto han sido tomadas de los Reportes sobre el Sistema Financiero, Banxico)Figura 5

Figura 2

Para que el MBR fuera viable en México era necesario que se presentaran las siguientes condiciones y elementos:

(i) Estabilidad macroeconómica e inversionistas institucionales. Debido a que el crédito hipotecario es por naturaleza de largo plazo, resulta imprescindible que la mayoría de los préstamos sean asignados a tasas de interés fijas (en pesos o en unidades indexadas por la inflación –Udis), situación que sólo es factible en un entorno de estabilidad macroeconómica. La experiencia mexicana de finales de los 80’s e inicios de los 90’s mostró que las hipotecas con índices duales (i.e. pagos se movían con un índice de salarios y los saldos con una tasa de interés variable) producían una amortización negativa acelerada por lo que el valor de la deuda llegaba a superar el valor del activo y, por ende, se propiciaba la morosidad. Por otra parte,  la colocación de deuda hipotecaria a gran escala en el mercado es viable sólo si existen inversionistas institucionales con obligaciones de largo plazo. En este sentido el crecimiento reciente de las compañías aseguradoras, las sociedades de inversión y las Siefores (sociedades de inversión para fondos de retiro) ha sido fundamental para que el mercado hipotecario mexicano cuente con un demandante vigoroso de este tipo de instrumentos (ver Figura 2).

(ii) La creación de instituciones financieras públicas especializadas.  Si bien en los años 70’s-90’s existían en México instituciones públicas abocadas a asignar crédito para la vivienda (Fovi, Infonavit, Fovissste, entre otras), éstas realizaban su actividad a partir de tasas subsidiadas y canalizando los recursos con criterios discrecionales. De aquí que fuera importante la modernización de dichas instituciones y la creación de otras más en las que prevalecieran incentivos de mercados y estándares financieros sólidos. En particular, resalta el establecimiento de la Sociedad Hipotecaría Financiera (SHF), la cual tiene como objetivo apuntalar al mercado hipotecario mexicano especialmente para vivienda de ingresos medios y bajos. En sus primeros años de operación, la SHF asignaba recursos del presupuesto público y de organismos multilaterales para apoyar a intermediarios privados –las llamadas Sofoles-, quienes eran los encargados de originar los créditos. La Hipotecaria también ha jugado un papel muy importante en la estandarización del sector al exigir requerimientos de originación (e.g. razón de deuda a capital y de pagos a ingresos) y formatos de préstamos (e.g. plazos,  tasas, denominación). Su rol en la creación del MBR ha sido primordial ya que además de promover la estandarización, que es imprescindible para el empaquetamiento de préstamos, ha sido un importante enaltecedor crediticio mediante el desarrollo de un sistema de garantías y un proveedor de liquidez al mercado a través de sus actividades como market-maker.

(iii) La incorporación de nuevos intermediarios financieros en el mercado de crédito a la vivienda. El rescate de la banca mexicana a mediados de los 90’s y su reconfiguración tuvo como efecto colateral que el crédito bancario a la vivienda se haya secado. Los nuevos bancos, en su mayoría extranjeros, experimentaron un efecto ‘crowding-out’ por lo que sus activos se componían principalmente de títulos gubernamentales.  Ante el descuido del sector, las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles) que habían sido creadas en los noventas, tuvieron un importante dinamismo a inicios del presente siglo. Así como en los Estados Unidos las agencias cuasi-gubernamentales Fannie Mae, Freddy Mac y Ginnie Mae fueron esenciales para el desarrollo de hipotecas bursatilizadas, las Sofoles han sido cruciales en el proceso de originación de créditos en México; inclusive en sectores económicos no cubiertos por la banca tradicional. Mientras los segundos se avocan a individuos con ingresos 10 veces el salario mínimo (VSM), las primeras asignan créditos a individuos con ingresos 5 VSM.

Si bien las Sofoles no tienen la autorización de captar depósitos del público, estos intermediarios quedaron bajo la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).  La decisión de las autoridades financieras se debía a que el fondeo de las Sofoles, hasta el año 2009,  se hacía en gran medida con recursos gubernamentales. Asimismo, el descalabro de muchas uniones de crédito del sector vivienda a inicios de los 90’s generó una excesiva desconfianza en la solidez financiera de los intermediarios no-bancarios. Para evitar problemas de riesgo moral, y que los intermediarios fueran más cuidadosos al momento de colocar los créditos, en febrero del 2006 se crearon las Sociedades de Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes). Estos intermediarios son más flexibles ya que pueden realizar actividades crediticias, de factoraje y arrendamiento en diversos sectores, y sus operaciones no son restringidas por la CNBV (a menos de que pertenezcan a un grupo financiero con banco).

(iv) Modificaciones en la infraestructura legal e institucional.  Para poder bursatilizar un bono respaldado con hipotecas se requiere de un mecanismo que permita la fácil transferencia del título de propiedad del inmueble. En México la tradición ha sido registrar el inmueble y su hipoteca en una entidad centralizada a nivel municipal (Registro Público de la Propiedad). Asimismo, los tenedores de un préstamo hipotecario deben tener prioridad ‘senior’ sobre el colateral, situación que tampoco se presenta en México. Por último, es imprescindible contar con entidades que operen como vehículos de inversión de tal forma que se facilite la transferencia del servicio de la deuda al tenedor de los bonos (o ‘certificados bursátiles’). Las leyes de valores y garantías crediticias que entraron en función en el 2000 hicieron posible que la figura del fideicomiso emisor fuera utilizada como un Vehículo de Propósitos Especiales (SPV por sus siglas en inglés).  Mediante este dispositivo la institución fiduciaria obtiene derechos prioritarios sobre el colateral del préstamo, a diferencia de los que sucede con una hipoteca tradicional. Con el nuevo marco legal el fiduciario puede vender el colateral de un préstamo en una subasta pública sin tener que seguir un proceso de embargo judicial y sin tener que pedir la autorización del prestatario.

La ley permite que bancos y Sofoles/Sofomes puedan actuar como agentes fiduciarios y como beneficiarios del fideicomiso, por lo que la venta del título de propiedad en caso de incumplimiento del préstamo puede ser utilizado para pagar las obligaciones contraídas con los tenedores de bonos bursátiles. Asimismo, la ley exenta a estos fideicomisos del requerimiento de registrar todas las modificaciones de los gravámenes sobre las hipotecas mientras que estos continúen realizando el servicio de los préstamos. Finalmente, la ley de transparencia crediticia hizo posible, a partir del 2003, que los contratos crediticios fueran comparables mediante la estandarización de sus formatos y la homologación del tipo de información requerida. Esta misma ley hizo que el riesgo de prepago se trasladara a los tenedores de los ‘certificados bursátiles’.

(v) El uso de un sistema de garantías. El mercado hipotecario mexicano, al igual que en los países desarrollados, estimula la demanda de los bonos bursátiles mediante el uso de garantías. Estos instrumentos funcionan como enaltecedores crediticios que impulsan los ratings otorgados por agencias calificadoras. Inicialmente estas garantías eran ofrecidas exclusivamente por instituciones públicas, como la SHF, sin embargo en los últimos cuatro años se ha promovido la entrada de compañías internacionales privadas como Aig, Ambac, Figc, Genworth y Mbia.  Los esquemas de garantías ofrecidos a las Sofoles/Sofomes y bancos por la SHF otorgan protección parcial en caso de darse un desfase en el pago oportuno de las obligaciones contraídas, y cubren al asegurado hasta con el 35% del balance del saldo una vez que la hipoteca ha incurrido en moratoria por seis meses consecutivos y se inicia el proceso de embargo.

(vi) Un sistema de información compartida. A través de las agencias de información crediticia los bancos y las Sofoles pueden rastrear en tiempo real el historial crediticio de las personas y compañías y, de esta manera, tener más datos para evaluar la posibilidad de default.  A finales de los 90’s surgió el Buró de Crédito y su expansión se hizo posible gracias a una ley del 2002 y sus modificaciones posteriores, las cuales han permitido regular sus actividades y proteger el derecho de privacidad de los poseedores de cuentas registradas en su base de datos. Por otra parte, existe un proyecto ambicioso de la SHF, aún en etapa de desarrollo, que tiene como objetivo la creación de una amplia base de créditos hipotecarios relacionados a los certificados bursátiles (FIEH: fuente de información estadística hipotecaria). En esta base se piensa incluir información sobre las características socio-demográficas de los acreditados, características de las viviendas utilizadas como colateral, historiales de pagos y precios de los inmuebles. Los datos almacenados en FIEH serán distribuidos entre intermediarios, aseguradoras, inversionistas, reguladores y demás actores del medio con el objetivo de transparentar el mercado y hacerlo más eficiente.

Las hipotecas bursatilizadas y la crisis financiera

Dado que la actual crisis financiera tuvo sus orígenes en bonos respaldados con hipotecas de ingresos bajos (sub-prime mortgages) del mercado estadounidense, diversos inversionistas y analistas consideran que este tipo de instrumentos es proclive a generar inestabilidad financiera. Sin embargo, esta línea argumental no toma en cuenta que el acervo de los certificados bursátiles en México es todavía relativamente pequeño en comparación al mercado hipotecario mexicano (ver Figura 3), por lo que problemas de liquidez en este segmento del sistema financiero difícilmente podrían tener repercusiones graves en los agregados macroeconómicos del país.  Por otra parte, la crisis observada en los Estados Unidos no se debió al proceso de bursatilización per se, sino más bien a que los CDOs utilizados en dicho mercado tenían una estructura sumamente compleja. Mediante procesos de ‘alquimia financiera’ se hacía que bonos con hipotecas riesgosas fueran vistos como instrumentos de inversión de muy bajo riesgo.

Figura 3

De cualquier forma, conviene aclarar que para que los activos bursatilizados alcancen su máximo potencial es necesario que las autoridades sean cuidadosas en regular el distanciamiento existente entre el prestatario y el acreedor, de tal forma que no se debiliten excesivamente los incentivos que deben operar para que exista un buen proceso de originación de los créditos y una buena administración de su servicio. Esto es así ya que los intermediarios financieros al sacar de sus hojas de balance a estos créditos no tienen un fuerte incentivo a escoger metódicamente a los acreditados, ni tampoco a crear las condiciones propicias para que estos cumplan con el servicio de la deuda a cabalidad. La situación se complica especialmente si, como en los Estados Unidos, se establecen varias cadenas de intermediarios especializados (brokers, banqueros hipotecarios, empaquetadores, gerentes de CDOs, empresas de recolección de deudas, banqueros de inversión)  de tal forma que el inversionista final queda muy lejos del prestatario; en estas circunstancias  es difícil que el mercado castigue eficientemente a los actores involucrados en un proceso de originación mal implementado.

En el caso mexicano, cabe mencionar que el atractivo de los Bohris emitidos por las Sofomes/Sofoles se ha deteriorado significativamente en los últimos meses debido a la gran turbulencia observada en los mercados financieros internacionales. El deterioro en las cosechas hipotecarias (i.e. año de originación del crédito) y la mayor aversión al riesgo observada desde Octubre del 2008 han generado una reducción en los montos colocados, un incremento sustancial en el costo del crédito y  una disminución en los plazos de los bonos colocados (ver Figura 4). No obstante, este retroceso es transitorio por lo que al reactivarse los mercados internacionales es sensato pensar que el MBR mexicano volverá a tomar una senda de crecimiento.

Figura 4

En el año del 2009 el desempeño de la mayoría de las emisiones de las Sofomes continuaba siendo satisfactorio. La debilidad financiera del sector se concentraba en los Borhis de dos Sofomes en particular (Metrofinanciera y Crédito y Casa). Estos intermediarios financiaron hipotecas en el noroeste del país, que exhibe altos niveles de morosidad, y fueron muy activas en la originación de hipotecas en los años 2006 y 2007, periodos en los que los criterios de deuda/capital (enganche, LTV) y pago/ingresos (DTI) requeridos se relajaron (ver Figura 5). No obstante, el incumplimiento de estas dos Sofomes no ha impedido que el agente fiduciario continúe el pago de capital e intereses asumidos por las emisiones de Bohris correspondientes.

Figura 5

Gonzalo Castañeda Ramos es Doctor en Economía por la Universidad de Cornell, actualmente labora como profesor investigador en El Colegio de México